31 marzo 2009

ECONOMIA ESPAÑOLA: entre las exigencias de coyuntura y el cambio de modelo

Julio Rodríguez López

“Incluso si la economía comienza a recuperarse a fin de año, como ha previsto el Banco de Inglaterra, no se espera que el desempleo deje de crecer hasta bien avanzado el año 2010” (The Economist, “A flood of misery”, 21.3.2009). Los británicos llegaron en febrero de 2009 a la cifra de 2 millones de parados en el Reino Unido, el 6,5% de los activos, la tasa mayor de paro en aquel país desde 1997.

En España, en el mismo mes de febrero pasado, se alcanzó la cifra de 3.482.000 parados registrados, equivalente al 15% de los activos. La afiliación a la Seguridad Social descendió en un año en 1.100.400, un -5,7% sobre el total de afiliados en el mismo mes del pasado año. Los mayores retrocesos interanuales tuvieron lugar en la construcción (-21,4%) y en la industria (-8%). Esta vez el aumento del paro, aunque se inició en el segmento de la construcción residencial, no se está limitando a algún sector específico o a algún territorio determinado, sino que está afectando por igual a todas las ramas de actividad y a todo el territorio nacional.

En una recesión generada sobre todo por la restricción crediticia el daño se ha extendido a todo el sector privado de la economía y también se va a dejar sentir en numerosos gobiernos locales. Estos últimos no podrán mantener en muchos casos las plantillas de las que se han dotado en los generosos años que terminaron en 2007. Se trata ahora , en primer lugar, de frenar el deterioro de la situación del empleo y, después, resulta preciso impulsar el tan traído y llevado cambio de modelo productivo.

La actual política económica, además de mantener intactas las prestaciones sociales y dejar que actúen los estabilizadores automáticos de la economía, se está apoyando, entre otros aspectos, en las ayudas a las entidades de crédito para mejorar su liquidez, en las abundantes líneas de liquidez abiertas en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y en el plan de inversiones locales, además de mantener elevado el ritmo general de inversiones publicas.

El aumento de la morosidad y la necesidad de reforzar la solvencia puede impulsar procesos de fusión en el sistema financiero. Costará más de un disgusto a los gobiernos autonómicos el renunciar a las sedes de las cajas de ahorros resultantes. Sin embargo, carece de sentido mantener sin fusionar a entidades necesitadas posiblemente de refuerzos de liquidez y de solvencia, como si la imagen de la autonomía respectiva dependiese del futuro de las cajas de ahorros con sede en las mismas.

Por otra parte, el hecho de que la mayor parte de las líneas de créditos del ICO se desarrollen necesariamente a través de las restantes entidades del sistema financiero es posible que reduzca la agresividad de dichas líneas en tiempos de crisis. Al menos las líneas relativas a Pymes y a vivienda protegida deberían desarrollarse directamente entre el ICO y las empresas. En este tipo de préstamos existe la amplia experiencia histórica del pasado Crédito Oficial hasta 1991, que con una reducida red de oficinas llevó sus préstamos hasta la isla del Hierro, que ya es decir. En las inversiones públicas se deben de priorizar las que más contribuyan a mejorar la competitividad de la economía.

Y de paso habrá que “ir sembrando” para que cambie el modelo productivo en una línea de mayor diversificación y mas capacidad de competir. El enorme déficit de la balanza de pagos corriente viene a recordar la falta de competitividad de la economía española y la profunda dependencia del ahorro exterior para financiar la inversión en España. Entre 1997 y 2007 el sector de la construcción vio crecer en unos seis puntos porcentuales su participación en el PIB y en el empleo total de España.

La suma de agricultura e industria, incluida energía, suponía en 1997 el 25% del PIB, mientras que en 2007 dicha participación había retrocedido hasta el 18,3%. En 1997 la balanza corriente de España con el resto del mundo arrojaba un superávit del 2,1% del PIB, mientras que en 2007 el saldo de dicha balanza era del -10,1% del PIB. Se había crecido a un alto ritmo, pero se había perdido competitividad a todas luces.

Los negativos resultados de 2008 revelan que el ajuste se ha iniciado en la economía española y que la caída de la demanda interna se está compensando con un comportamiento más dinámico de las exportaciones. Pero el ajuste es todavía lento y hay que atender al candente problema que supone el deteriorado mercado de trabajo. De persistir la situación es posible que no quede más remedio que pactar un nuevo impulso interno a la política económica con la oposición. Esta última, aparte de jalear las cifras de desempleo no parece tener demasiadas ideas para mejorar la situación y de paso cambiar la composición de la oferta productiva de España.