01 noviembre 2011

Las elecciones resucitan el problema de la vivienda

Julio Rodriguez López
  La proximidad de las elecciones generales   y la necesidad de elaborar programas electorales más o menos visibles por parte de los partidos políticos concurrentes obligan a tener en cuenta aspectos políticos importantes un tanto dejados de lado. En lo económico resulta evidente que el elevado desempleo existente en España,  el nivel de deuda pública y de déficit, junto a la “prima de riesgo” y las cotizaciones bursátiles ocupan el primer plano de actualidad.
Entre los temas postergados destaca   la vuelta a la actualidad de  algunos componentes de la política de vivienda, aunque  el conjunto de la misma no sea  objeto de referencia alguna. El Ministerio de Fomento  ha anunciado la aprobación de un reglamento de la ley de suelo estatal de 2007 en  octubre de 2011,  más de cuatro años después de su aprobación por el Congreso de los Diputados. Vale aquí lo de “más vale tarde que nunca”, pero no hace falta ser un lince para anticiparle una corta vida a dicho reglamento, que regula concretamente el justiprecio de un solar expropiado.
   La  citada ley de suelo, que se refiere  a las pocas competencias estatales en materia de suelo,  pretendía racionalizar algo tan poco exportable como el urbanismo practicado en España. Solo la autonomía de Aragón ha cumplido el precepto previsto en la ley de adaptar la correspondiente ley autonómica al contenido de dicha ley. La incidencia de la ley del suelo socialista, ha sido, pues,  limitada y todo indica que la suprimirá el PP a las primeras de cambio,  de  cumplirse  los vaticinios  el próximo 20N.
  Junto al reglamento de la ley del suelo se habla de la  posible eliminación de una de las ayudas más directas para el acceso a la vivienda en alquiler. El Real Decreto Ley 1477/2007, BOE de 7.11.2007, estableció la denominada “Renta Básica de Emancipación” (RBE), consistente en abonar 210 euros mensuales a las personas que vivan de alquiler con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros (1.833 euros/mes) y con edades comprendidas entre 22 y 30 años. Dicha ayuda, que se complementa con  120 euros para los gastos de aval y con un prestamo reintegrable  de 600 euros a emplear para la fianza, se abona durante un plazo máximo de cuatro años. Tales ayudas   las aporta el gobierno de España y la distribuyen las comunidades autónomas. Hasta la fecha, unas 290.000 personas se han beneficiado de las mismas, que la han “lucido” políticamente más las autonomías que  la Administración General del Estado.  
  En la Disposición Adicional 1ª del  Real Decreto citado  se estableció  un plazo de implantación de la RBE de cuatro años, al final del cual el gobierno de España evaluaría  los resultados de la aplicación de la medida para  su mantenimiento, reforma o eliminación.  El plazo citado termina el 1º de enero de  2012.
La  última Encuesta de Condiciones de Vida del INE de  2010, indica que solo el 11,8% de los hogares españoles  residía en viviendas de alquiler. Las autonomías con mayor presencia del alquiler eran las de Baleares (19,1%), Cataluña (18,2%) y Madrid (16,8%). La menor proporción  de hogares residiendo en viviendas de alquiler la tenían el País Vasco (7,7), Valencia (7,5%) y Extremadura (7,4%). Desde 2007, tras el inicio de  la crisis, se ha observado un gradual aumento de los hogares que viven de alquiler, superando el 11,4%  del Censo de Viviendas de 2001
 No es positiva una proporción tan reducida de hogares en alquiler. Supone una  rigidización excesiva  en numerosos terrenos sociales, en especial en cuanto a menor  flexibilidad del mercado de trabajo.  España sigue siendo el país de Europa Occidental con la menor proporción de viviendas de alquiler, en claro contraste, por ejemplo,  con Alemania, donde dicha proporción es del 50%. Dicho país  no ha sufrido la burbuja inmobiliaria y no se puede decir que le vaya mal en lo económico.
Una persona con ingresos de 22.000 euros al año, de pretender acceder a una vivienda en propiedad al precio de mercado (156.080 euros), necesita disponer de un pago de entrada del 20% de dicho precio (31.216 euros)   De encontrar financiación crediticia, tendria que destinar el 42% de sus ingresos al pago de la cuota del prestamo a 25 años. Con los mismos  ingresos,  gracias a la RBE,  se podría acceder a una vivienda con una renta de 650 euros/mes  con un esfuerzo del 24% de sus ingresos durante cuatro años, sin pago de entrada.
Si se pretende reforzar el alquiler en el mercado de  vivienda, deberá mantenerse  entre las actuaciones a  la RBE en la coyuntura actual. Con  un millón de viviendas sin vender, cuando los  nuevos hogares no pueden acceder en mucho tiempo a la vivienda en propiedad, no hay alternativas a la ayuda directa a  los arrendatarios  de bajos ingresos.  La OCDE (“The role of structural policies in housing markets”, 2010) señala que “numerosos países tienen alguna forma de ayuda al acceso al alquiler privado”, lo que es coherente con el objetivo supuestamente perseguido de fomentar el alquiler.
(El Siglo 31.10.2011)