28 julio 2013

EL FINAL PREVISIBLE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN 2013 Julio Rodríguez López


  El 17 de septiembre de 2012 dimitió  la presidenta de la Comunidad de Madrid. El nuevo presidente, Ignacio González, anunció en su discurso de investidura su propósito de eliminar el Consejo Económico y Social (CES) de esta autonomía. La ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2013 (ley de Medidas Fiscales y Administrativas) materializó dicha extinción.   Desde el 1º de  enero de 2013 dejó, pues, de existir el CES, presidido en el momento de la disolución por  el profesor Pedro Schwarz.

 El organismo en cuestión tenía carácter consultivo y debía de emitir informes preceptivos y no vinculantes sobre los proyectos de leyes y decretos de carácter socioeconómico emanados del Consejo de Gobierno de esta autonomía. Además, el CES elaboraba y publicaba un informe anual sobre la situación socioeconómica de la Comunidad de Madrid. Entre la representación empresarial y los “expertos”, estaba  garantizado  que los informes del CES  fuesen favorables  a los proyectos normativos citados.
   La oposición  al perfil “oficialista” de los dictámenes emanados de la mayoría del CES  correspondió a la minoría sindical de consejeros, en este caso procedentes todos ellos de los sindicatos CC. OO y UGT.  Los  votos “particulares” de estos últimos  alcanzaban el “quórum” preciso como para que  las opiniones emitidas por dicho grupo sindical   acompañasen a los  proyectos de ley que llegaban a la Asamblea de Madrid. Los sindicatos aprovecharon, además,   el conocimiento previo de la normativa en cuestión que les permitía su presencia en el CES  para  organizar campañas de opinión opuestas  a los cambios normativos de mayor perfil  ultraliberal y antisocial del gobierno de la Comunidad citada.

El mayor éxito en dicha línea de actuación correspondió a la oposición sindical al  proyecto de ley del suelo del gobierno de Esperanza Aguirre. Dicho proyecto, que reforzaba los derechos de los propietarios del suelo en los nuevos desarrollos urbanos y limitaba de hecho la construcción de nuevas viviendas protegidas,  pretendía  modificar la ley del suelo vigente desde los tiempos de la presidencia en el gobierno de la Comunidad de Madrid del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

 El Grupo Sindical consiguió inquietar a la opinión pública y a los grupos políticos presentes en la Asamblea de Madrid sobre el contenido de dicho proyecto de ley,  que resultó finalmente retirado. Sin embargo,  numerosos cambios pretendidos con el mismo  de hecho se  introdujeron con posterioridad dentro de normas de amplio contenido, como las leyes  de acompañamiento anuales de los presupuestos.

  La Comunidad de Madrid, a pesar de su reducida superficie, equivalente a la de la provincia de Málaga (1,6% de la superficie de España), aporta el 17,9% del PIB de España, solo superada por Cataluña. Su población, 6,5 millones de habitantes,  supone el 13,7% del total nacional. Los casi tres millones de viviendas suponen el 11,5% del total de viviendas familiares de España.

 El PIB por habitante de Madrid ascendió en 2012  a 29.400 euros, el 129% de la media nacional de España. La Comunidad de Madrid efectúa la mayor aportación relativa al equilibrio de rentas entre las diferentes autonomías de España.  Es  notable la diferencia  negativa entre el PIB por habitante (129,9% en 2010) y la Renta Familiar Disponible por hogar (el 119,5% de la media nacional en el caso de Madrid en este último año).

  En Madrid tienen el mayor peso en el PIB   actividades de servicios como “Información y Comunicaciones” y “Actividades Profesionales y Administrativas”. Es menor la presencia de “Industria y Energía” en Madrid que en España, puesto que dicha actividad se ha visto expulsada por unos planes de urbanismo locales  en los que el ladrillo ha echado empleos desde Madrid a las autonomías vecinas. Dichos planes de urbanismo han sido también alentados por el urbanismo autonómico, a todas luces más  proclive a la especulación inmobiliaria que a los empleos industriales.  

El descenso sufrido por  el PIB de la Comunidad de Madrid   entre 2008 y 2012ha sido menor que el del conjunto de la economía española, el -0,9% frente al -1,3%.  Pero el ejecutivo autonómico, además de no favorecer el desarrollo de un tejido productivo menos primario que el actual,  viene desarrollando una política social  ampliamente regresiva. De ahí que  los ciudadanos de la Comunidad de Madrid  con menos recursos están sufriendo más  las consecuencias de la crisis que los de autonomías en las que el impacto económico de la crisis  es mayor que en Madrid. 

  La renuncia a la recaudación  de tributos que afectan a los hogares de rentas más elevadas (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones), las ayudas fiscales a los hogares que lleven a los hijos a colegios privados cuando se recortan de forma drástica los recursos de la enseñanza primaria pública, el intento obstinado de privatizar la gestión de  los hospitales públicos de Madrid, la renuncia  a disponer de mecanismos de apoyo a las empresas madrileñas (eliminación del Imade) son ejemplos de dicha política.

A pesar de sus limitaciones, el CES de Madrid  valía para  anticipar acontecimientos y poder  sacar los colores ala política socioeconómica aquí descrita. No ha sido, pues, de extrañar la  eliminación de este organismo, que fue el más claro anticipo de la fuertemente  ideologizada (hacia la derecha) política económica del nuevo presidente.

27 julio 2013

UN CAMBIO DE INDICE DE REFERENCIA DE LOS PRESTAMOS A COMPRADOR DE VIVIENDA EN UNA LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Julio Rodríguez López[1]


   En el Congreso de los Diputados se ha aprobado una Disposición Adicional al “Proyecto de Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización”. Dicho proyecto de ley ha pasado al Senado. Del contenido de dicha Disposición se deriva un régimen de transición para los préstamos hipotecarios  indiciados con un índice de referencia que va a  desaparecer en breve plazo. Es el caso de los prestamos indiciados con el “tipo activo de referencia de las cajas de ahorros” (TAR), indicador cuya publicación está previsto desaparezca desde octubre de 2013.
En lugar del indicador en cuestión está previsto que pase a emplearse el denominado índice de referencia de los préstamos hipotecarios a mas de 3 años (IRPH), al que se le añadirá una cifra equivalente a la diferencia histórica con el TAR.
El IRPH, tipo medio de interés de los préstamos a comprador de vivienda de todas las entidades de crédito, es el tipo resultante de aplicar una  diferencia fija a un  autentico indicador de referencia (el euribor a 12 meses) .




Dicha diferencia ha subido hasta  casi tres puntos porcentuales en 2012-13,  con lo que los bancos han compensado el descenso del euribor a 12 meses, y han evitado una clara fluctuación a la baja de los tipos de interés a comprador de vivienda.  
El TAR ha estado situado unos dos puntos por encima  sobre el IRPH en los últimos años , circunstancia que no ha tenido que ser necesariamente así en la larga historia de estos indicadores. Con el cambio previsto en la Disposición Adicional a la Ley de Emprendedores,  el IRPH, al que se le añadiría dicha diferencia,   pasaría a ser  un indicador de referencia para los préstamos hasta ahora indiciados con el TAR.


  Un posible cambio más  coherente hubiese sido usar no el IRPH más la diferencia media observada entre TAR  e IRPH,  sino el euribor a doce meses más la diferencia media observada entre dicho indicador y el  TAR en los últimos años. Dicha  diferencia  sería mayor que la que se le va sumar al IRPH , pero así habría un mayor paralelismo entre los préstamos que hasta ahora han estado indiciados con el TAR y los que han seguido un camino más convencional, que son los indiciados con el euribor a doce meses.

 En el cambio que el gobierno pretende hacer, será de la mayor importancia el periodo transcurrido para obtener la diferencia entre el tipo nuevo y el tipo sustituido. La historia pasada de los tipos sustituidos y el sustituyente puede responder a variables que no deben de ser relevantes para el contrato. En dicho periodo pueden mezclarse etapas con tipos de interés de dos dígitos y periodos con tipos de interés reducidos.

 El gobierno debió de proponer el cambio acompañando la propuesta de un historial estadístico de las diferencias entre  el TAR y el IRPH. Algún prestatario podría encontrarse con una subida significativa del interés a pagar. De ahí que sería más razonable que el cambio de escala del índice de referencia debería de hacerse no con el diferencial histórico, sino  con el de la media del último trimestre.

En todo caso, se debería de reconocer el derecho del prestatario a solicitar al Banco de España información sobre el diferencial histórico  de su préstamo (TAR menos IRPH).  Si de dicho cálculo se derivase un diferencial superior a  los dos puntos porcentuales por los que  se ha situado recientemente, el prestatario podría no aceptar el cambio de escala en cuestión. El prestatario no debería quedar así en manos del banco prestamista.

Por último, sorprende que un cambio que afecta a numerosos adquirentes de vivienda se incluya en un proyecto de ley  “de apoyo a los emprendedores”. Los adquirentes de vivienda para  uso habitual  actúan por definición como consumidores de un bien duradero, como es la vivienda. La confusión legal que esto implica parece haberse instalado en la práctica reciente del gobierno, como  ha sucedido con la inclusión en la nueva ley de arrendamientos urbanos de otra  disposición adicional por la que se eliminan determinadas ayudas públicas al acceso a la vivienda.   







[1] Miembro de Economistas frente a la Crisis. El autor agradece los comentarios de Raimundo Poveda

15 julio 2013

ECONOMIA ESPAÑOLA. LA ACTIVIDAD TOCA FONDO. PERSISTEN LOS PROBLEMAS. Julio Rodríguez López


 Los indicadores de coyuntura económica han presentado  en España un perfil  diferente en el segundo trimestre de 2013 respecto de  los dos años precedentes. Las previsiones de los organismos internacionales respecto de los países más avanzados apuntan hacia una recuperación general de la actividad en la segunda parte de 2013 y también hacia una tasa de variación positiva en 2014 para dicho conjunto de países. Dicho perfil coyuntural lo va a seguir asimismo la economía española, donde la actividad económica   podría registrar variaciones  positivas en la segunda parte del año.  Dicho cambio coyuntural no  implica  que hayan desaparecido de la noche a la mañana los serios problemas de dicha economía, especialmente el del elevado desempleo.

   En 2013 se ha acentuado la reestructuración de la composición de la demanda de la economía española  en favor de la procedente del resto del mundo. La demanda interna persistió en el perfil negativo. El aumento real de las exportaciones, que  puede superar el  3% en 2013,  junto al notable descenso de las importaciones (-4,2% es la previsión para 2013),  explican que las exportaciones netas de la economía hayan aportado en 2012-13 unos 2,5 puntos porcentuales al crecimiento.  La mayor  tensión de la demanda exterior puede aportar algún dinamismo a la economía española.
 Entre 2013 y 2014 puede resultar menos negativo el papel de la demanda interna, sobre todo por parte de la inversión productiva de las empresas. De este modo  el conjunto de la economía española podría registrar una variación positiva de la actividad en 2014.  La recuperación de las exportaciones y la caída de las importaciones  han reducido de forma sustancial el déficit exterior de la economía española. La balanza por cuenta corriente  va  a registrar un saldo positivo en 2013, por primera vez desde 1997.

 El cambio de signo del saldo exterior de la economía española tiene su origen en el fuerte descenso del déficit comercial, que en enero-abril de 2013 disminuyó en un 71,1% sobre el mismo periodo del pasado ejercicio. El saldo del resto de los componentes de la balanza de pagos, servicios, rentas y transferencias, ha mejorado también   en el mismo periodo. Destaca el fuerte aumento experimentado por las entradas de capital  en el periodo en cuestión. El endeudamiento de la economía española frente al resto del mundo no aumentará, pues, en 2013.

  La mejoría del saldo de la balanza comercial ha sido importante en el caso de las transacciones españolas con el resto de la Unión Europea. Sigue siendo elevado el déficit frente a China y frente a los países de la OPEP, por las elevaciones de los precios del petróleo.  La evolución de la actividad y del empleo  entre 2008 y 2013 (las caídas del empleo han sido tres veces superiores en España a las del PIB)   implican un aumento aparente de la productividad del factor trabajo en un 14,2%. Esta  mejoría se debe a la fuerte expulsión de empleos en los sectores  que fueron más dinámicos en la burbuja.  Los salarios nominales están sufriendo variaciones negativas en 2012-2013. El coste unitario del trabajo (coste salarial por persona ocupada dividido por la productividad del trabajo) sufrirá una importante disminución en 2013, lo que debe de favorecer la competitividad de los productos españoles.

 El Informe Anual del Banco de Pagos Internacionales de Basilea de 2013 ha subrayado que el impacto negativo de la crisis ha sido más acusado en los países  en los que se habían producido mayores desequilibrios sectoriales en la fase previa a la crisis (“Productividad y empleo después de la Gran  Recesión”, Capitulo 2, BPI, 83º Informe Anual). Tales desequilibrios se miden a partir de los cambios producidos en la composición del empleo. Así,  las variaciones a la baja en el empleo han sido muy acusadas en las actividades correspondientes a la construcción,  sistema financiero, seguros y servicios inmobiliarios.

  Unos dos tercios de los retrocesos de la actividad productiva se han concentrado en los sectores citados, destacando los del sector de la construcción en España  e Irlanda. El trabajo del Banco de Pagos de Basilea atribuye, pues, especial relevancia a los desequilibrios sectoriales sobre el mayor o menor alcance de la recesión. En los países donde tales desequilibrios fueron menos acusados, el crecimiento de la economía sufrió menos que en España e Irlanda. Para recuperar el crecimiento, “empleo y capital necesitarán desplazarse desde actividades que se sobreexpandieron en la fase de auge hacia sectores más productivos”.

 Si la economía española ha tocado fondo en 2013 y vuelve a dinamizarse la actividad productiva, hasta ahora solo de la mano de las exportaciones, será más que necesario no repetir los errores del pasado. El  gobierno y el resto de las administraciones públicas deberán de apostar  de verdad por  la necesaria diversificación de la oferta productiva de dicha economía.