La dimisión de Rodrigo Rato en mayo de 2012 como
presidente de Bankia/BFA marcó uno de los momentos más complicados para la
economía española desde que se inició la crisis financiera y económica en el
verano de 2007. Para impedir la quiebra de Bankia eran necesarios unos 19.000
millones de euros adicionales a los ya aportados a dicha entidad de crédito por
parte del Frob (4.500 millones).
Los dos “Decretos Guindos” provocaron un fuerte aumento de las provisiones y de las
necesidades de capital que deberían de
llevar a cabo los bancos españoles. Se pretendía con los mismos clarificar la
realidad de los balances activos de la banca española, efectuando para
ello un fuerte ajuste a la baja del
valor de los activos relacionados con la actividad de promoción inmobiliaria.
Dicho aumento de provisiones llegó a provocar
que alguna entidad que presentó unos modestos beneficios en 2011 se situara en 2012 en
una posición de quiebra técnica
tras la puesta en marcha de las nuevas normas citadas. La nueva situación era,
pues, una consecuencia abrupta del impacto negativo sobre los
resultados por las mayores exigencias legales de provisiones y de capitalización.
La
prima de riesgo de la deuda española alcanzó por aquellos días los niveles más
elevados (unos 650 puntos básicos). Aprovechando el inicio de la Copa de Europa de selecciones
nacionales de futbol, el presidente del gobierno aludió, casi de pasada, a que
el 25 de junio se había solicitado abrir
una línea de crédito con el Eurogrupo de 100.000 millones de euros.
El comentario del presidente del gobierno se
hizo de forma tan enfática que mas que indicar
que se trataba de resolver una situación
delicada, parecía que se le hacia un favor al Eurogrupo al acceder a efectuar la demanda de financiación en
cuestión. El 9 de julio el Eurogrupo aprobó la concesión de la citada línea de
crédito, por la cuantía citada y a un tipo de interés del 0,5%, a 12 años de
plazo y con una importante carencia.
El 20 de julio de 2012 Gobierno y
Eurogrupo firmaron el “Memorándum de entendimiento” (Mou). Dicho documento
incluía un compromiso de asistencia financiera para recapitalizar y reestructurar a las entidades de crédito
españolas que lo precisasen. Se establecía toda una “hoja de ruta” para
capitalizar a las entidades de crédito más
afectadas.
En segundo lugar, el Mou incluía un conjunto de compromisos concretos de modificación de la normativa
española. Se creaba con dichos cambios un
marco jurídico para gestionar crisis bancarias, se alteraban las competencias del Banco de España y del
Frob, y obligaba a crear un “banco malo” (Sareb), o sociedad de gestión que
adquiriese los activos problemáticos de los bancos. Las adquisiciones de activos por parte de Sareb
serían obligatorias para los bancos que recibiesen ayudas para su
capitalización.
El trabajo previo de un consultor externo
independiente, Oliver Wyman, apoyado en los datos aportados por las cuatro
firmas auditoras más importantes, así como por el Banco de España sobre 36
millones de créditos, junto a los servicios de seis empresas tasadoras, permitió
estimar las necesidades de capital del sistema financiero español. Dichas
carencias de capital oscilaban entre
25.900 millones y 53.745 millones de euros según se tratase del escenario
“básico” o del “problemático”.
.
Al final, y tras un amplio conjunto de
actividades compensatorias, las necesidades de apelación a los fondos del
Eurogrupo quedaron por debajo de los
40.000 millones. Se emplearon unos
38.000 millones en capitalizar los bancos de los grupos 1 y 2 precisados de aumentar
el capital y también se usaron 2.500
millones de dicha “línea de crédito” para aportar capital a Sareb, el banco malo.
Este último
adquirió a los bancos que necesitaban capitalizarse con ayudas públicas un amplio conjunto de activos por un valor próximo a los 60.000
millones de euros. Los recursos empleados
para dichas compras procedían de de emisiones de títulos garantizados por el
Estado, títulos que podían servir para conseguir financiación en el Banco
Central Europeo (BCE).
El origen
real de dichos recursos ha sido, pues, el BCE. A fines de 2012 el Frob capitalizó
los bancos del Frob (Bankia, NCG Banco y
Cataluña Caixa) y en febrero de 2013 hizo lo mismo con tres de los bancos del Grupo
2 (BMN., Liberbank y Caja 3). En las visitas a España de la "troika" (BCE,
Comisión CE y FMI) para comprobar el
cumplimiento de los compromisos asumidos
por el gobierno español en el Mou se ha considerado como estabilizado al
sistema bancario español.
Dicha estabilización se ha apoyado en la recapitalización de bancos que suponían el 20% del sistema bancario, en la transferencia de activos de tales bancos a Sareb y en las
mejorías de la rentabilidad y de la solvencia del conjunto de entidades. El que
en 2013 no se hayan efectuado unas provisiones del calibre de las efectuadas en
2012 reduce los meritos de la mencionada mejoría de las cuentas de resultados,
en las que los márgenes siguen siendo muy ajustados.
Como temas pendientes aparecen, entre otros,
la persistente e intensa reducción del crédito al sector privado de la economía
española, el aumento de la morosidad bancaria, generalizado a todos los
sectores productivos, el excesivo apalancamiento del sector privado no
financiero y la falta de un proceso claro de ajuste en el mercado de vivienda..
Junto a
lo anterior, los resultados de numerosas entidades de crédito proceden
sobre todo del arbitraje efectuado con la deuda pública española. Existen dudas sobre la fuerte dependencia de dichas
entidades respecto de los mercados
mayoristas de dinero. La ultima encuesta del BCE sobre la de financiación a las pymes
en la Eurozona confirma que las condiciones
crediticias de las pymes españolas siguen siendo más gravosas que en el resto de la Eurozona y
que persiste asimismo una situación de restricción crediticia para las mismas más
acentuada en España.
En última instancia, el cumplimiento del Mou
aporta alguna credibilidad a la economía española en el sentido de que se ha aportado
capital a las entidades de crédito que revelaron carencias en el test de
esfuerzo que efectuó la consultora Oliver Wyman., La mejora de solvencia no
implica que esté garantizada la rentabilidad de las entidades de crédito.
El cumplimiento real de las exigencias del
MOU solo podrá comprobarse cuando haya pasado más tiempo. Después de aparecer
como uno de los sistemas financieros mas variados en el tipo de entidades que
actuaban en el mismo, en 2013 quedan 14 grupos bancarios de los que los tres primeros
detentan el 70% de los activos.