02 marzo 2010

La consolidación fiscal no debe frenar el desarrollo

Julio Rodríguez López

El debate celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero sobre la situación económica supuso un cierto alivio para el gobierno. La esgrima parlamentaria del presidente del gobierno y algunos momentos poco afortunados del líder de la oposición han permitido olvidar por unos días hasta los orígenes del citado debate sobre la situación y la política económica de España.

Lo más trascendente ha sido la propuesta del presidente del gobierno de crear una comisión de tres ministros que, en un plazo de dos meses, negociaría con las restantes fuerzas políticas sobre los temas correspondientes a competitividad y empleo, política industrial, consolidación del déficit y, por último, “sistema financiero, estabilidad y crecimiento”. Se advierte el deseo del gobierno de obtener un acuerdo con los partidos nacionalistas CiU y PNV y de dar tiempo a que la economía española presente cifras claras de crecimiento positivo.

El aumento del déficit público, que pasó desde el -4,1% del PIB en 2008 hasta el -11,4% en 2009, unido al endurecimiento de los mercados internacionales para la colocación de la deuda pública, han situado a la reducción del déficit público como el objetivo inmediato y casi absoluto de la política económica en España. Se comenta con menos frecuencia el que, después del primer trimestre de 2008, el PIB de la economía española ha retrocedido en un -4,7% y que, sobre todo, el empleo total de dicha economía ha descendido desde entonces en un -9,3%. Esto ha implicado una reducción del número de puestos de trabajo en 1.552.200 ocupados y un aumento de la tasa de desempleo en más de diez puntos porcentuales.

La reducción del déficit público se considera en general necesaria. Pero no abundan en España opiniones que subrayen la incidencia negativa que sobre el gasto total de la economía puede tener la reducción prevista del gasto público. En esté sentido tiene interés comentar el debate surgido sobre este asunto en el Reino Unido. Unos 20 economistas enviaron una carta recientemente al semanario “The Sunday Times” en la que se exigía del gobierno un ajuste fiscal rápido e intenso, ante el elevado nivel alcanzado en dicho país por el déficit público en 2009 y la previsión de que dicho déficit siga creciendo en 2010.

A la comunicación citada han contestado 67 destacados economistas, por medio de dos cartas publicadas en el diario “Financial Times” de 19 de febrero pasado. En dichas cartas, encabezadas respectivamente por los profesores Layard y Skidelsky, se defiende que el gobierno británico no debe de acelerar el programa previsto de reducción del déficit citado. La reducción del gasto público demandada por los economistas próximos al Partido Conservador no se compensará automáticamente por un mayor gasto del sector privado de la economía, mas bien al contrario.

El mayor ahorro de hogares y de empresas advertido en 2009 y que va a continuar en 2010, implica un menor gasto del conjunto del sector privado. Si desciende abruptamente el gasto público, se puede hacer más profunda la recesión, lo que dificultaría la consolidación fiscal. Los economistas “replicantes” denuncian que el sector conservador ha asumido las opiniones de los mercados financieros, que provocaron con sus errores la crisis financiera que ha sido el origen de la actual recesión. No debe procederse a efectuar reducciones abruptas del gasto público ante la debilidad de la demanda interna y las incertidumbres sobre el futuro de las exportaciones. Lo anterior es coherente con la implantación de un programa riguroso de reducción del déficit público escalonado en el tiempo.

El debate desarrollado en el Reino Unido tiene estrechos paralelismos con la situación actual de la economía y con la política económica a seguir en España. Según las estadísticas derivadas de la Contabilidad Nacional, realizadas por el INE, la caída del producto y de la actividad ha sido moderada en España, pero el retroceso del empleo y el aumento del paro han sido espectaculares. El debate aquí seguido tiende a atribuir la caída del empleo a determinadas rigideces del mercado de trabajo, cuando es evidente el paralelismo de dicho descenso con el del PIB. El desempleo en España tiene sólidas raíces keynesianas y no depende solo de la normativa laboral, como tiende a simplificarse con frecuencia.

El documento elaborado por el Ministerio de Economía (MEH), “Actualización del Programa de Estabilidad, España 2009-2013” supone que las reducciones notables del gasto público para el bienio 2011-12 estarían acompañadas de aumentos más que notables de la demanda del sector privado. Existen demasiadas incertidumbres como para poner en cuestión la composición del crecimiento prevista por el MEH después de 2010. Se trata de conocer los supuestos sobre los que el gobierno ha establecido unas previsiones de crecimiento tan poco pesimistas. La reducción buscada del gasto público no debe reforzar la recesión de la economía.

(Publicado en El Siglo, 1 de marzo de 2010)