15 mayo 2012


NUEVOS GOBIERNOS. EL PSOE CONSERVA  URBANISMO EN ANDALUCIA

Julio Rodríguez López
5.5.2012

  Los resultados electorales más recientes están provocando abundantes cambios de gobierno en Europa. A ello se une  el acceso a la presidencia de algunos gobiernos de personalidades de perfil tecnocrático, en las que se confía para sacar adelante la economía del país ante las enormes dimensiones de la crisis. En este segundo caso sufre la democracia, puesto que los partidos políticos no ofrecen soluciones rigurosas  a los problemas planteados y la propia economía acaba imponiendo a  los candidatos.
  En Andalucía,  tras las elecciones autonómicas recientes,   no ha habido  cambio en la presidencia del gobierno, pero José Griñan tendrá que   trabajar con un gobierno de coalición PSOE-IU  para disponer de mayoría parlamentaria. En el reparto competencial resultante para formar el nuevo gobierno  no parece haberse llevado ninguna competencia trascendental el nuevo socio de gobierno.  Cuando se anunció que la Consejería de  Obras Públicas y Vivienda pasaba a manos de IU, algunos pensaron que, como sucedió en las primeras elecciones municipales de 1979,  dicha coalición  se iba a quedar con la poderosa competencia de política territorial o urbanismo.
  Sin embargo, la competencia de Urbanismo o gobierno del suelo  se ha  integrado en la de Agricultura en el nuevo gobierno, formando así una extraña y poco frecuente combinación de competencias. Como ha sucedido en los presupuestos generales del Estado,  pocos recursos pude haber en estas circunstancias  para nuevas inversiones públicas, que son las que aportan nervio a Obras Públicas. El Presupuesto ha vuelto a quedar en manos socialistas, junto a Economía.  Como dijo el portavoz del PP, Carlos Rojas, IU daba mucho a cambio de unas competencias de escaso alcance, sobre todo en  tiempos de crisis económica.
  En cambio, con las competencias de Urbanismo se puede incidir en el destino del suelo y en la configuración de las áreas urbanas. Entre la Constitución de 1978, los Estatutos de Autonomía y las tremendas Sentencias del Tribunal Constitucional sobre el particular, el destino del suelo se decide en España a nivel de política municipal y autonómica. España es el único país de Europa Occidental en el que el gobierno del Estado nada tiene que decir sobre el destino del suelo. A título de ejemplo, en la vecina Francia una dirección general del gobierno del Estado decide tal destino del suelo, lo que subraya el interés del estado republicano sobre la asignación del suelo a diferentes fines.  
   Los ayuntamientos deben de someter los planes locales de Urbanismo a la aprobación del gobierno autónomo, en este caso la Junta de Andalucía. Asimismo  las decisiones más relevantes sobre el destino del suelo deben también de someterse a la aprobación del gobierno regional. De lo anterior se deriva que la cuestión de la política de suelo se reparte entre ayuntamientos y gobierno autónomo.  La iniciativa corresponde, por lo general, al gobierno local, en el que el concejal de Urbanismo  tiene un peso relevante, el más importante tras la preparación del presupuesto local.
  Un ejemplo  de la trascendencia de la política de suelo se produce en Motril con el caso del previsto polígono empresarial próximo al Puerto. El aumento de dimensión del Puerto citado ha sido espectacular en la última década. Sin embargo, ello no ha estado acompañado de la creación de un área territorial para la instalación de nuevas empresas. El polígono en cuestión está parado mas de diez años, cuando las necesidades de crear nuevos empleos en esta ciudad resultan angustiosas para numerosas familias. No parece que el tema haya interesado demasiado al gobierno regional ni tampoco se han oído los lamentos motrileños sobre dicha carencia. El urbanismo frena así el aumento del empleo.
 En Motril se presenta  con frecuencia al turismo no tanto como una actividad productiva generadora de empleos, sino más bien como una especie de religión. Bajo el pretexto del fomento del turismo se han adoptado en Motril decisiones sobre el destino del suelo que poco han favorecido al desarrollo de dicha actividad. En  el fondo se trataba de simples promociones inmobiliarias devoradoras de suelo, generadoras  de grandes beneficios empresariales  pero que  no crearon  empleos permanentes.
Motril, como Andalucía, adolece de un tejido industrial poco diversificado, en el que ha pesado demasiado la construcción  y en el que ha perdido peso la agricultura, sometida a una competencia feroz por parte de la producción procedente de Marruecos.  La industria tiene una participación muy reducida.  En las ciudades   en las que hay alguna instalación industrial la opinión pública  parece enterarse de la trascendencia de dichas empresas el día en que se anuncian problemas en las mismas.
  En el inminente verano que viene se cumplirán cinco años desde el inicio de la crisis económica. Esta última está golpeando a España con intensidad, situación complicada asimismo por el defectuoso diseño de la Eurozona. La moneda común, el euro,  ha reunido a países con perfiles económicos  muy diferentes  (compárese Alemania con Grecia) sin mecanismos fiscales compensatorios y con un banco central que no orienta sus actuaciones hacia el logro de unos ritmos de crecimiento económico satisfactorios.
  El urbanismo andaluz  ha sido complaciente con la construcción masiva de viviendas, como lo confirma el que Andalucía llegase a construir más viviendas que el Reino Unido, unas 100.000 al año en la pasada etapa de auge inmobiliario, cuando el máximo ritmo de creación neta de hogares no pasó de 50.000 en algunos años. El urbanismo andaluz y,  dentro del mismo, el urbanismo desarrollado en Motril,  no  ha estimulado, sino al contrario,  la instalación de empresas y ha vuelto la espalda al campo, cuando no ha sido hostil al mismo, situación que se vivió en su día con la cuestión de los invernaderos.
  Es de desear buena fortuna al nuevo gobierno andaluz. En su toma de posesión  como nuevo presidente de la república, el 15 de mayo, François Hollande  dijo expresamente que prefería la creación de empleos estables a la obtención de grandes beneficios especulativos. Es de desear que el eco de dicha palabras llegue a España y a Andalucía.