Los desahucios y la desaparición de la oferta de
viviendas protegidas son los aspectos más visibles de la situación de la vivienda
en España. A ello se une la presencia de los fondos de inversión comprando viviendas con buen mercado y también de lujo. La compra por tales fondos
de viviendas de alquiler a algunas administraciones públicas anticipa nuevos y
sangrantes desahucios.
Frente a dicha
situación, en la práctica no hay en España política estatal de vivienda en 2014. No hay objetivos cuantitativos anuales ni
mecanismos de seguimiento en el conjunto de normas comprendidas en el Plan
2013-16, regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, del Ministerio de
Fomento. En la presentación del oscuro
Plan se aludió a un total de 200.000
ayudas al alquiler y a 50.000 viviendas rehabilitadas, sin más detalle. Tampoco
se han divulgado objetivos desagregados para cada autonomía.
El gobierno ha
firmado convenios en 2014 con las comunidades autónomas para subvencionar, de
forma genérica, las actuaciones recogidas
en el Plan en el periodo de vigencia del mismo. Han transcurrido dos años del periodo
en cuestión y no se conoce resultado alguno.
El coste
presupuestario previsto de las ayudas directas a la vivienda en 2015 es
de 587,1 millones de euros. Las ayudas fiscales
tienen una incidencia presupuestaria muy superior, unos 3.338 millones
de euro. Dentro de estas últimas destacan las correspondientes a la
desgravación por acceso a la vivienda habitual en el IRPF y las derivadas de la aplicación de un tipo
reducido del IVA a 10% a las ventas de viviendas de nueva construcción.
La gestión de
las actuaciones incluidas en el Plan se
deja en manos de las comunidades autónomas. No está previsto divulgar datos sobre la ejecución de dicho
plan. La oscuridad y la falta de transparencia no pueden ser más evidentes.
Contrasta la falta de tensión en el seguimiento del plan desde el gobierno
central con la actitud hasta ahora mantenida en materia de diseño y ejecución
de los planes plurianuales precedentes, incluidos los gobiernos del Partido
Popular entre 1996 y 2004.
El problema del acceso a la vivienda se agravará
en cuanto se afiance la recuperación de
la economía. Para un hogar mileurista el
esfuerzo de acceso a la vivienda de 90 m2 construidos en propiedad es del 51,3% de los ingresos,
supuesto que el comprador accede a un préstamo y tiene ahorros para cubrir el
20% del precio de venta de la vivienda no cubierto por el préstamo citado.
Dicho esfuerzo supera el 60% de los ingresos
familiares en el caso de una vivienda de
alquiler. En 2014 para acceder a la
vivienda en España los nuevos hogares deben, pues, destinar más de la tercera
parte de los ingresos del hogar como renta o como pago de la hipoteca, tope que
se considera no debe de superarse. En el caso de salarios inferiores a los 1.000
euros solo cabe acceder a viviendas de
alquiler de precio reducido o hacinarse
en pisos compartidos.
Pero la
política de vivienda presenta en 2014 una problemática adicional a la del
elevado esfuerzo que supone el acceso para numerosos hogares. La significativa morosidad
de los préstamos a comprador de vivienda
ha provocado un volumen intolerable de desahucios de viviendas ocupadas
por deudores hipotecarios insolventes. Entre 2008 y 2013 hubo más
de 100.000 entregas involuntarias de viviendas habituales a bancos. En 2014
persiste el fuerte ritmo de los últimos años. El que los desahucios se hayan
convertido en una noticia habitual no reduce la gravedad del fenómeno. El goteo
persistente de las noticias relativa a desahucios viene a ser un recordatorio
de que, aun habiéndose recuperado el crecimiento, en la economía española
persiste un clima de crisis.
La política de vivienda no puede liquidarse con decretos y con
convenios de cumplimiento indefinido con
las autonomías, dejando en manos de la
caridad la solución de los problemas más acuciantes. Dicha política debe de
recuperar protagonismo, estableciendo
con claridad unos objetivos a cubrir y unas actuaciones a desarrollar. Parece
claro que los objetivos
básicos de la política de vivienda deberían
de ser los relativos a (i) favorecer el acceso,
con un esfuerzo no superior a la tercera parte de los ingresos, a hogares
con niveles de ingresos reducidos, y (ii) facilitar alojamiento a los hogares desahuciados,
anticipándose a la ejecución de los mismos.
Entre las actuaciones más relevantes a poner en práctica destacan las siguientes:
1. Ayudas
directas a los arrendatarios, para hogares con ingresos no superiores a 3 IPREM
(unos 1800 euros), que cubran hasta el 35% del alquiler y con una duración prorrogable
de 2 años.
2. Impulso a
la creación de parques públicos estables de viviendas de alquiler a partir de
viviendas de nueva construcción y de
viviendas vacías. Se negociaría con Sareb y con los bancos el alquiler
social de las viviendas en poder de
dichas entidades.
3. Aproximar
la normativa española en materia de desahucios a las prácticas frecuentes en
Europa Occidental y en otros países
desarrollados (ley de sobreendeudamiento), de forma que no se desahucie al
insolvente que actuó de buena fe, estableciendo un plan de pagos. Se
modificarían la normativa vigente (Ley 1/2013) para acabar con los desahucios
de tales insolventes.
4. Dentro del
Instituto de Crédito Oficial (ICO) se debe de crear un vehículo financiero dedicado en exclusiva a prestar para la creación
de una oferta estable de alquiler y también a la rehabilitación.
5. Apoyo a la
rehabilitación. En 10 años todos los edificios públicos deberían de ser
eficientes desde el punto de vista energético. En 2025 el 100% de la nueva
vivienda protegida sería sostenible.
Una versión de este articulo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el 8 de diciembre de 2014