24 octubre 2010

Las peripecias de la Deuda Pública española


Julio Rodríguez López

2010 está resultando un ejercicio complicado para el gobierno de España y también para las restantes administraciones públicas. Desde el gobierno se trató de hacer frente en 2008-2009 a las consecuencias de la crisis practicando políticas anticiclicas de inspiración keynesianas. Dichas políticas se apoyaron en los denominados “estabilizadores automáticos” y en un mayor empuje del gasto público. Los planes de estimulo de la construcción no residencial, desarrollados a través de los ayuntamientos, financiados por el gobierno de España, pretendieron corregir en parte el hundimiento del sector de la construcción, verdadero responsable del intenso descenso del empleo en la economía española.

Pero en 2010 ha crecido la “burbuja” de la deuda pública a nivel mundial. En este ejercicio se han colocado volúmenes masivos de emisiones de deuda pública, derivados de la financiación de las actuaciones anticíclicas anteriores y del saneamiento de entidades financieras afectadas por la crisis. Tras dos ejercicios de aparición de un déficit publico elevado, la deuda pública española (administración central, autonomías y ayuntamientos) se situaba a fines de 2009 en un nivel (53,2% del PIB) inferior al de la media de la Eurozona (79%)

Los problemas crecieron al conocerse el alcance del déficit público de España, el -11,2% del PIB en 2009, lo que creó alarmas de nuevos aumentos importantes de la deuda pública. A lo anterior se añadió el fuerte endeudamiento alcanzado por hogares y empresas en España. El auge inmobiliario de 1997-2007 se financió complementando los depósitos bancarios con apelaciones a los mercados mayoristas de dinero. Los intensos déficits externos de la fase de auge (que alcanzaron el -10% del PIB en 2007) se financiaron acudiéndo masivamente al ahorro exterior. Las exigencias de nuevas emisiones en 2010 derivadas de dicho endeudamiento se plantearon en un momento de fuerte presión de demanda sobre los mercados de capitales.

El endeudamiento exterior privado pesó, pues, sobre la situación de la deuda pública española. La grave crisis griega de la primera mitad de 2010 afectó a los países con mayores déficits públicos y puso en dificultades a la Eurozona. El escenario de retorno a un déficit público del 3% del PIB en 2013 previsto por el gobierno español pareció insuficiente a los organismos económicos internacionales. El Ecofin de la primera semana de mayo de 2010 forzó a adoptar medidas reductoras del déficit de impacto más inmediato que las previstas inicialmente. En este contexto, el diferencial de la deuda española a diez años con la deuda alemana creció desde el 0,84% en abril de 2010 hasta aproximarse al 2% en mayo. El coste de las emisiones de deuda española a 10 años aumentó así en un 17% entre abril y junio de 2010 (Ver gráfico).

En 2009 no solo habían registrado fuertes descensos las recaudaciones de los principales tributos en España, sino que se anticiparon recursos desde el gobierno a autonomías y ayuntamientos sobre la base de unos ingresos fiscales que no tuvieron lugar. La administración general del estado absorbió en principio los déficits de las restantes administraciones públicas.

En los meses de mayo y junio de 2010, en lo peor de la crisis de Grecia, no solo hubo problemas de colocación de deuda pública en los mercados de capitales, sino que también tuvieron dificultades las emisiones procedentes del sector empresarial de la economía española. Los mercados no se tranquilizaron para España hasta que se publicaron los resultados de las pruebas de “stress” realizadas a bancos y cajas de ahorros a fines de julio. Dichas pruebas evidenciaron una situación de solvencia suficiente de dichas entidades ante eventuales coyunturas problemáticas. El diferencial citado bajó hasta una media de 1,66 puntos porcentuales en agosto de 2010.

El aumento del déficit público irlandés complicó de nuevo en septiembre y octubre de 2010 la situación de los mercados. La deuda española mantuvo el tipo en principio, pero el anuncio a 30 de septiembre de que la Agencia Moody había rebajado la calificación de dicha deuda, desde el nivel Aaa al de Aa1, elevó el diferencial mencionado hasta un 1,80% y endureció la captación de recursos para España en los mercados de capitales.

Tres fueron las razones de Moody para la rebaja: las débiles expectativas de crecimiento de la economía española para los próximos años, el deterioro de la fortaleza financiera del gobierno de España, afectado por el empeoramiento de la situación de la deuda de las autonomías, y las posibles dificultades para atender las obligaciones derivadas de los mayores niveles de deuda que se avecinan. Moody ha estimado en 160.000 millones de euros las emisiones brutas de deuda española en 2011.

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, dijo en una ocasión que de mayor le gustaría ser mercado de bonos, por su enorme poder. La reacción del gobierno español implica un cambio radical de política económica. Ello ha supuesto, entre otros aspectos, un abrupto recorte del gasto publico, corriente y de inversión, unas elevaciones moderadas de los impuestos indirectos, la reducción o estabilización de algunas prestaciones sociales (véase pensiones) y unas reformas “duras” en el mercado de trabajo y en el sistema financiero. Ello implica un giro de 180 grados en el perfil de la politica económica seguida por el gobierno socialista hasta el primer trimestre de 2010.

No es esta la primera vez que un gobierno socialdemócrata debe de efectuar un fuerte ajuste ante una situación complicada frente al resto del mundo. La cuestión descansa en la necesidad de mantener el rigor de la política económica, a la vez que se intenta lograr que los costes del ajuste se repartan de forma equilibrada entre los diferentes estratos sociales, mientras se impulsa la salida de la crisis y el avance hacia un modelo productivo mas diversificado. Se trata de una tarea difícil, pero no imposible.



Julio Rodriguez es doctor en CC. Económicas y Vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

22 octubre 2010

El Ministerio de la Vivienda vuelve a casa

Julio Rodríguez López

Al comienzo de la pasada década confluyeron en España todos los síntomas propios de las fases de calentamiento del mercado de vivienda. La expansión continuada de las ventas, que alcanzaron el millón de viviendas en 2006, los incrementos medios anuales del crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) superiores al 20%, la fuerte reacción de la nueva oferta, que en diez años llevó a iniciar mas de seis millones de viviendas. El importante aumento del empleo impulsó la creación de casi 400.000 nuevos hogares cada año entre 1997 y 2007.

La incidencia de dicha evolución se dejó sentir en dos desequilibrios visibles. Por una parte, el déficit exterior de la economía española avanzó hasta el 10% del PIB. Por otro lado, los precios de la vivienda crecieron a un promedio nominal próximo al 11,5%, muy por encima del 3% correspondiente a precios y salarios. Se ha estimado que la sobrevaloración de dichos precios ascendía al 25% en España al llegar la crisis financiera de 2007, según una reciente publicación de la Comisión de la Union Europea.

Un aumento de los precios de la vivienda muy superior al de las rentas salariales convirtió en inaccesible a la vivienda en propiedad para amplios segmentos de la población española. Esta situación se complicaba por la estrechez crónica del parque de viviendas de alquiler en España. En 1997 el precio de mercado de una vivienda de 90 metros cuadrados construidos equivalía a 4,3 salarios medios anuales. Al llegar las elecciones generales de 2004 dicha relación había subido hasta los 7,6 salarios.

En dicha elección el PSOE presentó un amplio programa electoral de política de vivienda. La creación de un Ministerio de Vivienda en 2004 simbolizó la voluntad política de hacer frente al problema de la vivienda. Este se reflejaba en el excesivo esfuerzo preciso para acceder a una vivienda, que en 2004 superaba la tercera parte de los ingresos para la mayoría de los adquirentes. La proporción citada es el tope a partir del cual las entidades de crédito consideran que el prestatario es un posible moroso.

El nuevo Ministerio concentró sus energías en producir nuevos planes plurianuales de viviendas protegidas, en los que las viviendas de alquiler iban a tener un peso mas elevado que en el pasado. El nuevo Plan no apareció hasta el verano de 2005. En este mismo año se creó la Sociedad para el Alquiler, con el fin de aumentar la transparencia y la seguridad en el mercado de la vivienda de alquiler. La nueva Ley del Suelo se demoró hasta 2007, alargándose el desarrollo reglamentario de la misma. Se cumplía el programa pero con cierto retraso.

En 2007 se introdujo otra figura prevista en el programa citado, la ayuda directa a los arrendatarios, limitada a jóvenes entre 22 y 30 años, por una cuantía mensual de 210 euros durante cuatro años. En los Presupuestos Generales del Estado para 2008 se introdujo la desgravación fiscal al arrendatario. Se redujo así la ventaja tradicional de las viviendas en propiedad respecto de las de alquiler. Dicha equiparación se va a reforzar con la entrada en vigor de los Presupuestos de 2011.

El Plan de Vivienda 2005-2008 y el vigente Plan 2009-12 se han visto seriamente afectados en su implantación por el racionamiento de crédito que produjo la crisis financiera iniciada en 2007. Las viviendas protegidas no quedaron al margen de las restricciones, que fueron mayores para las viviendas protegidas de alquiler, menos atractivas para las entidades de crédito que las destinadas a la venta. En los dos últimos años parece haberse prestado más atención a la reducción del stock de viviendas de nueva construcción no vendidas que al objetivo tradicional de la política de vivienda.

Entre 2004 y 2010 casi todo ha cambiado en el mercado de vivienda. Frente a una situación de exceso de demanda como la de 2004, desde 2007 se ha vivido en España una situación de exceso de oferta. Los precios han descendido de forma moderada, mientras que las ventas y, sobre todo, la nueva oferta han sufrido retrocesos espectaculares. En esta situación los precios de las viviendas todavía quedan lejanos de los ingresos familiares de los hogares de nueva creación. El mercado ha cambiado, pero no lo han hecho los instrumentos de la política de vivienda, que tienen que integrarse en el marco de previsiones del mercado inmobiliario.

Para la política citada, como para el conjunto del gasto publico, llegó el tiempo del ajuste y de las economías. En el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2011 las actuaciones ligadas a la política de vivienda tienen un coste previsto de de 7.627 millones de euros, el 0,71% del PIB, casi un 14% menos que en 2010. El 85% corresponde a ayudas fiscales indirectas. El ajuste se concentra sobre todo en las ayudas directas. Los menores recursos disponibles deben de contribuir a racionalizar las actuaciones de política de vivienda. Las ayudas tendrán que ser más selectivas, las nuevas viviendas protegidas deberán destinarse sobre todo al alquiler.

Con menos recursos y con notables tareas pendientes, la política de vivienda retorna al Ministerio donde casi siempre estuvo, ahora de Fomento y antes de Obras Públicas. De la experiencia del Ministerio de Vivienda entre 2004 y 2010 se pueden obtener enseñanzas que ayuden a racionalizar la política de vivienda. Es posible que tener claro lo que se pretende hacer con dicha política y explicar más y mejor lo que se está haciendo sean las mejores conclusiones de un tiempo que, como alguien dijo, “pasó y no ha sido”.



Julio Rodriguez es Doctor en Económicas y autor del libro “Políticas de vivienda en un contexto de exceso de oferta”, editado por la Fundación Alternativas.

05 octubre 2010

Un otoño de ajustes

Julio Rodríguez López

Desde el inicio de la crisis en 2007 la política económica del gobierno de España mantuvo un claro perfil anticiclico, que se prolongó hasta mayo de 2010. Desde este mes la política económica ha presentado un carácter a todas luces estabilizador, orientado sobre todo a la reducción del déficit de las administraciones públicas. El cambio citado en la política económica ha permitido un cierto alivio en la financiación exterior de las administraciones públicas y de las empresas financieras y no financieras.

El déficit público agregado de España superó el 11% en 2009. En un breve periodo de tiempo dicho déficit alcanzó un nivel especialmente elevado dentro de la eurozona. A pesar de su menor nivel relativo de deuda pública (sin embargo, la deuda exterior de España, pública y privada, se aproxima al 170 % del PIB), el Ecofin de la primera semana de mayo de 2010 forzó a España a acelerar el proceso de reducción del déficit previsto en el documento remitido a la Comisión de la UE en febrero de 2010.

La compleja situación exterior de España se manifestó en el diferencial de tipos de la deuda española con la deuda alemana. Dicho diferencial se acentuó en la primavera de 2010, pasando desde el 0,84% de abril de 2010 al 1,35% en mayo y al 1,93% en junio, en el caso de la deuda a diez años. Ello indica la presencia de una fuerte desconfianza respecto del rigor de la política económica desarrollada hasta dicho momento, lo que dificultó la colocación de todo tipo de deuda española en los mercados de capitales.

La situación de la deuda española cambió después de junio, tras la publicación de los resultados de los denominados “tests de stress bancario”, de los que se ha derivado la realidad de una posición relativamente sólida de las entidades de crédito de España en el contexto comunitario. A pesar del alivio registrado en los mercados de deuda, la situación de los mismos para la eurozona es de acusada inestabilidad, como se ha comprobado en septiembre con motivo del empeoramiento de la situación de Irlanda.

La mejoría de la posición de España se ha derivado, pues, de las medidas adoptadas de carácter acusadamente estabilizador desde mayo de 2010. Destacan las de reducción del déficit publico mediante la disminución de los salarios de los funcionarios (-5% desde julio de 2010) y de las inversiones públicas en unos 6.500 millones de euros, junto a la congelación de las pensiones en 2011, además de una elevación significativa de la imposición indirecta (IVA y Rentas del Capital) ( RDLey 8/2010 de 20 de mayo).

También destaca la reforma de la normativa de cajas de ahorros, con la que se pretende reforzar los recursos propios de dichas entidades y facilitar su transformación en bancos, disminuyendo la presencia de representantes políticos en sus órganos de gobierno (RDLey 11/2010, de 9 de julio). La medida de mayor impacto social ha sido la de reforma del mercado de trabajo (Ley 36/2010, de 17 de septiembre). Esta norma reduce el coste del despido de los trabajadores por parte de las empresas y facilita la reducción de plantilla con unas meras expectativas de reducción de los ingresos empresariales.

El Acuerdo de Consejo de Ministros de 28.5.2010 aceleró la reducción del déficit de las administraciones Públicas, que en 2010-11 se quedaría en el 9,3% en 2010 y en el 6% del PIB en 2011. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2011 ha recogido los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria citados y ha materializado las medidas anticipadas en mayo, caso de la reducción de las inversiones públicas y de los salarios de los funcionarios, junto a la congelación de la mayor parte de las pensiones en 2011. El proyecto incluye la elevación del tipo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los tramos de renta superiores a 125.000 euros anuales y la modificación del tratamiento fiscal de las Sicav.

La previsión de los Presupuestos Generales del Estado es de un crecimiento del PIB del 1,3% en 2011.Ello contrasta con la realizada por la Fundación Funcas, según la cual dicho crecimiento seria solo del 0,4%. Para dichos Presupuestos, en 2011 el consumo de los hogares crecería a un ritmo del 1,6% y el empleo aumentaría en un 0,3%, mientras que, según Funcas, ambas magnitudes registrarían nuevos descensos en dicho año. La previsión del gobierno para 2011 parece un tanto optimista, circunstancia que puede no favorecer la imagen externa de España a efectos de los temidos mercados internacionales de deuda. Un ritmo de crecimiento significativo parece todavía distante en España para 2011, aunque sin el mismo se reforzarán las tensiones políticas y financieras.

(El Siglo, 4 de octubre de 2010)