16 septiembre 2013

ANDALUCIA Y LOS CAMBIOS DE SEPTIEMBRE Julio Rodríguez López


     
  Andalucía   cambió  de presidente de gobierno  en la primera semana de septiembre, a menos de la mitad de la legislatura. Atrás quedan unas explicaciones a medias convincentes del cambio en cuestión. Lo importante ahora es el contenido de la política que la nueva presidenta va a desarrollar.

La crisis económica ha golpeado con fuerza a Andalucía, una autonomía con más que notable  presencia en la población  y en la superficie de España, pero que adolece de un menor nivel de desarrollo económico que la media nacional. El PIB por habitante de Andalucía no llegó en 2012 al 75% de la media de España,  según la Contabilidad Regional del INE. El impacto sobre la población andaluza de una  recesion tan prolongada como la que afecta a la economía española desde 2008 ha sido contundente. Se han perdido unos 650.000 puestos de trabajo desde dicho año  y la tasa de desempleo de Andalucía supera en casi diez puntos a la de España.

Desde el inicio de la crisis  el ejecutivo andaluz ha tratado de mantener  el nivel de las prestaciones sociales de esta autonomía, esto es, se ha intentado salvar el alcance del denominado “estado bienestar”. Pero el fuerte retroceso del empleo sufrido con la crisis ha generado un significativo descenso del nivel de vida medio. La emigración ha vuelto  a aparecer como la única salida posible para numerosos hogares andaluces.

 La política socioeconómica del ejecutivo autonómico  resulta coherente con lo que seria una estrategia socialdemócrata ante la crisis. Sin embargo cabe esperar más de dicho gobierno  en materia de política económica. Se trata sobre todo de actuar sobre el modelo productivo de esta autonomía. Los países en los que el impacto de la crisis ha sido mayor son aquellos que, al inicio de la crisis,  adolecían de una estructura productiva excesivamente concentrada en determinadas ramas de actividad.

En Andalucía, la concentración de la producción en la construcción y en el turismo ha sido manifiesta. En la etapa de la burbuja, 1997-2007, en Andalucía se llegaron a iniciar unas 150.000 viviendas al año, por encima, por ejemplo,  del ritmo de construcción absoluto del Reino Unido en el mismo periodo de tiempo. Los sectores productivos en los que se apoya la economía  de Andalucía se caracterizan por su baja productividad, lo que reduce la capacidad de competir de esta comunidad autónoma. El discurso económico andaluz, sobre todo a nivel municipal,  está dominado por una continua exaltación del turismo  como el “clímax” de la actividad productiva. Dicha visión del mundo  provoca que cualquier exceso urbanístico o medioambiental se justifique alegando que favorece al turismo, lo que  no es cierto en la mayoría de los casos.

Andalucía dispone de amplios recursos productivos como para no seguir manteniendo  un nivel medio de ingresos inferior en un 25% a la media nacional. Esta autonomía tiene claras potencialidades en materia de industrias de transformación agraria que no han sido plenamente desarrolladas, así como en energías alternativas, además del turismo. Se puede  mantener  la calidad medioambiental  y diversificar más la actividad productiva. Lograr dicha diversificación de la oferta productiva andaluza es el verdadero interés general de Andalucía.

Cuando desde la Junta de Andalucía se pretende racionalizar el proceso de desarrollo urbano, los ayuntamientos protestan porque  se les fija un tope al aumento del parque de viviendas. Dicho tope en ocasiones supone  en torno  a la  tercera parte del parque de viviendas existente. Las protestas en cuestión  revelan que  no se ha entendido que el futuro no puede descansar en confiarlo todo  a la construcción residencial.

 Los excesos del ladrillo no solo han aumentado de forma escandalosa el desempleo andaluz después de 2007, sino que tienen que ver con la desaparición de la mayoría  de las cajas de ahorros de Andalucía. Solo ha subsistido, convertida en banco, una de  entre las cajas de ahorros de esta autonomía.  Sería conveniente la creación de un Instituto Andaluz de Crédito, que contribuyese a financiar el necesario cambio de estructura productiva en  esta autonomía. El funcionamiento de dicho ente debería de ser objeto de un seguimiento estrecho desde el parlamento andaluz y se debería  de exigir la máxima calidad  profesional a los dirigentes del mismo.

La política económica de Andalucía debe de aspirar no solo a mantener el nivel de las prestaciones sociales, sino también a lograr  una base económica menos elemental  que la actual.  Además de redistribuir,  primero hay  que producir y estar en condiciones de competir en un contexto económico tan globalizado como el presente, como ha  subrayado la nueva presidenta en el discurso de presentación.  El consenso es un método, no un fin ultimo,  y la continua referencia al mismo revela ausencia de ideas. El acierto en la gestión económica  de la nueva presidenta de Andalucía resulta más que necesario para el porvenir de esta tierra.



[1] JRL es miembro del colectivo “Economistas frente a la crisis”.