Andalucía cambió
de presidente de gobierno en la primera semana de septiembre, a menos
de la mitad de la legislatura. Atrás quedan unas explicaciones a medias
convincentes del cambio en cuestión. Lo importante ahora es el contenido de la
política que la nueva presidenta va a desarrollar.
La crisis económica ha golpeado con fuerza a Andalucía,
una autonomía con más que notable
presencia en la población y en la
superficie de España, pero que adolece de un menor nivel de desarrollo
económico que la media nacional. El PIB por habitante de Andalucía no llegó en
2012 al 75% de la media de España, según
la Contabilidad Regional del INE. El impacto sobre la población andaluza de
una recesion tan prolongada como la que
afecta a la economía española desde 2008 ha sido contundente. Se han perdido
unos 650.000 puestos de trabajo desde dicho año
y la tasa de desempleo de Andalucía supera en casi diez puntos a la de
España.
Desde el inicio de la crisis el ejecutivo andaluz ha tratado de
mantener el nivel de las prestaciones
sociales de esta autonomía, esto es, se ha intentado salvar el alcance del
denominado “estado bienestar”. Pero el fuerte retroceso del empleo sufrido con
la crisis ha generado un significativo descenso del nivel de vida medio. La
emigración ha vuelto a aparecer como la
única salida posible para numerosos hogares andaluces.
La política socioeconómica
del ejecutivo autonómico resulta coherente
con lo que seria una estrategia socialdemócrata ante la crisis. Sin embargo
cabe esperar más de dicho gobierno en
materia de política económica. Se trata sobre todo de actuar sobre el modelo
productivo de esta autonomía. Los países en los que el impacto de la crisis ha
sido mayor son aquellos que, al inicio de la crisis, adolecían de una estructura productiva
excesivamente concentrada en determinadas ramas de actividad.
En Andalucía, la concentración de la producción en la
construcción y en el turismo ha sido manifiesta. En la etapa de la burbuja,
1997-2007, en Andalucía se llegaron a iniciar unas 150.000 viviendas al año,
por encima, por ejemplo, del ritmo de
construcción absoluto del Reino Unido en el mismo periodo de tiempo. Los
sectores productivos en los que se apoya la economía de Andalucía se caracterizan por su baja
productividad, lo que reduce la capacidad de competir de esta comunidad
autónoma. El discurso económico andaluz, sobre todo a nivel municipal, está dominado por una continua exaltación del
turismo como el “clímax” de la actividad
productiva. Dicha visión del mundo provoca
que cualquier exceso urbanístico o medioambiental se justifique alegando que
favorece al turismo, lo que no es cierto
en la mayoría de los casos.
Andalucía dispone de amplios recursos productivos como
para no seguir manteniendo un nivel
medio de ingresos inferior en un 25% a la media nacional. Esta autonomía tiene
claras potencialidades en materia de industrias de transformación agraria que
no han sido plenamente desarrolladas, así como en energías alternativas, además
del turismo. Se puede mantener la calidad medioambiental y diversificar más la actividad productiva.
Lograr dicha diversificación de la oferta productiva andaluza es el verdadero
interés general de Andalucía.
Cuando desde la Junta de Andalucía se pretende
racionalizar el proceso de desarrollo urbano, los ayuntamientos protestan
porque se les fija un tope al aumento
del parque de viviendas. Dicho tope en ocasiones supone en torno
a la tercera parte del parque de
viviendas existente. Las protestas en cuestión revelan que
no se ha entendido que el futuro no puede descansar en confiarlo
todo a la construcción residencial.
Los excesos del
ladrillo no solo han aumentado de forma escandalosa el desempleo andaluz
después de 2007, sino que tienen que ver con la desaparición de la mayoría de las cajas de ahorros de Andalucía. Solo ha
subsistido, convertida en banco, una de
entre las cajas de ahorros de esta autonomía. Sería conveniente la creación de un Instituto
Andaluz de Crédito, que contribuyese a financiar el necesario cambio de
estructura productiva en esta autonomía.
El funcionamiento de dicho ente debería de ser objeto de un seguimiento estrecho
desde el parlamento andaluz y se debería
de exigir la máxima calidad
profesional a los dirigentes del mismo.
La política económica de Andalucía debe de aspirar no
solo a mantener el nivel de las prestaciones sociales, sino también a
lograr una base económica menos
elemental que la actual. Además de redistribuir, primero hay
que producir y estar en condiciones de competir en un contexto económico
tan globalizado como el presente, como ha
subrayado la nueva presidenta en el discurso de presentación. El consenso es un método, no un fin
ultimo, y la continua referencia al
mismo revela ausencia de ideas. El acierto en la gestión económica de la nueva presidenta de Andalucía resulta más
que necesario para el porvenir de esta tierra.
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