27 julio 2016

LAS SOMBRIAS IMPLICACIONES DEL BREXIT Julio Rodríguez López


El primer mes del verano de 2016 ha estado acompañado  de un  conjunto de  circunstancias poco proclives al optimismo. Entre las mismas destacan el resultado negativo del referéndum británico sobre la continuidad o no de dicho país dentro de la Unión Europea, la nueva masacre terrorista en Francia, el frustrado golpe de estado en Turquía, las evidencias de tensiones raciales profundas en Estados Unidos. En este país  el populista de derechas  Donald Trump se ha visto confirmado como candidato republicano a la presidencia de dicho país  en las próximas elecciones de noviembre de 2016. 

El resultado del referéndum británico  ha provocado una fuerte sacudida política en el Reino Unido. En dicho país  hay un nuevo primer ministro, tras la acelerada dimisión de Cameron, y está en crisis el partido laborista, circunstancia que está permitiendo gobernar a los conservadores sin apenas oposición. El Reino Unido es la tercera economía de la Unión Europea, pero  su desenvolvimiento económico no tiene la  vida fácil. Sus reservas de divisas cubren las importaciones de unos seis meses y  destaca que  el déficit corriente está próximo al 7% del PIB,  que es un nivel considerable.

 La  economía británica va a depender de las aportaciones de ahorro procedentes del resto del mundo. De momento la libra se ha estabilizado en un nivel inferior en un 10% al precedente al brexit. Todo hace indicar que la política económica británica se ha complicado profundamente respecto de la situación precedente, puesto que el brexit materializa todos los riesgos a la baja en la evolución de la economía  Resulta ya visible el retraimiento del consumo, el freno a la compra de inmuebles lujosos en Londres por parte de no residentes, la caída en la inversión exterior, en general, y el empeoramiento de expectativas que han señalado las encuestas de opiniones empresariales realizadas en julio de 2016.

 En principio sorprende el voto de los británicos en una cuestión que tanto afecta a los intereses económicos de dicho país y,  sobre todo, el  que previamente al referéndum  no se estableciesen  garantías previas a la votación, como la exigencia de una proporción mínima de votantes y el establecimiento de un resultado mínimo  superior al 50%.

Sin embargo, todo implica que el votante británico medio ha dispuesto de información como para anticipar las complicaciones que le puede caer  como consecuencia de su voto negativo en el referéndum en cuestión. Dicho votante ha desconfiado de las opiniones de los “expertos”, de los cuales recuerdan que no anticiparon la profunda crisis de 2008.
  Además, dichos expertos han defendido  a fondo la “hiperglobalización”, y no han tenido en cuenta con frecuencia los efectos de las políticas adoptadas (L. Pisany-Ferry, “¿Porque los votantes ignoraron a los expertos?”, www.socialeurope.eu, 5.7.2016), entre las que los recortes presupuestarios y  la plena libertad de movimiento de capitales provocaron las  consecuencias más trascendentes.

Las políticas económicas convenientes deben de apoyarse más en las evidencias disponibles, tienen que ser más concretas y menos genéricas y deben de incluir actuaciones  que corrijan  o palíen  los efectos más negativos de las mismas. Las políticas económicas deben atender a mejorar la eficiencia de la economía, pero  deben atender también  a que se repartan mejor los resultados del aumento de la eficiencia (Antón Costas,”El populismo: el reverso del cosmopolitismo”, El País de los Negocios, 10.7.2016).

En lo político, el brexit británico y las experiencias de numerosos países europeos confirman la presencia de una reacción política radical de derechas  ante la evolución de los problemas económicos y, sobre todo, ante la  importante entrada en Europa de un elevado número de refugiados desde el verano de 2015.

Desde la izquierda se ha carecido de un programa claro para remodelar el capitalismo en su versión presente y canalizar mejor la globalización en el siglo XXI. Numerosos dirigentes de  izquierda  han abrazado el fundamentalismo del mercado y ha adoptado sus principios centrales. Se considera que dicho vacío intelectual  de la izquierda se ha ido corrigiendo de forma gradual. Ejemplos de lo anterior son las reformas radicales realizadas  de los sistemas bancarios, la mayor atención a la desigualdad, el reforzado interés por la inversión pública para mejorar las infraestructuras e impulsar la economía verde (Dani Rodrik, “La abdicación de la izquierda,” www.eldiario.es, 11.7.2016). 

Si la Unión Europea tiene mala imagen en el Reino Unido y en amplias zonas de su territorio, ello se debe a la falta de mecanismos que protejan a los perdedores de la globalización. La propia Unión Europea, con su política de extremada austeridad,  ha reducido la capacidad de los gobiernos de actuar como protectores de dichos perdedores (Paul de Grauwe, “La UE debe tomar partido por los perdedores de la globalización”, www.socialeurope.eu,4.7.2016).

  El Fondo Monetario Internacional  ha procedido a revisar a la baja las previsiones de crecimiento mundial, resultando más drástica la revisión a la baja del crecimiento previsto para la economía británica.  En sus previsiones actualizadas del mes de julio de 2016, el FMI subraya  la necesidad de reducir  la incertidumbre sobre el brexit  y sus implicaciones. No solo hay que crecer más, sino que el crecimiento debe ser más inclusivo. Las “sublevaciones” de los perdedores sociales pueden acentuarse. Es necesario modificar de forma sustancial las políticas económicas, que deben no solo de ayudar a la gente sino que tienen que dejar de ser una garantía de sufrimiento para amplios sectores sociales.

Una versión más reducida de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 25.7.2016





[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

23 julio 2016

SENTENCIA SOBRE LAS CLAUSULAS SUELO: PUEDE PERMITIR RESPIRAR A LA BANCA Julio Rodríguez López

   La cuestión pendiente de las clausulas suelo ha tomado un perfil favorable a los bancos, a la vista del dictamen de 13.7.2016  del  abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).  En la realidad los bancos están superando las indemnizaciones  modificando a la baja los tipos de interés  recogidos en las citadas clausulas. En un año difícil para los bancos españoles, el dictamen en cuestión  supone un cierto alivio, como ya lo contrastó la bolsa,   a la vista de la importante subida de los precios de las acciones bancarias al día siguiente al del dictamen.

  El abogado general Paolo Mengozzi emitió el miércoles 13 de julio de 2016 un dictamen  no vinculante por el cual avala la sentencia del  Tribunal Supremo  de España de 9.5.2013  sobre el alcance de la retroactividad de la nulidad de las clausulas suelo. En dicha sentencia de 2013  se calificó de abusivas, y por tanto, nulas, las clausulas suelo aplicadas por tres entidades de crédito (BBVA, Cajamar y Abanca) que fueron objeto de denuncia.

  Pero la sentencia del tribunal español estableció a mayo de 2013  como punto de partida para fijar las indemnizaciones correspondientes a los excesos percibidos por tales bancos. No se estableció  como  fecha de inicio la de la formalización de los  préstamos, cuya concesión, incluyendo la cláusula citada,  se inició en torno a 2009. A fines del presente  año, el TJUE dictará la  sentencia definitiva  sobre la  cuestión citada de las clausulas suelo. Se considera como muy probable  que en dicha sentencia se acepte la propuesta del abogado general, como ha sucedido hasta ahora en la mayor parte de los casos. Las conclusiones del abogado no son vinculantes, como ya se ha indicado, pero por lo general tienen una influencia relevante en la sentencia final del TJUE.  

   Desde 2009 los bancos advirtieron que la tendencia a la baja de los tipos de interés se  iba prolongar bastante tiempo. Para mejorar sus márgenes no solo aumentaron los diferenciales con el índice de referencia, por lo general el Euribor a doce meses, sino que aplicaron las denominadas “clausulas suelo”. Según dichas clausulas el tipo de interés del préstamo seguiría la evolución del Euribor,  siempre que el tipo resultante no bajase de un  mínimo, que no fue el mismo en todas las entidades y que estuvo por lo general situado en torno al 3,5%. En la práctica, la introducción de la cláusula suelo convirtió de hecho a los préstamos  a interés variable en créditos a interés  fijo. 

La reacción contra el mayor coste que a los prestatarios provocaban las clausulas suelo originó las demandas judiciales  que motivaron la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 contra las tres entidades de crédito citadas. Como se ha indicado, dicha sentencia consideró nulas las cláusulas suelo por su falta de transparencia, pero no extendió la nulidad  a todo el periodo en el que se había pagado un exceso de cuota por los prestatarios.

En cuanto a la jurisprudencia derivada de la sentencia de 2013, hay un elevado grado de homogeneidad en los pronunciamientos judiciales. Se ha apreciado de forma  casi general el carácter abusivo de la cláusula suelo por falta de transparencia. Se protege al prestatario porque contrató desconociendo la repercusión económica de la cláusula suelo. Los despachos de abogados que defienden a los prestatarios afectados  señalan que ganan los juicios en la mayoría de los casos, aunque hay  casos en los cuales los clientes no pueden reclamar, pues cada  crédito es objeto de un   tratamiento específico. 

En la realidad solo han cobrado los excesos pagados después de 2013 los clientes que han obtenido una sentencia judicial favorable. .Un Juzgado de lo Mercantil de Madrid anuló en abril de 2016 las clausulas suelo que unos 40 bancos ofrecieron a los clientes, obligándole a devolver las cantidades cobradas indebidamente desde mayo de 2013. Dicho  auto fue recurrido por las entidades y no ha surtido efecto hasta el momento. .Los bancos han ido eliminado las clausulas suelo en los nuevos contratos, casos del Sabadell (2014), CaixaBank (2015), Bankia y Popular (2016).

Lo más frecuente ha sido que los bancos han presionado a los clientes para que aceptasen  un nuevo tipo de interés fijo, por debajo del correspondiente a la cláusula suelo. Pero dicho tipo de interés  es superior al que se pagaría   de haberse  aplicado  el tipo resultante de sumar al Euribor a doce meses el diferencial convenido. Puesto que solo se obtiene indemnización si  se reclama por la vía judicial y se gana el juicio,  en la mayoría de los casos  el cliente no efectúa la reclamación y acepta pagar al banco  un tipo de interés más reducido. De este modo el cliente pierde la indemnización y acaba pagando un tipo de interés más elevado que el que correspondería al préstamo de eliminarse la cláusula suelo citada.

 Si fuese favorable a los prestatarios la sentencia definitiva del TJUE  del próximo mes de diciembre en muchos casos ya no habría  lugar a la indemnización. Esto es así porque  con frecuencia los clientes han  aceptado un tipo de interés fijo inferior al  de la cláusula suelo a cambio de comprometerse a no efectuar ningún tipo de reclamación legal.

En  la estadística mensual de nuevas operaciones de crédito a comprador de vivienda del Banco de España destaca la presencia de un volumen significativo de “renegociaciones “dentro de dichas nuevas operaciones. En 2015 y en el periodo enero-mayo de 2016 la cuantía de tales renegociaciones  ha superado  el 25% del total citado,  destacando en especial los 2.253 millones de euros renegociados en abril de 2016.

  Adicae y los despachos de abogados que defienden a los prestatarios reclamantes de los excesos cobrados  consideran un tanto eufemístico el término de renegociación empleado en el Boletín Estadístico del Banco de España. La presión de los bancos sobre los prestatarios  no implica una situación de negociación entre iguales, precisamente. Las estadísticas en cuestión también han reflejado un peso sustancialmente  mayor de los préstamos a tipo de interés fijo  dentro del total de nuevas  formalizaciones en 2015-2016.   Hasta hace muy poco tiempo la inmensa mayoría de las nuevas operaciones se formalizaban a interés variable, con el Euribor como índice de referencia y con actualización anual.

El coste para los bancos de las indemnizaciones a los clientes  puede ser de unos cinco mil millones de  euros,  en el caso más favorable para los mismos,  o de cerca de diez mil millones si la sentencia hubiese  entendido  que hay que llevar la retroactividad del carácter abusivo de tales clausulas hasta el inicio de su aplicación. Las cifras citadas son relevantes a efectos de la cuenta de resultados de la banca. Así, en 2015 los beneficios antes de impuestos de las entidades de depósito residentes en España, incluidas las sucursales de las mismas en el extranjero, ascendieron a 11.233 millones de euros.
  La sentencia sobre las clausulas suelo en 2016 ha sido hasta ahora  un problema más de los que se le acumulan a  los bancos en España. Los resultados del primer trimestre de 2016 no han sido positivos para numerosas entidades, estimándose que los beneficios obtenidos en dicho periodo supusieron un retroceso de alrededor del 15 % sobre el mismo trimestre del año precedente.

 Durante 2016 los ingresos bancarios  han crecido lentamente, ante los más que reducidos tipos de interés. La expansión internacional se ha visto  perjudicada en sus resultados por las frecuentes devaluaciones de las monedas y la prevista mayor concentración bancaria está frenada por razones políticas. De ahí que el dictamen del abogado general del TJUE puede suponer, de ser  la sentencia de   diciembre coherente con el mismo, un importante alivio para los bancos, posiblemente una de las pocas noticias positivas para el sistema bancario español en 2016.

  
 Una versión de este articulo se publico el diario digital BEZ, de 20 de julio de 2016



[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

17 julio 2016

LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA DUPLICARON EL AUMENTO DE LA EUROZONA. Julio Rodríguez López

 En el primer trimestre de 2016 los precios de la vivienda crecieron  en España  sobre el  año anterior  en un 6,3%, más del doble del 3% registrado por el conjunto de países de la Eurozona. Los precios de la vivienda habían “tocado  fondo” en España en el primer trimestre de 2014. En los dos años transcurridos entre dicho periodo y el primer trimestre de 2016 el aumento acumulado en España de dichos precios  fue del 8%, en un contexto de fuerte  dispersión  territorial. Todo indica que la recuperación del mercado español de la vivienda se ha reforzado en 2016.

El pasado ciclo de la vivienda fue bastante más abrupto en España que en el conjunto de la Eurozona. En la fase de auge, 1997-2007, los aumentos de precios de España duplicaron a  los de la Eurozona. En la fase de recesión, 2008-2013, la caída de los precios en España multiplicó por seis la del área mencionada.

  En los dos años recientes de  recuperación del mercado de vivienda, han destacado  en España los aumentos de precios de vivienda acumulados en las autonomías de Madrid y Cataluña (12,4% fue el aumento acumulado en ambos casos), así como en Baleares (11,8%).  El incremento de los alquileres  en la fase de expansión ha sido similar al de los precios de la vivienda. En este caso ha  destacado el  fuerte aumento del número de hogares  que vive bajo dicha forma de tenencia, el 17,5% del total de hogares en 2015 (unos 3,2 millones de hogares), frente al 13,5% que reveló el Censo de Viviendas de 2011.

  Los precios de  la vivienda más elevados en España en el primer trimestre de 2016 fueron los del País Vasco (2.360,2 euros/m2), mientras que los mayores  niveles de alquileres fueron los de Cataluña (10,22 euros/m2-mes).  Los aumentos de precios  han sido más intensos en las principales áreas metropolitanas y en las zonas con mayor peso del turismo, entre los que destacan los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. En  el centro de la península, excluido Madrid,  y en el norte,  los aumentos de precios han sido bastante más modestos. 

El aumento de los precios y de los alquileres en 2015-16 ha reflejado  la recuperación de la demanda de alojamiento y de viviendas como bien de inversión. Las transmisiones de viviendas crecieron en un 20,7% en el primer trimestre de 2016 sobre el mismo periodo del año anterior. Las ventas a extranjeros aumentaron en un 24,3% en el mismo periodo, por encima del  20% de las ventas a españoles. Una vez más han sido los británicos los más destacados adquirentes de viviendas entre extranjeros residentes y no residentes. Tras el Brexit esta tendencia puede  cambiar.

  Los nuevos hogares han buscado pisos y habitaciones de alquiler. Los inversores extranjeros, sobre todo fondos de inversión,  y  los ahorradores españoles, han comprado viviendas, en este último caso como defensa ante los  nulos intereses que ahora producen los depósitos bancarios y las incertidumbres de la bolsa y otras inversiones financieras.

  La demanda de vivienda  ha resultado favorecida por la política más expansiva de los bancos en materia de créditos, impulsada desde el Banco Central Europeo. Los tipos de interés de los préstamos a comprador han descendido hasta el  1,89% en mayo de 2016  y los plazos medios  han superado los  23 años en el primer trimestre. Junto al importante aumento de los créditos a comprador (30% fue el aumento de la cuantía total prestada  en enero-mayo de 2016 sobre el año precedente),  el crecimiento del empleo, superior al 3% anual, correspondiente a unos 500.000 nuevos empleos,  ha pesado sobre la demanda de alquiler, pues los salarios de dichos empleos apenas permiten alquilar algo más de una habitación en las  grandes ciudades.

La mayor demanda y los precios crecientes  han contribuido a que se recupere la nueva construcción residencial. Las viviendas iniciadas aumentaron en más del 40% interanual en 2015  y en los cuatro primeros meses de 2016 respecto de 2015. En 2016 las viviendas iniciadas se aproximarán a las 80.000, y la construcción residencial, medida por la Contabilidad Nacional, aumentará por encima del 5%. Esta evolución  compensará el débil comportamiento de la construcción no residencial, perjudicada por el carácter de año postelectoral que supone 2016 materia de elecciones municipales  y autonómicas, y por los recortes de gasto público orientados a aminorar el déficit público.

La actual recuperación del mercado de vivienda en España presenta indicios de heterogeneidad: se venden bastantes más viviendas que se financian, los adquirentes inversores tienen un peso destacado, los nuevos empleos apenas permiten alquilar, la oferta de vivienda para alquilar es poco variada, los bancos siguen teniendo importantes volúmenes de inmuebles en sus balances no precisamente provisionados al 100%.  El comportamiento del mercado de vivienda en Madrid, Cataluña y arco mediterráneo tiene poco que ver con el resto del territorio nacional.  La política de vivienda está ausente.

El Ministerio de Fomento ha dejado de la mano a las viviendas protegidas y solo puede lucir en su supuesto haber entre 2011 y 2016  el reducir de cinco a tres años el plazo máximo de los contratos de alquiler. No es una actuación brillante la supresión  de un número elevado de subsidios para adquirentes de viviendas protegidas en el pasado. La gestión de la Ministra Ana Pastor en materia de vivienda y urbanismo  no ha sido precisamente brillante.

La recuperación del  mercado de vivienda fortalecerá el crecimiento de la economía española. Los precios han empezado a elevarse con fuerza en algunas zonas y se advierte la presencia de grúas en numerosos puntos del territorio. Lo razonable sería que dicha evolución siguiese  un ritmo tranquilo, que el ladrillo no volviese   a expulsar actividades productivas sostenibles  para construir viviendas sin previsiones rigurosas de  demanda, y que el nuevo gobierno recuperase la desaparecida política de vivienda.  Las nuevas  “burbujas” no son, pues, descartables, aunque  de momento tendrán carácter más bien local.

Una versión de este artículo se publicó en www.economistasfrentelacrisis.com, 14.7.2016




[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas frente a la Crisis

09 julio 2016

UN PROGRAMA DE REFORMAS PARA EL NUEVO GOBIERNO Julio Rodríguez López

  En julio de 2016 España ha vivido unos nueve meses con un gobierno en funciones y ha celebrado dos elecciones generales con resultados no muy diferentes. Se subraya, en general, la necesidad de evitar la celebración de unas terceras elecciones generales. Pero no parece vaya a ser fácil  que uno de los cuatro partidos con mayor representación logre la investidura y pueda formar un gobierno dotado de una mínima estabilidad política. No es imposible haya nuevas elecciones en 2016. Sobre el contenido del programa de gobierno, hay acuerdo sobre los problemas económicos más trascendentes, pero existen diferencias sustanciales en lo relativo a las políticas necesarias para superarlos.

  La economía española ha mantenido una tónica de clara recuperación del crecimiento y del empleo en el primer semestre de 2016. El PIB ha crecido en un 3,3% sobre el mismo periodo del año precedente y la variación del empleo ha presentado una evolución equivalente, generándose más de 500.000 nuevos puestos de trabajo. En estos últimos destaca la elevada temporalidad, la baja remuneración y la presencia de  contratos a tiempo parcial, que encubren con frecuencia jornadas normales de trabajo.

  Los precios de consumo han registrado una variación anual del -1% en el primer semestre, impulsados sobre todo por los más bajos precios de la energía. La balanza de pagos por cuenta corriente mejorará en 2016 el superávit de 2015 (1,5% del PIB). El lunar negro de la coyuntura económica española es el nuevo aumento del déficit de las administraciones públicas registrado en el periodo enero-abril de 2016. El mayor déficit  es consecuencia sobre todo de la caída de ingresos derivada de las reformas (rebajas) introducidas en el sistema fiscal en 2015, que están teniendo  plenas consecuencias en 2016.

 En  el documento del gobierno remitido a la Comisión de la  UE   de abril de 2016  “Adaptación del Programa de Estabilidad, 2016-2019” se anticipaban unos déficits públicos  del 3,6% y del 2,9% del PIB para 2016 y 2017, respectivamente. La evolución de los ingresos fiscales y del  gasto público en el primer cuatrimestre de 2016 hace imposible el cumplimiento de  dichos objetivos. En  2017 no se conseguirá situar el déficit citado por debajo del 3% del PIB.  La Comisión aguarda el momento oportuno para anunciar la imposición de una multa  a España por incumplir ampliamente el objetivo de déficit público en 2015 (-5,1% del PIB frente al  -4,2% anticipado).La continua apelación de Guindos a que España está creciendo más que la media no exime de nada, casi da más argumentos a la crítica de la Comisión.

  El nuevo gobierno de España  tendrá que mantener el ritmo de crecimiento como factor decisivo para la reducción del desempleo (21% de los activos  era la tasa de desempleo en el primer trimestre de 2016, según la EPA).  Deberá equilibrar las cuentas de las administraciones públicas, estableciendo un escenario creíble para situar el déficit por debajo del 3% del PIB. Resulta imprescindible, además,  reducir las crecientes  e irritantes desigualdades que la política económica seguida entre 2011 y 2015 ha provocado entre los hogares españoles.

  Las  propuestas políticas a seguir difieren de forma sustancial entre las principales fuerzas políticas. El nuevo gobierno, sea o no de coalición, deberá apoyarse en acuerdos sobre las que van a ser las principales palancas de actuación de la política económica.

-Una reforma fiscal que permita  elevar la recaudación eliminando sobre todo las numerosas exenciones y deducciones propias del sistema fiscal español. Solo así será posible mantener un estado bienestar de nivel europeo. Los ingresos fiscales deberán superar el tope del 38% del PIB  autoimpuesto por el actual gobierno.

-Una política de pensiones que refuerce los ingresos sin dejarlos al albur de la evolución del empleo y de los salarios. Una parte de las actuales pensiones deberá cubrirse con impuestos. La solución no está en la reducción de las pensiones, que es a lo que lleva  la política actual.

-Una corrección de los excesos introducidos por la reforma del mercado de trabajo. Debe de devolverse  el papel central a la negociación colectiva y no debe de resultar tan barato despedir a los asalariados. Los cambios a introducir  deben de contribuir sobre todo a reducir la elevada temporalidad  de los nuevos empleos. El ajuste salarial requiere una seria corrección, que debe de visualizarse en una actualización significativa y rápida del salario mínimo interprofesional.

-Reforma  del sector energético, simplificando y reduciendo  la pesada  factura  eléctrica actual  y recuperando el apoyo a las energías renovables. No se  aumentará, sino al contrario, el parque de centrales nucleares.

- Reforzamiento de las políticas activas de empleo, sobre las cuales  debe de ejercer una mayor coordinación el gobierno central.

-Reforma del sistema de financiación autonómica, aumentando la responsabilidad de las autonomías en la obtención de ingresos fiscales e impidiendo a la vez una fragmentación mayor de la fiscalidad en España.

-Mejora de la productividad, impulsando que las empresas exporten, innoven o gasten en formación como condición indispensable para conseguir el cambio de modelo productivo (Rafael Myro, “Sector Exterior, apuesta por la internacionalización”, Temas para el debate, Junio 2016).

Atender a los problemas generales de las ciudades, desarrollando un urbanismo que n sea cómplice del creciente carácter difuso de las mismas. Debe de resucitar la olvidada política de vivienda y hay que equiparar la normativa sobre desahucios a la realidad más frecuente en Europa Occidental.

 El interés general debe de ser  la condición necesaria para lograr que las reformas logren los objetivos perseguidos, anteponiéndolo a objetivos personales o de partido. (J. Ignacio Conde-Ruiz, “Reformar para crecer: no es el que, es el cómo “, Ahora, 24.6.2016).

Una versión de este trabajo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa, de 11.7.2016





[1] JRL es vocal del Consejo Superior de Estadística y miembro de Economistas Frente a la Crisis