13 abril 2014

Sin política estatal  de vivienda en  2014

Julio Rodriguez López

 Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 incluyeron un conjunto de partidas para  favorecer los objetivos de la política de vivienda y  facilitar el acceso a la misma a través de ayudas fiscales o indirectas. En dichos presupuestos se consideró como pieza central de tal política estatal  al nuevo Plan 2013-2016.  Dicho Plan supone   un “vuelco absoluto” en los objetivos respecto de planes de vivienda  precedentes, pero lo trascendente  ahora es conseguir que dicho Plan eche a andar.

 El fomento del alquiler y de la rehabilitación, la renovación y la regeneración urbana son  los ejes básicos del Plan en cuestión, que en abril de 2014 no ha sido objeto de una aplicación especifica tras la aprobación de  la norma inicial que lo estableció (Real Decreto 233 /2013, de  5 de abril, BOE de 10.4.2013). En 2013 no se
 desarrolló  el nuevo plan plurianual, previéndose el inicio de su ejecución en 2014.

Dentro de los presupuestos, el  epígrafe “Acceso a la Vivienda y fomento de la edificación”  tiene una dotación de 799,6 millones de euros, repartida en tres programas (Rehabilitación y ayudas al acceso, ordenación y fomento de la edificación,  y urbanismo y política de suelo). 

 En el importe antes citado se incluyen 302 millones destinados a atender a obligaciones derivadas de los planes anteriores. El epígrafe en cuestión  incluye 40 millones de euros destinados a atender  las ultimas ayudas correspondientes a la Renta Básica de Emancipación, cuya cuantía se ha reducido en un 30% (ha pasado de 210 euros/mes a 147 euros/mes) y cuya vigencia posiblemente termine en este ejercicio.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2014 incluyen también  un conjunto de ayudas fiscales a la vivienda, cuyo importe asciende a 3.475,4 millones de euros. El componente más destacado es el relativo a las desgravaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 1.785,4 millones  de euros corresponden a la desgravación por compra de vivienda habitual realizada antes del 1º de enero de 2013, 479,5 millones es el alcance previsto de la desgravación  a los arrendadores de vivienda (personas físicas), 148,4 millones es la previsión del importe de  la desgravación a los arrendatarios de rentas medias y bajas. 

Para  la exención por reinversión en vivienda  se ha estimado un importe de 258 millones. El resto de las ayudas fiscales (784,1 millones de euros) incluye la estimación del coste de la aplicación de un tipo  reducido del IVA del 10%  que se aplica a las ventas de viviendas  de nueva construcción y las deducciones  en el impuesto de Sociedades  a las empresas dedicadas al alquiler de  viviendas.

 El coste total de las ayudas directas y fiscales, 4.275 millones de euros, equivale al 0,41% del PIB. No hay ninguna ayuda para el acceso a viviendas protegidas en propiedad y desaparece la renta básica de emancipación. El alcance de la política de vivienda se ha reducido, pues,  de forma significativa respecto de  periodos precedentes. Importa  atender  de hecho a los nuevos objetivos (fomento de la rehabilitación y del alquiler) de la política de vivienda. Dicha política  se  situará en el primer plano en cuanto se  consiga una recuperación significativa de la economía, pero de momento  no se ha traducido en ninguna realización.. Hacen falta hechos, actuaciones, ademas de reordenar los objetivos.

La eliminación de los estímulos a la promoción de nuevas viviendas protegidas se ha advertido en el descenso  sufrido en las viviendas protegidas promovidas y también en  las ventas de las mismas.  En 2013  las ventas de viviendas protegidas descendieron en casi un 58,3% sobre el año anterior. situándose en solo  15.213  viviendas, el 5,0% del  total de ventas de viviendas en el pasado ejercicio. 

El Plan 2013-16 no acaba de arrancar, un año después de la aprobación del Real Decreto que lo estableció. Se lleva así un año en España en el que no hay una política de vivienda definida. Mientras tanto,  aumentan los casos de desahucios,  que requieren  de la atención de las autoridades locales y autonómicas y ante el cual no puede permanecer distante el gobierno de España. La política de vivienda  se va  a encontrar así con dificultades adicionales a las habituales, como lo apunta la crisis provocada en el seno del gobierno andaluz como consecuencia de las diferentes actitudes ante las consecuencias de los desalojos de viviendas a hogares con escasos recursos.

"Los datos son apabullantes: tres millones y medio de casas vacías y varios millones de personas sin hogar; más de 400.000 desahucios desde el inicio de la crisis, la mayor parte promovidos por la banca, mientras recibían 108.000 millones de euros de dinero público para compensar las pérdidas de su aventura especulativa salvaje. Por otra parte, el realojo de los vecinos de La Utopía correspondía al Ayuntamiento de Sevilla, que ha mantenido una actitud hostil a pesar de disponer de 528 viviendas municipales vacías. Pues nada, Ibercaja (la entidad bancaria que ha instado el desalojo) y el Ayuntamiento de Sevilla han salido de rositas en este conflicto, mientras contemplaban con fruición el radical enfrentamiento entre los miembros del Gobierno andaluz" (Concha Caballero, "Ensayo de ruptura", El País, 13.4.2014)

        EL  DESCENSO DEL IPC ALERTÓ SOBRE LA DEFLACIÓN

        Julio Rodríguez López

    Una deflación implica, por lo general,  descensos de precios y  del gasto agregado que   afectan negativamente a la actividad y al empleo. La crisis subsiguiente  genera efectos negativos adicionales sobre la riqueza y aumenta la incertidumbre. Un descenso significativo de los precios provoca aumentos de los tipos de interés reales, incluso manteniéndose reducidos los tipos de interés nominales, lo que deprime mas la demanda y la actividad. En una situación de elevado endeudamiento público, el mejor instrumento para luchar contra la deflación es la política monetaria. Se considera que la elección de Roosevelt a la presidencia de Estados Unidos en 1932  y el fuerte aumento que  el nuevo gobierno provocó en la cantidad de dinero desempeñó un papel importante en la recuperación (O. Blanchard, Macroeconomía, Prentice Hall, 2000).    

       En el caso de la Eurozona,  los bajos ritmos de inflación, inferiores a las previsiones en el primer trimestre de 2014, han alejado cada vez más a los precios del objetivo del 2% de variación anual. Dicha evolución  ha llevado a  plantearse  la cuestión de una posible deflación en dicha área económica. Esta situación ha hecho que se redoble la atención sobre las posibles políticas del Banco Central Europeo (BCE), donde los márgenes de reducción de los tipos de interés resultan muy limitados (el tipo de intervención está en el 0,25%).Es posible que, en presencia de economías muy endeudadas, una tasa de de inflación inferior al 1% puede plantear problemas. La deflación aumenta el valor real de la deuda.

      La política de “alivio cuantitativo” es un instrumento de política monetaria que podría  poner en práctica el BCE de forma más o menos similar a  lo realizado por otros bancos centrales, entre los que destacan la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón. Dicha política consiste en la creación de dinero a través de las compras de activos, lo  que aumenta el tamaño del balance de un banco central. La política monetaria citada se puede desarrollar a través de diferentes canales, entre los que destaca la posible compra de  activos por el BCE a los bancos (W. Munchau, Financial Times, 30 de marzo de 2014).

   Una vez que estos últimos  disponen de una mayor liquidez se puede impulsar  la   concesión de créditos a las empresas. Pero el multiplicador monetario no funciona, pues el banco central crea reservas bancarias a petición de los bancos. Esto convierte en modesto  el impacto de la política de ”alivio cuantitativo”, con lo que el principal impacto de dicha política  es el de afectar al precio relativo de los activos. Se elevan los precios de los activos financieros y baja su rentabilidad  (Martin Wolf, “Only the ignorant live in fear of hyperinflation”, FT, 10.4.2014).

    En los casos de Estados Unidos y de Japón la actuación de los bancos centrales  ha llevado    a  multiplicar el balance del banco central correspondiente, lo que algún efecto expansivo ha  tenido sobre las respectivas economías. La práctica de dicha política provoca con frecuencia   efectos colaterales poco positivos. Ejemplos  de lo anterior son las frecuentes burbujas  bursátiles que se producen incluso en presencia de un comportamiento mediocre de la  economía. Otra forma de desarrollar  tal actuación sería la de efectuar compras de deuda para  reestructurar los niveles de los  tipos de interés, provocando así un descenso mayor  de los    tipos de interés a largo plazo.

   En la reunión del Consejo del BCE de 3 de abril de 2014, según declaración del   presidente de dicha entidad,  “hubo consenso unánime para utilizar todos los instrumentos disponibles de política monetaria, incluidos los no convencionales, para hacer frente a los riesgos de un periodo prolongado de baja inflación” (El País, 4 de abril de 2013). Entre dichas medidas no convencionales podrían incluirse la provisión de liquidez a los bancos o un programa de compra de activos. Sin embargo, no se pasó del anuncio de tal posibilidad.

  En España la tasa de inflación de marzo de 2014  fue del -0,1%, lo que ha planteado  preocupación por el riesgo de deflación que dicha situación comporta (primero el INE anticipó  un -0,2%, que después se ha corregido a la baja. De forma paralela, los precios de las  viviendas y los alquileres  han seguido descendiendo en los primeros meses de 2014, aunque   a un ritmo inferior al de los dos años anteriores.  El retroceso acumulado de los precios de la  vivienda en España desde el inicio de la crisis ha sido del 40,6% según Tinsa, superando la  caída de los precios de las viviendas a la de los alquileres.

  En el primer trimestre de 2014 la economía española puede haber crecido algo más que en el    último    trimestre del pasado año, en el que el PIB creció en un 0,2%. La afiliación a la  seguridad social en  marzo de 2014 creció en un 0,7% anual, aunque el empleo a tiempo  completo ha crecido menos. Las  condiciones de financiación crediticia son todavía difíciles.  El comportamiento deflacionario  de precios  y salarios en España confirma la presencia de un i importante excedente de capacidad productiva no utilizada.

   Si tras seis años de recesión  la economía española ha reiniciado una senda de crecimiento todavía débil importa que dicha evolución se mantenga y  que no resulte afectada por las consecuencias de la deflación, esto es, de descensos de precios y salarios  y  de un escaso  o nulo crecimiento. El riesgo radica en que la inflación permanezca en niveles negativos  o ligeramente positivos  durante un periodo prolongado, lo que afectaría a la baja a los salarios y al  consumo. El BCE debería de pasar a la acción cuanto antes para impedir dicha deriva hacia la deflación.


Una versión  más reducida de este articulo se ha publicado en la revista semanal  “El Siglo” de 14.4.2014
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