22 marzo 2010

La izquierda que amó la industria y el ladrillo viejo

Julio Rodríguez López

En los primeros días de marzo se conoció el contenido de la propuesta del gobierno de un Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo (APCRE) a las restantes fuerzas políticas. En la Introducción de dicho Acuerdo se subraya el alcance de la destrucción de empleo y de empresas sufrido por la economía española desde el inicio de la crisis. El aumento del déficit y de la deuda pública fue paralelo a dicho proceso. El Acuerdo pretende recuperar el crecimiento y el empleo y avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

Las medidas propuestas de incidencia inmediata tienen un evidente aroma keynesiano. Se pretende potenciar por vía fiscal la rehabilitación de viviendas (IVA del 8% y desgravación en el IRPF de hasta el 10% de la inversión) y se extiende la financiación directa del ICO a las promociones de viviendas protegidas destinadas a la venta, así como a las Pymes y a los autónomos. El ICO concederá directamente tales créditos, aunque la comercialización de los mismos se efectuará por medio de “una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso”.

Entre las medidas contempladas para fomentar la competitividad de la economía, destaca el interés por recuperar el peso de la industria en el PIB, ahora en un 15,5%, hasta el 18%. Ello supondría, de conseguirse, un esfuerzo serio de diversificación del tejido productivo. Tras un intenso auge inmobiliario de casi diez años de duración (1997-2007), la actividad productiva se había concentrado en exceso en la construcción, sobre todo en la residencial. España convergió así, no hacia los esquemas propios de Europa Noroccidental, sino hacia el modelo de las autonomías menos desarrolladas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía).

El APCRE subraya el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos) desde el 11,4% del PIB en 2009 hasta el 3% en 2013. Esto implica reducir el gasto público en unos 90.000 millones de euros en algo menos de cuatro años. Dicha actuación puede afectar al ritmo de recuperación de la economía, según la composición que presente dicha reducción del gasto. No es seguro que el conjunto del sector privado (familias y empresas) pueda compensar la reducción de la demanda efectiva que el control del déficit puede provocar.

En el subsector de la construcción residencial en España destaca el peso reducido que la rehabilitación de edificios y de viviendas tiene dentro del mismo. En Europa Occidental la rehabilitación llega hasta el 50% de la obra construida en edificación residencial, mientras que en España dicha proporción no supera el 10%. Con más de 25 millones de viviendas familiares y con una proporción de viviendas por hogar (1,5) muy superior a la media de la Eurozona (1,1), parece mas que justificado potenciar la rehabilitación en España.

Pero el que la competencia sobre política de vivienda esté transferida a las autonomías obliga a contar con la colaboración de dichas administraciones públicas para que el plan de rehabilitación citado logre implantarse. A la vista de la difícil aplicación de algunas actuaciones impulsadas desde la Administración General del Estado, parecen necesarios fuertes grados de voluntad y de compromiso políticos para que se creen los empleos previstos con dicha actuación.

Resulta evidente que el ICO deberá hacer un serio esfuerzo de adaptación para servir a los ambiciosos objetivos que se le exigen desde el gobierno. La conversión de dicho organismo en un banco público no debería de rechazarse a las primeras de cambio. En 1991 los seis bancos públicos entonces existentes en España se integraron en Argentaria, entidad que se privatizó en 1998. Tales bancos tenían un perfil medio saneado y en su prolongada historia presentaron escasos ejemplos de financiación a inversiones no solventes. La mayoría de dichos bancos tenían cuentas de resultados bastante positivas, a la vez que contribuían al logro de los objetivos de política económica de los gobiernos.

El reforzamiento contemplado para la industria en el APRCE se apoyaría en un Plan Integral 2020 y en las ayudas a los subsectores de Automoción, TIC, Agroalimentario y Aeroespacial. Será necesario disponer de la colaboración de los municipios para conseguir tal potenciación industrial. Los años de auge del ladrillo “nuevo” han sido testigos de una actitud inmisericorde de las administraciones locales contra la industria, y ello desde sus competencias urbanísticas. Tales actuaciones han ido desde la reducción sustancial de la superficie previamente destinada a polígonos Industriales (palabra esta políticamente incorrecta en los últimos años) hasta la presión directa para que cerrasen fábricas perfectamente sostenibles, y ello solo por su buena ubicación urbanística.

Por una vez, la izquierda en el poder en España pretende ser a la vez keynesiana y racionalizadora de la construcción residencial, al estimular el ladrillo viejo (rehabilitación). Además, también pretende reforzar la presencia de la industria, y hasta aproximarse a una especie de banca pública. Dicha actuación se enfrenta a serios problemas, algunos de los cuales se han comentado antes. “Analizar quién hizo qué en los últimos diez años es mucho menos útil que discutir lo que, en su caso, pueda hacerse en los próximos diez años. A nivel mundial, todos parecen esperar a ver quién flaquea primero y alguien va a cometer un error” (I. Wallerstein, “Greek mess, global mess”, IHT, 2.3.2010).

(El Siglo, 15 de marzo de 2010)