Desde Octubre de
2014 las noticias sobre nuevos casos de corrupción política están golpeando de
nuevo con fuerza a una opinión pública todavía no curada del todo de este tipo
de espantos. Junto al desempleo y la organización territorial del estado, la corrupción
es unos de los problemas más agudos de España. En materia económica, la
corrupción afecta sobre todo a los procesos de contratación pública, en
especial a lo relativo a la construcción de infraestructuras, así como a los desarrollos urbanos, donde la
competencia es básicamente local.
La crisis ha dado
lugar a una profunda disminución en la cuantía del gasto público en general y, sobre todo, del gasto público
inversor. Según el Banco de España (Cuentas Financieras de la Economía
Española), el conjunto de la inversión pública, básicamente destinada a la
construcción de infraestructuras, ascendió en 2009 a unos 47.000 millones de
euros, equivalente al 4,5% del PIB. Después de ese año la cifra en cuestión ha
descendido, alcanzando en 2013 solo unos 15.200 millones de euros, equivalentes
al 1,48% del PIB del pasado año.
La elevada inversión pública contribuyó, junto con la
construcción residencial, a la fuerte
expansión de la economía que se prolongó hasta el primer trimestre de 2008. En la recesión se ha reducido con intensidad dicho
componente del gasto público, al ser una partida más susceptible de
recortes que el resto del gasto. El retroceso
de la inversión pública reforzó la recesión de la economía española entre 2008
y 2013.
Pues bien, la corrupción
encarece de forma significativa la inversión pública, de forma que
resulta frecuente conocer a través de los medios de comunicación que alguna
infraestructura ha tenido un coste muy superior al previsto por irregularidades, véase cobro de comisiones y
modificados, en la contratación pública.
Es posible que las
irregularidades mencionadas hayan contribuido a que las infraestructuras
creadas en España en los últimos años resultasen inferiores a las necesidades. La
corrupción ha contribuido así a reducir
la competitividad de la economía española y a disminuir los niveles de
actividad y de empleo.
Por otra parte, en
la etapa de auge del mercado de vivienda 1997-2007 tuvo lugar una fuerte expansión del crédito
inmobiliario a promotor y constructor, a la vez que crecieron de forma espectacular la construcción
residencial, las ventas y los precios de las viviendas. Los indicadores del mercado de vivienda revelan
que durante varios años se construyó muy por encima de lo que se vendía.
Se
generó así un elevado stock de viviendas no vendidas, disparando la morosidad
bancaria. Se prestó en exceso y se construyó también por encima de las
necesidades. La fuerte morosidad bancaria resultante se llevó por delante a las cajas de ahorros y ocasionó
una fuerte reestructuración del sistema bancario, que exigió para resolverse un
apoyo público superior a los 100.000 millones de euros.
Suele
atribuirse al exceso de crédito abundante
y barato el origen de la “burbuja” inmobiliaria, pero detrás de un volumen de construcción tan acusado estaban
las licencias de obras previas
concedidas por los ayuntamientos. Estos últimos han priorizado la calificación
de suelo residencial, al margen de las necesidades reales del mercado de
vivienda.
Los ingresos que un ayuntamiento obtiene “de golpe”
cuando concede una licencia de obras son importantes, a lo que hay que unir que
una vez construidas las viviendas estas deben de abonar cada año el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Las
irregularidades administrativas en torno al proceso descrito, véase
recalificaciones de suelo, resultan más
que abundantes. La frecuente
corrupción tiene que ver con la sobreinversión en vivienda, con el excesivo
endeudamiento y con los desequilibrios
que han sufrido los ayuntamientos con el cambio de ciclo. El
sobredimensionamiento de las plantillas de ayuntamientos, empresas y organismos
municipales viene a ser otra forma de corrupción política.
La corrupción afecta, pues, de forma negativa a la asignación racional de
los recursos públicos y privados de la economía. Algunas de las consecuencias
más directas de la misma han sido la existencia de un nivel de infraestructuras por debajo de las necesidades, un mayor
endeudamiento público, un exceso de viviendas no vendidas que afectan
negativamente a los bancos, a los que ha
habido que sanear con deuda pública.
La corrupción
genera un enriquecimiento irritante de los beneficiados por la misma,
cuyos efectos sobre la moralidad pública resultan negativos y, además, incontrolables, sobre todo cuando se retrasan
las sentencias de los procesos judiciales en curso o cuando las propias sentencias implican una fuerte carga de impunidad. La
modificación de la ley de contratos del Estado, la mejora del nivel de lis
políticos mediante procesos menos
caciquiles y más democráticos de
selección de candidatos y el cambio en el sistema electoral son algunos de los pasos necesarios para superar la situación.
Una
versión de este artículo se publicó en la revista semanal El Siglo de Europa el
10 de noviembre de 2014
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