En el actual gobierno destacan algunos
aspectos de la actuación del titular del
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. En principio, el perfil ecologista
de dicha actuación no se advierte por ninguna parte. Las actuaciones más
controvertidas del Ministerio en cuestión
suelen ir acompañadas de declaraciones del titular del mismo, Miguel Arias Cañete, propias de concejal de Urbanismo de cualquier ciudad costera. Lo
que si evidencian dichas declaraciones es que el modelo productivo que parece
defender el gobierno no ha cambiado en absoluto respecto del que dominó la
trayectoria de la economía española en la etapa de la burbuja inmobiliaria.
Con motivo de la tramitación de la nueva ley
de Costas, desde el Ministerio de Medio
Ambiente se ha defendido la reducción de la zona protegible hasta solo 20
metros de la línea del litoral (hasta ahora dicha línea se situaba a cien
metros). También se han legalizado indiscriminadamente las
viviendas construidas sin licencia de
obras en dicha zona. La justificación ha sido que así se apoya al turismo, que es
la actividad que más ingresos aporta a España, según dicho del ministro.
En
otras ocasiones Arias Cañete ha
manifestado que el turismo es la primera industria española. En la “cuenta satélite” del turismo,
realizada por el INE, se estimó que
dicha actividad explica el 11% de la actividad productiva en España. Existe,
pues, un 89% del PIB procedente de otras actividades productivas, entre ellas
la agricultura, circunstancia que el titular de Medio Ambiente no parece tener
en cuenta.
Cuando se analiza lo sucedido en la pasada
etapa de intensa construcción residencial,
se señala a la expansión crediticia como el principal factor causante de
los excesos cometidos en lo que a
construcción de nuevas viviendas se refiere. Se deja de lado al papel
determinante que desempeñó en dicho
proceso la calificación masiva de
suelo como de urbanizable residencial
por parte de las autoridades locales y autonómicas. La aportación
crediticia a dicha expansión fue el “lado
monetario” de lo sucedido.
Existió,
además, un “lado real”, consistente en la facilidad urbanística a proyectos que implicaban unos beneficios extraordinarios
para los titulares de dichas operaciones. Estas
últimas con frecuencia no
respondían al interés general de las ciudades donde se localizaban tales
desarrollos.
El
diario británico Financial Times ha comentado que en España se construyó una pirámide inútil, visible en el millón de
viviendas vacías, que se financió con un endeudamiento masivo de hogares y de
empresas. Las entidades de crédito adquirieron una pesada deuda frente al resto
del mundo. Dicho endeudamiento privado pesa ahora de forma relevante sobre la
economía española y se va transformando de forma gradual en deuda de todos los
españoles. Esto se advierte, a título de
ejemplo, en la forma en la que el “banco
malo”, Sareb, va a financiar un balance de 60.000 millones de euros, en el
que se incluirá una masa sustancial de activos inmobiliarios “tóxicos”.
Las ciudades próximas a la Costa sufrieron un
proceso de expulsión de actividades productivas, en muchos casos competitivas.
Dicha expulsión se realizó para destinar
el suelo así “liberado” a la
construcción de nuevas viviendas, sin apenas previsión de demanda. La
presión de algunos ayuntamientos sobre
fábricas que resistían llegó a ser asfixiante. El pretexto era el
fomento del turismo. Tras el “pinchazo” de la burbuja, la superficie de suelo
calificado como de residencial no construido es ahora espectacular.
El denominado “turismo residencial” crea
empleos cuando se construyen las viviendas.
Una vez terminada dicha
construcción lo que queda son enormes
ciudades de viviendas vacías, con”las persianas bajadas”, donde el silencio
domina la mayor parte del año. Las oficinas de empleo de dichas ciudades están llenas de albañiles en paro. En las
oficinas de urbanismo de los ayuntamientos confían en que retornen los créditos que reactiven el viejo modelo. El suelo
queda a la espera de nuevas
burbujas. Los proyectos están lejos del
interés general, que en muchos casos aconsejaría
pasar desde suelo residencial a suelo destinado a servir de base a nuevas
actividades productivas.
El
discurso del ministro Arias Cañete no puede ser más diáfano. Por el mismo
resbalan aspectos trascendentes como la necesidad imperiosa de diversificar la oferta
productiva española, el conveniente fomento de
actividades competitivas que permitan exportar
al resto del mundo, el interés de que una parte mayor de la demanda
interna se cubra con producción nacional.
La modernidad no radica en la limitación de la oferta productiva
española a un panorama destinado en
exclusiva al “sol y playa”. Dicho discurso resulta demasiado familiar,
aunque suene raro en boca de un ministro
de Medio Ambiente.