La desaparición física de Adolfo Suarez ha renovado
el interés por el periodo de la transición política en España, que vino a transcurrir
entre 1976 y 1982. En lo económico, dicha
etapa fue un momento difícil de la economía española. Esta última resultó afectada negativamente en los años
setenta del pasado siglo, en principio por
la crisis mundial que había provocado la
subida de los precios de la energía desde
fines de 1973. En segundo lugar, la desconfianza empresarial respecto de los profundos cambios institucionales debilitó la inversión privada, que disminuyó
de forma continuada hasta bien entrados los años ochenta.
En diciembre de 1973 la
OPEP elevó el precio del barril de petróleo de dos a diez dólares. A dicha subida espectacular sucedieron posteriores
elevaciones.. En los dos años siguientes se dispararon los déficits de balanza
de pagos en numerosos países. Las
necesidades de adaptación al nuevo contexto de la oferta productiva redujeron
el ritmo de crecimiento de la economía mundial de forma significativa.
Numerosas actividades productivas sufrieron las consecuencias de los más altos
precios energéticos, en especial la industria, donde se registraron importantes
reducciones del número de puestos de trabajo y abundantes cierres de empresas.
Tras crecer a un ritmo medio anual próximo al
7% entre 1961 y 1973, la economía española frenó casi a cero el crecimiento en
el bienio 1974-75. Al inicio de 1976 tuvieron lugar los violentos sucesos de Vitoria ligados a la
problemática socioeconómica. Tras la
designación real de Adolfo Suarez como
presidente de gobierno en junio de 1976,
el 1º de julio entró en funciones el primer gobierno Suarez. El 15 de diciembre
de ese mismo año se aprobó en referéndum
la ley de reforma política, que abrió la
puerta a importantes cambios institucionales.
En el primer trienio de la transición,
1976-78, la economía española creció a un ritmo medio anual del 2,6%. Sin
embargo el empleo no se recuperó, sino que descendió en más de 400.000 puestos de trabajo en dicho periodo, según la EPA. Los
desequilibrios más aparatosos fueron los de balanza de pagos y de inflación. El
aumento medio anual de los precios de consumo
fue del 20% en el trienio mencionado y hubo déficit exterior en 1996 y
1997. Este último se pudo corregir en 1978, ayudado por las dos importantes devaluaciones
de la peseta realizadas en 1976 y 1977.
La política económica
del gobierno contó entonces con la buena capacidad de comunicación del profesor
Enrique Fuentes Quintana, vicepresidente económico del gobierno. En agosto de
1977 se aprobó el Real Decreto 2290/1977 de reforma de las cajas de ahorros,
que equiparó prácticamente la operativa de dichas entidades de crédito con la
de la banca. La fuerte inflación
dominante hizo aconsejable consensuar los aspectos más relevantes de la
política económica con las fuerzas políticas emanadas de las primeras
elecciones democráticas celebradas en junio de 1977, las primeras después de la guerra civil.
En dichas elecciones generales apareció un importante
voto para los partidos de izquierda. Estos últimos fueron el autentico interlocutor del gobierno para
llegar a los Acuerdos de la Moncloa,
firmados en octubre de 1977 prácticamente por todas las fuerzas políticas. El contenido de dichos Acuerdos, que supusieron mucho más que un simple ajuste
coyuntural de la economía, incluía una serie de notables reformas estructurales
para la economía española, entre ellas la
construcción de centenares de escuelas para reforzar la escolarización de los
niños españoles.
Los Acuerdos impulsaron el
consenso sobre la política económica en el momento de redactar la Constitución
Española de 1978 y permitieron que esta fuese una ley de todos y
no la del partido político en el poder (José Luis Leal, “Los acuerdos de la
Moncloa”, El País, 24.10.1987). La Constitución consagró la economía de mercado
para España, pero permitía una fuerte presencia potencial del Estado. Se puede hablar del carácter “mixto” del
modelo implícito en la misma.
La intensa elevación de
los precios del petróleo en 1979, tras el cambio político en Irán, acabó a
nivel mundial con la recuperación de
1976-1978. Desde 1979 reapareció el desequilibrio de balanza de pagos en la economía
española, en la que se acentuó la caída del
empleo y se hizo mayor el descenso de la
inversión privada. La recaida económica y la fuerte división existente en el
seno del partido del gobierno, la UCD, prepararon el camino a la salida de
Suarez y al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
Por aquellos años la imagen que se presentaba de
la etapa del gobierno de Franco por parte de los enemigos de la democracia era la del periodo 1961-73, de elevado crecimiento, silenciándose la dura
etapa comprendida entre el final de la guerra civil y 1959, año del Plan de Estabilización.
Resultaba fácil achacar el empeoramiento económico no a la crisis mundial y a
las modificaciones en los procesos productivos a que obligaban los más altos precios de la
energía, sino a los cambios políticos que implicaba el camino de la democracia.
Además, lo que los empresarios españoles de
1978 entendían como “economía de
mercado” no coincidía con lo habitual en
los países occidentales desarrollados
(Pedro Martínez Méndez, “El proceso de ajuste de la economía española”, Banco
de España, Estudios Económicos, nº 23). Suarez
tuvo que trabajar no solo “a la sombra de las bayonetas”, sino
en un contexto económico en el que destacó la
incertidumbre de los empresarios y su inquietud ante una nueva situación a
todas luces menos cómoda que la del régimen político anterior. La transición transcurrió, pues, un tanto “a la sombra del
empresariado”.
Una versión más reducida de este articulo se publicó en la
revista semanal “El Siglo” de 31 de marzo de 2014.
