La última semana de octubre de 2016 concluyó
con la elección por el congreso de los Diputados del presidente del gobierno de España, tras
casi un año de gobierno en funciones. Dicha elección fue posible por la
abstención mayoritaria del Grupo Parlamentario socialista del Congreso.
Tras la oferta
genérica de dialogo del candidato en el primer intento de
investidura del 27 de octubre, el tono y contenido del discurso del nuevo presidente cambió el sábado 29: “No quiero
dirigir un gobierno al que le falten apoyos y le sobren obstáculos. Toda
negociación tendrá límites. No aceptaré el derribo de las reformas”. El cambio
debió suponer un latigazo entre las filas del grupo socialista, que había pasado
por un doloroso proceso previo antes de decidirse por la abstención.
En el debate
del jueves 27 el portavoz socialista
incluyó una larga relación de objetivos a conseguir desde la actuación
parlamentaria. Entre los mismos destacaron
el cambio en la reforma laboral, la nueva regulación de la negociación
colectiva, la mejora del salario mínimo interprofesional, el fin del copago
sanitario, el cambio en la financiación autonómica y la reforma del sistema de
pensiones para garantizar el mantenimiento de las mismas.
Dicha relación refleja la preocupación de los
socialistas por frenar el aumento de las desigualdades que viene produciéndose
en la etapa actual de recuperación económica. Esto se refleja sobre todo en el
creciente peso de los empleos temporales dentro del conjunto de los asalariados
y el importante número de hogares sin ningún ocupado entre sus integrantes,
según los resultados de la Encuesta de
Población Activa.
El nuevo gobierno deberá trabajar desde el
inicio de su actividad para lograr la
aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 2017. La carta del Comisario
Moscovici de 25 de octubre señala que tan pronto tome posesión el nuevo gobierno
deberá remitir un proyecto de
presupuesto actualizado, respecto del borrador enviado, a la Comisión y al Eurogrupo, que asegure el
cumplimiento de los objetivos previstos. Estos implican que el déficit
presupuestario previsto para 2017 deberá ser del 3,1% del PIB (unos 35.800
millones de euros), en lugar del 3,6% que aparece en el primer borrador
remitido a la Comisión por el gobierno en funciones.
La reducción del déficit implica efectuar un
ajuste equivalente a unos 5.500 millones de euros, bajo el supuesto de un
crecimiento del PIB real del 2,3% en 2017 (3,2% en 2016). El ajuste citado podrá realizarse por medio de un
aumento de los ingresos fiscales y/o por una reducción de los gastos del primer
borrador. Los electoralistas descensos
de impuestos establecidos por el gobierno de Rajoy en 2015 han debilitado la base fiscal de la economía
española y van a complicar la gestión
del gobierno que viene.
La modificación del presupuesto y los posibles
cambios fiscales y en materia de
gasto no harán fácil el acuerdo entre el
gobierno y los restantes grupos parlamentarios. Ni el Partido Popular ni
Ciudadanos tienen entusiasmo por la elevación de la presión fiscal. Dentro de
la Eurozona, España tiene uno de los niveles más reducidos de ingresos fiscales
(38,2% del PIB frente a un 46,6% de la media), mientras que el nivel de gasto
público resulta más próximo a la media de dicha área económica (43,3% del PIB
frente al 48,6%). Hay en España un “gap”
estructural entre gasto público e ingresos públicos que no debe de prolongarse, sino reducirse.
El
problema del creciente déficit de la seguridad social asociado con la cuestión
de las pensiones requerirá a corto plazo destinar recursos presupuestarios a la
cobertura del mismo. En un trabajo reciente Manuel Lagares (El Mundo, 31.10.16)
defendía el establecimiento de un
“recargo de solidaridad” sobre algunos impuestos, previsiblemente sobre el
IVA, para financiar dicho déficit. El confirmado
ministro Guindos avisaba en La Vanguardia de 23.10.16 de la vulnerabilidad de
la economía española ante un aumento de los tipos de interés.
Sobran temas en
los cuales la confrontación gobierno-oposición de izquierdas está garantizada.
Las palabras de Rajoy en la investidura no dan pie al optimismo sobre el futuro
del nuevo gobierno. Y esa confrontación no tardará mucho en ponerse de
manifiesto
Una versión de este
artículo se publicó en la revista
semanal “El Siglo de Europa” de 7 de noviembre de 2016