La izquierda que amó la industria y el ladrillo viejo

Julio Rodríguez López

En los primeros días de marzo se conoció el contenido de la propuesta del gobierno de un Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo (APCRE) a las restantes fuerzas políticas. En la Introducción de dicho Acuerdo se subraya el alcance de la destrucción de empleo y de empresas sufrido por la economía española desde el inicio de la crisis. El aumento del déficit y de la deuda pública fue paralelo a dicho proceso. El Acuerdo pretende recuperar el crecimiento y el empleo y avanzar hacia un nuevo modelo productivo.

Las medidas propuestas de incidencia inmediata tienen un evidente aroma keynesiano. Se pretende potenciar por vía fiscal la rehabilitación de viviendas (IVA del 8% y desgravación en el IRPF de hasta el 10% de la inversión) y se extiende la financiación directa del ICO a las promociones de viviendas protegidas destinadas a la venta, así como a las Pymes y a los autónomos. El ICO concederá directamente tales créditos, aunque la comercialización de los mismos se efectuará por medio de “una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso”.

Entre las medidas contempladas para fomentar la competitividad de la economía, destaca el interés por recuperar el peso de la industria en el PIB, ahora en un 15,5%, hasta el 18%. Ello supondría, de conseguirse, un esfuerzo serio de diversificación del tejido productivo. Tras un intenso auge inmobiliario de casi diez años de duración (1997-2007), la actividad productiva se había concentrado en exceso en la construcción, sobre todo en la residencial. España convergió así, no hacia los esquemas propios de Europa Noroccidental, sino hacia el modelo de las autonomías menos desarrolladas (Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía).

El APCRE subraya el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas (Estado, Autonomías y Ayuntamientos) desde el 11,4% del PIB en 2009 hasta el 3% en 2013. Esto implica reducir el gasto público en unos 90.000 millones de euros en algo menos de cuatro años. Dicha actuación puede afectar al ritmo de recuperación de la economía, según la composición que presente dicha reducción del gasto. No es seguro que el conjunto del sector privado (familias y empresas) pueda compensar la reducción de la demanda efectiva que el control del déficit puede provocar.

En el subsector de la construcción residencial en España destaca el peso reducido que la rehabilitación de edificios y de viviendas tiene dentro del mismo. En Europa Occidental la rehabilitación llega hasta el 50% de la obra construida en edificación residencial, mientras que en España dicha proporción no supera el 10%. Con más de 25 millones de viviendas familiares y con una proporción de viviendas por hogar (1,5) muy superior a la media de la Eurozona (1,1), parece mas que justificado potenciar la rehabilitación en España.

Pero el que la competencia sobre política de vivienda esté transferida a las autonomías obliga a contar con la colaboración de dichas administraciones públicas para que el plan de rehabilitación citado logre implantarse. A la vista de la difícil aplicación de algunas actuaciones impulsadas desde la Administración General del Estado, parecen necesarios fuertes grados de voluntad y de compromiso políticos para que se creen los empleos previstos con dicha actuación.

Resulta evidente que el ICO deberá hacer un serio esfuerzo de adaptación para servir a los ambiciosos objetivos que se le exigen desde el gobierno. La conversión de dicho organismo en un banco público no debería de rechazarse a las primeras de cambio. En 1991 los seis bancos públicos entonces existentes en España se integraron en Argentaria, entidad que se privatizó en 1998. Tales bancos tenían un perfil medio saneado y en su prolongada historia presentaron escasos ejemplos de financiación a inversiones no solventes. La mayoría de dichos bancos tenían cuentas de resultados bastante positivas, a la vez que contribuían al logro de los objetivos de política económica de los gobiernos.

El reforzamiento contemplado para la industria en el APRCE se apoyaría en un Plan Integral 2020 y en las ayudas a los subsectores de Automoción, TIC, Agroalimentario y Aeroespacial. Será necesario disponer de la colaboración de los municipios para conseguir tal potenciación industrial. Los años de auge del ladrillo “nuevo” han sido testigos de una actitud inmisericorde de las administraciones locales contra la industria, y ello desde sus competencias urbanísticas. Tales actuaciones han ido desde la reducción sustancial de la superficie previamente destinada a polígonos Industriales (palabra esta políticamente incorrecta en los últimos años) hasta la presión directa para que cerrasen fábricas perfectamente sostenibles, y ello solo por su buena ubicación urbanística.

Por una vez, la izquierda en el poder en España pretende ser a la vez keynesiana y racionalizadora de la construcción residencial, al estimular el ladrillo viejo (rehabilitación). Además, también pretende reforzar la presencia de la industria, y hasta aproximarse a una especie de banca pública. Dicha actuación se enfrenta a serios problemas, algunos de los cuales se han comentado antes. “Analizar quién hizo qué en los últimos diez años es mucho menos útil que discutir lo que, en su caso, pueda hacerse en los próximos diez años. A nivel mundial, todos parecen esperar a ver quién flaquea primero y alguien va a cometer un error” (I. Wallerstein, “Greek mess, global mess”, IHT, 2.3.2010).

(El Siglo, 15 de marzo de 2010)

La crisis ha complicado los problemas crónicos de los ayuntamientos

Julio Rodríguez López La dependencia de los ayuntamientos respecto de los ingresos derivados del desarrollo urbanístico se acentuó en la primera década del presente siglo. Los agentes económicos han actuado conociendo que el planeamiento urbanístico se puede modificar, a la vista de la dependencia de todas las administraciones respecto de tales ingresos fiscales. Los convenios urbanísticos se han presentado con frecuencia en el pasado como imprescindibles para financiar la realización de determinadas infraestructuras por parte de los municipios, y ha sido a la sombra de tales convenios donde han tenido lugar los mayores excesos urbanísticos. En ocasiones parece que el comportamiento racional de los ayuntamientos ha sido con frecuencia el de maximizar los ingresos urbanísticos. Ello ha dado lugar a realizar desarrollos urbanos que han afectado por completo a la base productiva de las ciudades y a la calidad de vida de las mismas. Dicha política conduce, en general, a una sobreutilización del suelo, que es un bien escaso y no renovable. La eliminación de la "frontera urbanística” (todo el suelo es urbanizable) no es condición suficiente para estabilizar el coste del suelo. Este último se forma desde el centro a la periferia de las ciudades y depende profundamente de las expectativas de aumento de los precios de las viviendas. El crecimiento del suelo urbanizable no estabiliza el precio del suelo. Este último tiene carácter virtual, dependiente de los precios esperados de las viviendas, de la edificabilidad del solar y de la localización. Se considera excesiva tanto la atención como la dependencia de las haciendas locales respecto de la riqueza inmobiliaria. Se atribuye a los ayuntamientos una cuota de responsabilidad en los altos niveles alcanzados tanto por los costes del suelo como por los precios de las viviendas. Ello sería consecuencia tanto de la fiscalidad que recae sobre la construcción de las nuevas viviendas como por el relativamente frecuente empleo de la subasta en la enajenación de suelo público. Resulta evidente que en los últimos años se sobrecalificó suelo como urbanizable residencial. No hubo escasez de suelo urbanizable calificado en el auge inmobiliario de 1998-2007. El crédito abundante y barato y las amplias expectativas de revalorización fueron las principales causas del intenso auge del mercado de vivienda, que se prolongó unos diez años y al que ha sucedido una crisis acusada en España, derivada en su profundidad de la excesiva asignación de recursos destinada a la construcción residencial. En los últimos años los ayuntamientos han debido ejercer sus competencias en un marco de creciente penuria económica. La descentralización del gasto público se ha efectuado en España desde la Administración General del Estado hacia las Comunidades Autónomas. Ante el ritmo creciente de las necesidades a atender, los ayuntamientos, que son las administraciones públicas más próximas a los ciudadanos, han tratado de resolver los problemas de financiación apelando a la puesta en valor del suelo. La sobrecalificación de suelo urbanizable residencial ha expulsado a otras actividades productivas, con lo que bastantes municipios se encuentran ahora con una proporción elevada del suelo municipal calificada para la futura construcción de unas viviendas de imposible venta. Además, el aumento del desempleo ha arrojado nuevas necesidades a los ayuntamientos, que de algún modo deben de responder a las nuevas exigencias que le llegan de los vecinos afectados por el paro y por las pesadas hipotecas heredadas de los años "barbaros”. En tales condiciones resulta difícil predicarles a los gobiernos locales que actúen con visión de largo plazo en la política de suelo. Con frecuencia los municipios parecen enterarse de que hay una fábrica o un establecimiento industrial relevante cuando este empieza a amenazar con despidos. En todo caso, se debería corregir al alza el reducido peso de los ayuntamientos en el gasto público total. Ello exigiría decisiones políticas tan relevantes como los pactos que ahora se reclaman para solucionar la crisis económica, sin las cuales todo indica que la presente situación de estrechez va a tardar en corregirse. Publicado en Tribuna Municipal 15 Marzo 2010

El mercado de la vivienda en España: previsiones

Entrevista celebrada el pasado 1 de Diciembre de 2009 y donde se realiza un breve recorrido global por la vivienda en España, analizándose la gestación de una burbuja inmobiliaria, comentándose las causas que han llevado a ella y las previsiones futuras en el sector. Se consideran, asimismo, las políticas económicas relacionadas de los Gobiernos: nacional, autonómicos y locales así como las de los Bancos Centrales que han empujado a ello.

Políticas de vivienda con exceso de oferta

La consolidación fiscal no debe frenar el desarrollo

Julio Rodríguez López

El debate celebrado en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero sobre la situación económica supuso un cierto alivio para el gobierno. La esgrima parlamentaria del presidente del gobierno y algunos momentos poco afortunados del líder de la oposición han permitido olvidar por unos días hasta los orígenes del citado debate sobre la situación y la política económica de España.

Lo más trascendente ha sido la propuesta del presidente del gobierno de crear una comisión de tres ministros que, en un plazo de dos meses, negociaría con las restantes fuerzas políticas sobre los temas correspondientes a competitividad y empleo, política industrial, consolidación del déficit y, por último, “sistema financiero, estabilidad y crecimiento”. Se advierte el deseo del gobierno de obtener un acuerdo con los partidos nacionalistas CiU y PNV y de dar tiempo a que la economía española presente cifras claras de crecimiento positivo.

El aumento del déficit público, que pasó desde el -4,1% del PIB en 2008 hasta el -11,4% en 2009, unido al endurecimiento de los mercados internacionales para la colocación de la deuda pública, han situado a la reducción del déficit público como el objetivo inmediato y casi absoluto de la política económica en España. Se comenta con menos frecuencia el que, después del primer trimestre de 2008, el PIB de la economía española ha retrocedido en un -4,7% y que, sobre todo, el empleo total de dicha economía ha descendido desde entonces en un -9,3%. Esto ha implicado una reducción del número de puestos de trabajo en 1.552.200 ocupados y un aumento de la tasa de desempleo en más de diez puntos porcentuales.

La reducción del déficit público se considera en general necesaria. Pero no abundan en España opiniones que subrayen la incidencia negativa que sobre el gasto total de la economía puede tener la reducción prevista del gasto público. En esté sentido tiene interés comentar el debate surgido sobre este asunto en el Reino Unido. Unos 20 economistas enviaron una carta recientemente al semanario “The Sunday Times” en la que se exigía del gobierno un ajuste fiscal rápido e intenso, ante el elevado nivel alcanzado en dicho país por el déficit público en 2009 y la previsión de que dicho déficit siga creciendo en 2010.

A la comunicación citada han contestado 67 destacados economistas, por medio de dos cartas publicadas en el diario “Financial Times” de 19 de febrero pasado. En dichas cartas, encabezadas respectivamente por los profesores Layard y Skidelsky, se defiende que el gobierno británico no debe de acelerar el programa previsto de reducción del déficit citado. La reducción del gasto público demandada por los economistas próximos al Partido Conservador no se compensará automáticamente por un mayor gasto del sector privado de la economía, mas bien al contrario.

El mayor ahorro de hogares y de empresas advertido en 2009 y que va a continuar en 2010, implica un menor gasto del conjunto del sector privado. Si desciende abruptamente el gasto público, se puede hacer más profunda la recesión, lo que dificultaría la consolidación fiscal. Los economistas “replicantes” denuncian que el sector conservador ha asumido las opiniones de los mercados financieros, que provocaron con sus errores la crisis financiera que ha sido el origen de la actual recesión. No debe procederse a efectuar reducciones abruptas del gasto público ante la debilidad de la demanda interna y las incertidumbres sobre el futuro de las exportaciones. Lo anterior es coherente con la implantación de un programa riguroso de reducción del déficit público escalonado en el tiempo.

El debate desarrollado en el Reino Unido tiene estrechos paralelismos con la situación actual de la economía y con la política económica a seguir en España. Según las estadísticas derivadas de la Contabilidad Nacional, realizadas por el INE, la caída del producto y de la actividad ha sido moderada en España, pero el retroceso del empleo y el aumento del paro han sido espectaculares. El debate aquí seguido tiende a atribuir la caída del empleo a determinadas rigideces del mercado de trabajo, cuando es evidente el paralelismo de dicho descenso con el del PIB. El desempleo en España tiene sólidas raíces keynesianas y no depende solo de la normativa laboral, como tiende a simplificarse con frecuencia.

El documento elaborado por el Ministerio de Economía (MEH), “Actualización del Programa de Estabilidad, España 2009-2013” supone que las reducciones notables del gasto público para el bienio 2011-12 estarían acompañadas de aumentos más que notables de la demanda del sector privado. Existen demasiadas incertidumbres como para poner en cuestión la composición del crecimiento prevista por el MEH después de 2010. Se trata de conocer los supuestos sobre los que el gobierno ha establecido unas previsiones de crecimiento tan poco pesimistas. La reducción buscada del gasto público no debe reforzar la recesión de la economía.

(Publicado en El Siglo, 1 de marzo de 2010)

Mercados financieros contra economía global