23 septiembre 2011

Llegó septiembre, los problemas persisten

Julio Rodriguez López
Agosto de 2011 fue un mes atípico, tanto por las novedades políticas acaecidas como por las abundantes  situaciones problemáticas que se presentaron. La llegada de septiembre no ha contribuido a calmar los ánimos, sino que  ha acentuado la sensación de crisis. Cualquier imprevisto podría acelerar algunas quiebras en los estados miembros de la eurozona. Si ello se produce, “no habrá tiempo para que la diplomacia actúe” (W. Munchau, “Stop rejoicing. This was no victory for the eurozone”, FT, 12.9.2011).
 Una vez superado en España, con evidente coste político, el trámite relativo a la aprobación parlamentaria de la reforma constitucional,  que consagra el principio de  la estabilidad presupuestaria, la comprobación de que el ritmo de crecimiento se ha frenado de forma significativa en los países desarrollados ha arrojado todo tipo de incertidumbres sobre la escena económica nacional y  mundial.
 A lo anterior se ha unido la dimisión del principal economista del Banco Central Europeo (BCE), el alemán Stark. Dicha dimisión ha sacado a la luz la realidad de la fuerte contestación que encuentra dicha entidad en el soporte que realiza de  la deuda soberana de algunos países miembros de la eurozona, especialmente de  los bonos públicos  de Italia y  de España.  Si el BCE es el principal soporte de la eurozona y se pone en cuestión  su línea de actuación,  por el supuesto carácter heterodoxo de dicha política, el futuro se presenta incierto  para el euro y para dicha área económica.
 La crisis del verano de 2007 ha dado paso a la “recaida”de 2011, en la que destaca la cuestión del fuerte endeudamiento, tanto de los gobiernos como de empresas y hogares. Para desapalancar o reducir los altos niveles de deuda pública, la solución radica sobre todo en reducir el nivel de gasto, pues los aumentos de impuestos resultan mas que problemáticos en momentos de débil crecimiento. “Sin crédito y empleos, han aparecido otras líneas críticas, como es el caso del estancamiento de los salarios reales y desigualdades  extremas. Se trata por completo de una crisis de demanda” (G. Magnus, “Financial busts has bequeathed a crisis of capitalism”, FT, 13.9.2011).
 Se oyen  con frecuencia feroces críticas al tratamiento de la crisis en Grecia. Sin embargo, lo que sorprende  es como dicho país no  acaba por explotar de una vez. Someter a una nación a unos pagos de deuda abrumadores solo resulta soportable si consigue crecer a costa de reforzar las exportaciones.  Algo así fue lo que opinó Keynes respecto de las obligaciones impuestas a Alemania tras la primera guerra mundial, opiniones recogidas en el libro  “Las consecuencias económicas de la paz”, en el que se anticipaban  unos violentos y proféticos cambios políticos en dicho país si se mantenían tales pagos en concepto de reparaciones de guerra.
 Los pagos de deuda deprimen la demanda interna de Grecia, con lo que no  hay ingresos públicos suficientes y el déficit  público de dicho país aumenta. Si todos los países desarrollados se limitan a desapalancar, a nivel de estado, empresas y  hogares, entonces la crisis de demanda está asegurada. Las consecuencias serán un estancamiento de la actividad productiva, del empleo y de las rentas, lo que puede provocar cambios políticos en algunos casos poco deseables.
 Los gobiernos se deben  comprometer  a una mayor dinamización del crecimiento económico, coherente con el rigor presupuestario. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde,  ha subrayado la necesidad  de que los gobiernos emprendan cuanto antes  drásticas acciones colectivas. Un empacho de confianza, como el que anticipa Mariano Rajoy que llegaría a España  con la victoria electoral del Partido Popular, no conduce necesariamente a cambiar este estado de cosas.
En el caso español, las agencias de rating han puesto de manifiesto en la segunda semana de septiembre la dificultad que  supone el que no se haya avanzado en el primer semestre de 2011 en el control presupuestario de las comunidades autónomas. Dichas administraciones han reconocido para dicho periodo un déficit  global equivalente al inicialmente previsto para todo el ejercicio de 2011 (1,3% del PIB). Ello  dificulta la consecución de los objetivos establecidos para el conjunto de España en este ejercicio.
 En un contexto general tan complicado como el que supone el panorama de la eurozona  ante la casi  inminente quiebra de Grecia, destacan las dificultades que presenta la economía española. Al serio problema que en este caso  implica la débil base productiva, visible sobre todo tras  el enorme “agujero” que ha dejado la caída de la construcción de nuevas viviendas, se une, asimismo, el  problema  político que plantea la  complicada España de las autonomías. Tal complicación dificulta la salida de una crisis que  tiene poco que ver con las precedentes y que se superará  si los políticos estan “a la altura de las circunstancias”, que diría  Antonio Machado. 
(El Siglo, 21.9.2011)

13 septiembre 2011

Un desastre impecable

Paul Krugman

El jueves el presidente del Banco Central Europeo (BCE); equivalente a Ben Bernanke perdió su sangre fría. Al responder a una pregunta acerca de si el BCE había pasado a ser un “mal banco” debido a sus compras de deuda de las naciones con dificultades, el Sr. Trichet, elevando la voz, insistió en que institución había realizado su trabajo de una manera impecable. Como guardián de la estabilidad de precios.
De hecho es exactamente lo que ha hecho y por eso el euro se encuentra ahora en riesgo de colapso.
La turbulencia financiera en Europa no es ya un problema de economías pequeñas y periféricas como Grecia.  Lo que está en marcha en estos momentos es una carrera a gran escala en una gran parte de las economías más grandes de España e Italia. En este momento los países en crisis suponen en torno a un tercio del PIB del area euro, de modo que la actual moneda europea se encuentra ante un ataque que compromete su misma existencia.
Todo indica que los líderes europeos, no desean conocer tan siquiera la existencia de tal ataque, lo que les permitiría enfrentarse a él de una manera efectiva.
Me he quejado mucho de la “fiscalización” del discurso económico aquí en Norteamérica, la manera en la que un enfoque prematuro en los déficit presupuestarios alejó la atención de Washington del desastre de la destrucción de puestos de trabajo en curso. Pero no hemos sido los únicos en eso de hecho los europeos lo han hecho mucho, mucho peor aún.
Escuchando a los líderes europeos, en particular, aunque no únicamente a los alemanes, podría pensarse que la cuestión es sencillamente un problema de moralidad de la deuda y el castigo consiguiente: los Gobiernos pidieron demasiado dinero prestado y ahora deben pagar el precio mediante una austeridad fiscal y eso es todo.
Esta historia podría aplicarse, en todo caso, a Grecia pero a nadie más. España, en particular, tuvo un superávit presupuestario y una deuda reducida antes de la crisis de 2008; su registro fiscal, podríamos decir, que fue impecable. Siendo, sin embargo, fuertemente sacudida por el colapso de su burbuja inmobiliaria, todavía podemos decir que sigue siendo un país con un nivel de deuda relativamente bajo, y resulta difícil creerse que la condición fiscal subyacente del Gobierno de España se peor, por ejemplo que la del Gobierno británico.
¿Por qué es España, junto con Italia, la cual tiene una deuda más elevada pero un menor déficit se encuentran con tantos problemas? La respuesta está en que  estos países se enfrentan con algo muy parecido a una carrera bancaria, con la diferencia de que la carrera la sufren sus Gobiernos más que, o de una forma más precisa junto con, sus instituciones financieras.
Veamos cómo funciona esta carrera: los inversores, por alguna razón, temen que el país entre en suspensión de pagos al intentar devolver su deuda. Esto hace poco deseable comprar bonos de esos países, salvo que se ofrezcan con un elevado interés. El hecho de que ese país deba lanzar su deuda a unas tasas de interés tan elevadas, empeora sus perspectivas fiscales, haciendo que la suspensión de pagos sea aún más probable, de modo que la crisis de confianza pasa a ser una profecía de autocumplimiento. Con lo que los bancos desarrollan también una crisis bancaria, ya que los bancos son normalmente unos inversores importantes de deuda del Gobierno.
Ahora bien, un país con su propia moneda, como Gran Bretaña, está en condiciones de cortocircuitar este proceso: si fuera necesario, el Banco de Inglaterra puede proceder a comprar deuda del Gobierno mediante la creación de moneda. Esto podría elevar la inflación, aunque ello podría resultar dudoso en el caso de una economía deprimida, pero la inflación supone un ataque mucho más pequeño a los inversores, que una quiebra total. España e Italia, sin embargo, han adoptado el euro y no poseen ya monedas propias. Como resultado de todo ello, el ataque de una crisis de autocumplimiento es muy real, y las tasas de interés de la deuda española e italiana es más del doble que la tasa en el caso de la deuda británica.
Lo cual nos lleva de nuevo a la impecable postura del BCE.
Lo que el Sr. Trichet y sus colegas deberían hacer es comprar deuda española e italiana, es decir, haciendo lo que estos países harían por sí mismos si dispusieran de sus propias monedas. De hecho, el BCE comenzó a hacerlo hace unas pocas semanas, lo que produjo un respiro en esas naciones. Pero el BCE fue sometido inmediatamente a severas presiones de los moralistas, quienes odian la idea de permitir que los países se liberen del gancho producido por esos supuestos pecados fiscales. La percepción de estos moralistas bloqueará cualquier acción de rescate ulterior ha desatado una pánico renovado en los mercados.
Se suma al problema citado la obsesión del BCE por mantener un “impecable” registro de estabilidad de precios: cuando Europa necesita desesperadamente una fuerte recuperación, y una modesta inflación ayudaría realmente, el banco en lugar de eso, ha estado atacando a su propia moneda, para reducir la inflación riesgo que solo existe en su imaginación.
Ahora todo viene a la cabeza. No estamos hablando de una crisis de un año o dos; esto podría ser simplemente un asunto de días. Y si lo hace el mundo entero sufrirá las consecuencias.
¿Querrá el BCE hacer lo que se necesita hacer prestar libremente y recortar las tasas? O permanecerán los líderes europeos demasiado centrados en castigar a los deudores para salvarse a sí mismos? Todo el mundo los esta vigilando.
Publicado en New York Times
Traducción libre de Gregorio Gil García

06 septiembre 2011

Un agosto para recordar

Julio Rodríguez López
  Agosto de 2011 ha sido  un mes por completo atípico.  En España se inició bajo las incertidumbres derivadas del difícil acuerdo logrado en Estados Unidos para ampliar el tope de deuda pública. Pero el mes terminó nada menos que con un trascendente acuerdo entre los dos principales partidos del espectro político sobre la reforma de la Constitución, acuerdo destinado a consagrar el principio de estabilidad presupuestaria.
 El acuerdo logrado en Estados Unidos entre los partidos demócrata y republicano a fines de julio de 2011   implica reducciones importantes de los niveles de gasto público federal en dicho país. Las dificultades que ello plantea a la política económica son más que evidentes. A los mercados de capitales llegaron a principios de agosto  las tensiones  renovadas tanto por las implicaciones de dicho acuerdo como por  la confirmación de la acusada desaceleración sufrida en el ritmo de crecimiento de la economía mundial en la primera mitad de 2011.
  Los mercados de capitales volvieron a castigar de forma acusada a la deuda de España y de Italia en las dos primeras semanas de agosto.    El diferencial de la deuda de dichos países  respecto de la alemana a diez años llegó a situarse  por encima de los 400 puntos básicos el lunes 8 de agosto. La intervención del Banco Central Europeo (BCE) ha aportado algo de normalidad a dichos mercados. Ello fue así  cuando se comprobó que las actuaciones de dicha entidad alcanzaron  niveles significativos como para incidir en mercados tan profundos como los de la deuda pública de los países mencionados. 
   En el Consejo del BCE las compras del BCE de deuda española e italiana provocaron las previsibles reservas por parte sobre todo de la representación alemana.  La divulgación de tales tensiones internas dentro del BCE planteó nuevas dudas acerca de si las  intervenciones   de dicha entidad en los mercados iban a  mantener la fuerza necesaria para estabilizar la situación de la deuda de los países sometidos a presión.
 En España el gobierno aprobó en Consejo de Ministros de 19 de agosto un paquete de medidas de política económica en el que hubo una sorpresa respecto del contenido inicialmente previsto. Al anticipo de 2.500 millones de euros del Impuesto sobre Sociedades de 2011 se unió una reducción en cuatro puntos  porcentuales en el tipo impositivo correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que grava las primeras transacciones de viviendas de nueva construcción.  Dicha reducción se aplicaría entre la última semana de septiembre y el 31 de diciembre de 2011, poco más de cuatro meses.
 La persistente línea de actuación del Ministerio de Fomento, ahora titular de las competencias estatales en materia de política de vivienda, en lo relativo a lograr reducir el stock existente de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas, en poder de promotores y de entidades de crédito, consiguió apuntarse un tanto significativo.  A los “roads-shows” por Europa  organizados por dicho ministerio ofreciendo las ventajas de las viviendas españolas vacías,  situadas sobre todo en costas y puntos turísticos,  se ha unido ahora una reducción importante de la fiscalidad que grava las ventas de las viviendas nuevas.
  Dicha medida, que discrimina claramente a las viviendas de segunda mano,  ha sido recibida con alborozo por los dirigentes del Partido Popular, que han anunciado su posible prórroga  a un año, en caso de que dicho partido  ganase las elecciones generales del 20N.  Con la medida en cuestión se pretende estimular las ventas de viviendas de nueva construcción, que habían retrocedido en casi un 40% respecto de 2010 durante la primera mitad de 2011.  El fuerte descenso del tipo impositivo  dará lugar a un seguro descenso de los ingresos fiscales derivados del IVA que grava las ventas de dichas viviendas. Ello no parece importar  con tal de conseguir reactivar la pesada maquinaria de la construcción residencial, que por sí sola explica más de un millón de empleos perdidos  entre 2007 y 2011. Casi la mitad del stock de viviendas no vendidas está  en poder de las entidades de crédito, lo que supone un serio estorbo para lograr llegar a buen puerto en la reforma en marcha del sistema financiero.
 En la presentación en el Congreso de los Diputados del Real Decreto que contenía las medidas citadas el presidente del gobierno, de forma no prevista,  anunció su propósito, consensuado con el Partido Popular, de llevar a cabo una importante reforma del artículo 135 de la Constitución Española de 1978.  La reforma en cuestión consagra el principio de estabilidad presupuestaria para todas las Administraciones Públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos), introduce el concepto de déficit estructural  a topar y  también poner  un tope al endeudamiento de  dichas Administraciones.
  Una Ley Orgánica, prevista en el nuevo Articulo135 de la Constitución, a aprobar antes del 30 de junio de 2012, definirá el concepto de déficit  estructural (algo así como el déficit corregido de ingresos y gastos públicos derivados del ciclo de la economía) e incluirá los mecanismos precisos para cumplir el límite de deuda pública prevista en el nuevo articulo135-3º.  No está prevista, en principio, la celebración de un referéndum popular para ratificar el acuerdo en cuestión, que está previsto sea aprobado  con  la mayoría suficiente en el pleno del Congreso de 2 de septiembre de 2011.
Agosto termina con las playas ocupadas a tope, lo que no implica un mayor dinamismo económico.  Las pequeñas neveras ubicadas dentro de las toldillas son ya de numerosos colores, no necesariamente azules. Se va a la playa  procurando realizar el menor gasto posible. Las brisas marinas del final del verano vienen llenas del eco de las consecuencias que traerán los idus de agosto de 2011, un mes a no olvidar en la vida de España.
(Publicado en El Siglo, 5 de septiembre de 2011)

01 septiembre 2011

Las diputaciones, a examen


Julio Rodríguez López
La propuesta del candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba,  de eliminar o de reformar las diputaciones provinciales, ha convertido a estas últimas en un   tema  de  debate a lo largo del mes de  agosto. El que se abra una discusión  sobre la reforma de las administraciones públicas en España resulta positivo. La situación concreta  de las diputaciones es posible no sea el problema más relevante  en cuestión  de reforma de dichas administraciones,  pero puede suponer  el inicio de un proceso de racionalización  que debe   de  extenderse  al conjunto de las mismas 
Las diputaciones provinciales, junto a los ayuntamientos,  integran  las  administraciones o corporaciones locales. La participación de dichas administraciones en el gasto público total en España se sitúa en torno al 13%. El resto corresponde a la Administración General del Estado. que incluye asimismo  a la Seguridad Social, y a las comunidades autónomas. Estas últimas han registrado los mayores aumentos de participación en el conjunto del gasto público en los últimos años, de forma coherente con el fuerte peso político alcanzado por las mismas en la escena política española
 Una crisis tan prolongada como la sufrida por la economía española desde 2007 obliga  a introducir reformas trascendentes  en numerosos terrenos, entre los que destacan el sistema económico y  todo el contexto de las administraciones publicas.  La importante reducción de los ingresos fiscales  provocó un déficit público intenso en 2009. Dicho déficit  se ha reducido en 2011 a nivel de  Administración General del Estado, pero  ha continuado creciendo  en los casos de  las comunidades autónomas y de los  ayuntamientos. 
 Los cambios políticos derivados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011 han contribuido a subrayar el alcance de los déficits citados. En algunos casos las nuevas autoridades electas parecen  poner  más interés en exhibir  los déficits heredados que en hacer frente a los mismos. 
Las diputaciones provinciales, que  simbolizan la realidad política provincial, prestan unos servicios relevantes en material  de apoyo a los municipios, en especial a los de menor población y recursos.  Con el apoyo de la correspondiente diputación provincial son muchos los municipios que  pueden desarrollar algunos servicios que por si solos no podrían llevar a cabo. Lo anterior no obsta para subrayar que es posible que las plantillas de personal de alguna que otra diputación resulten excesivas y que las remuneraciones percibidas por los políticos y cargos de confianza  de las mismas sean un tanto elevadas respecto de lo que permite la realidad económica española actual. 
Lo anterior no es un defecto exclusivo de las diputaciones. Las autonomías han sido las administraciones públicas que han registrado un mayor aumento de plantillas en los últimos años. Los ayuntamientos no se han quedado cortos a la hora de presupuestar unos niveles de  gastos  propios solo de  etapas excepcionales en lo económico, gastos que ahora deben de reducir de forma en muchos casos dramática. 
 La reforma de las diputaciones debe de hacerse dentro de un proyecto general de racionalización de las administraciones territoriales, local y autonómica. Debe de procurarse que las tareas de apoyo a los municipios que ahora prestan las diputaciones,  con una sobrada experiencia,  no se resientan. Los defectos que ahora se atribuyen a las diputaciones no son, pues, algo exclusivo de estas instituciones. La reforma debe de llegar a todos los niveles de la administración pública, sin convertir en  un chivo expiatorio a ninguna de las mismas. 
  La posible  fijación de un nivel de déficit público máximo en la Constitución Española, otra de las novedades de agosto de 2011, es también otro hito importante,  que deberá de acompañarse de un reformismo racionalizador  de todo lo público. España carece de una base productiva  y empresarial  sólida como para poner excesivos cotos al papel de lo público. Sorprende la  alta disposición a aplicar  a España las recomendaciones de la Sra. Merkel.
Publicado en Motril Digital