La política económica debe de atender sobre todo a resolver o paliar el
elevado desempleo que ha generado en
la economía española la crisis iniciada en el verano de 2007. Entre
el primer trimestre de 2008 y el mismo
periodo de 2014 se perdieron 3,7 millones de empleos según la EPA, casi el 18%
de la ocupación existente. El 47,3% de
dicha pérdida de empleos tuvo lugar en el sector de la construcción. La tasa de
empleo (ocupados por cada 100 habitantes de 16 y más años) ha descendido en
diez puntos porcentuales desde el inicio de la crisis. La caída del empleo es
la principal explicación del elevado paro existente. La trascendencia del
retroceso del empleo en la construcción confirma el carácter no neoclásico,
sino keynesiano de una alta proporción de
la pérdida de empleo.
El crecimiento sostenible,
apoyado en una oferta competitiva, y respetuoso con el medio ambiente es el
principal factor generador de nuevos empleos. La política económica debe
de atender asimismo a combatir la desigualdad,
a la recuperación del equilibrio social roto
con la reforma laboral introducida desde 2012. Dicha ruptura no se puede compensar tras las políticas de recortes del
gasto público, que han afectado negativamente a las prestaciones sociales
básicas, como la educación y la sanidad publicas y también está tocando a las
pensiones, cuyo fondo de reserva no para de disminuir.
En la Eurozona resulta
necesario modificar y flexibilizar la aplicación del Pacto por la Estabilidad y
el Crecimiento y el Pacto Fiscal. El Eurogrupo debe de dejar de ser el celoso guardián de las
esencias liberales de política económica o acabará siendo la construcción europea más frustrante.
El crecimiento económico sostenible debe de apoyarse en una base productiva
solida, que permita competir a la economía española en todos los mercados. Una mayor
proporción de la demanda debe de satisfacerse con producción interna. Se debe
de aspirar, en línea con la Eurozona, a que la industria llegue a suponer en España el 20% del PIB.
La
mejora de la competitividad exige, entre otros aspectos, desarrollar una política energética coherente,
que racionalice el coste de la energía eléctrica y que contemple un peso
creciente de las energías renovables. La mejora de competitividad no puede
apoyarse en el envilecimiento del mercado de trabajo, sobre todo cuando las
frecuentes revalorizaciones del euro convierten en gratuitas las perdidas del poder
de compra salarial.
.La política urbanística, de gobierno del suelo, debe estar
en línea con la aspiración a una economía competitiva y diversificada. Mientras
que en la vecina Francia una Dirección General del gobierno central tiene la última
palabra en lo que a destino del suelo se refiere, en España el gobierno del
Estado carece por completo de competencias en cuanto a planeamiento urbano. La política de ciudad es
un instrumento contra la desigualdad. El suelo no está solo para construir
nuevas viviendas. Si se pretende que la industria gane peso es imprescindible
garantizar la disponibilidad de suelo para dicho propósito.
El sistema financiero debe de ser útil al crecimiento de
la economía española.Importa disponer de un segmento publico bancario compuesta
por un ICO fortalecido, reforzado con alguno
de los bancos controlados ahora por el
Frob, integrado de forma permanente en el sector público. Las cajas rurales y
las cooperativas de crédito deben de seguir existiendo, dotadas de la solvencia
necesaria y operando como banca de
proximidad y banca alternativa. El futuro no debe de ser patrimonio en lo
financiero de unos cuantos grandes grupos bancarios.
El sistema fiscal debe de reforzar su progresividad y,
sobre todo, su suficiencia para
contribuir al crecimiento de la economía. Dicha progresividad afectaría
no solo a la tributación de las rentas, sino también a la que afecta al
patrimonio. Se debe de equiparar la fiscalidad del trabajo y la del capital. La
fiscalidad y el gasto público son los elementos decisivos contra la desigualdad
social. La reforma laboral del PP debe de ser objeto de una profunda corrección.
El sistema de relaciones laborales debe de apoyarse sobre la base de la
negociación colectiva, la formación profesional y las políticas activas de
empleo.
Se debe terminar la
externalización de los servicios públicos de educación y de sanidad y
mantenerse el sistema de reparto en las pensiones, adaptado a los cambios de la
economía. Se derogará la reforma del artículo 135 de la CE1978 sobre
preferencia del pago de la deuda pública. La expectativa de nuevos aumentos de
los desahucios obliga a superar el marco caritativo de la ley Antidesahucios
1/2013, debiendo introducirse la ley de segunda oportunidad para los insolventes
de buena voluntad.
El texto
precedente se redactó para uno de los tres candidatos a la secretaria general
del PSOE. Ahora se le remite al ganador
de las elecciones internas del 13 de julio de 2014.
Una versión de este articulo se publicó en la revista El Siglo el lunes 21 de julio de 2014