18 agosto 2006

Diálogos para después de la violencia

José Ramón Recaldea b

Malo es que el Partido Nacionalista Vasco pretenda cambios en el Estatuto, obviando el procedimiento legal previsto; es algo que no se puede aceptar sin que quede negada la Constitución. Y es malo, porque manifiesta el soberanismo desde el que pretende entrar en el diálogo político. La petición es extravagante, pues discurre fuera de la legalidad, Sin embargo, aún así, provoca, como si fuera una vacuna, una reacción positiva: nos conmina a que los interlocutores en ese diálogo tengamos cautela, comportamiento que se debe mantener siempre pero más en los momentos que preceden y que siguen a la proclamación oficial del cese de la violencia de ETA.

¿Por qué se reproduce ahora el soberanismo que estaba en el fondo de la traición de Lizarra (pacto del bloque que nacionalista, perpetrado entre nacionalistas democráticos y los no democráticos, mas confabulaciones clandestinas con ETA) y que constituía el antecedente directo del Plan Ibarretxe? La vía anticonstitucional en la que de nuevo se insiste es la pacífica correspondiente a la que ETA pretendía conseguir con la violencia.

La sustitución de la violencia por la política supone, desde luego, un cambio radical; no sólo en los actores, pues no es lo mismo a que el interlocutor sea ETA (o Batasuna), aún después de su derrota, a que lo sea el PNV, que ha planteado, y plantea, sus objetivos, negando la violencia; cambio también en el contenido de esas pretensiones, que dejan de ser las fundamentalistas del irredentismo sobre Navarra y el País vasco francés. Pero, de todos modos, el procedimiento ilegal que reitera el PNV busca cobrar réditos por la recuperación de la paz ciudadana. Para el PNV se trata de recoger las nueces caídas del nogal agitado por los violentos. Para el Partido Socialista. Aceptar el pago de estos réditos sería, no pagar un precio político a ETA derrotada, pero sí al nacionalismo, como albacea de la derrota.

El PNV propone que el eventual pacto entre los partidarios democráticos de Euskadi se convierta inmediatamente en derecho positivo, sin pasar por la aprobación de las Cortes. Esto supondría abonar al nacionalismo un precio político por la derrota de ETA. Pero no se acaba aquí el problema: El Partido Socialista, el PSE en Euskadi, no debe solamente plantear objeciones fundamentales al procedimiento; pues, aunque este fuera constitucionalmente depurado, los socialistas tendrían que oponer otros reparos básicos a la oferta nacionalista.

El PSE tendrá que buscar el acuerdo político con una idea clara: la aceptación básica del sistema político autonómico; esto supone que ni las competencias centrales ni las autonómicas se justifican por sí mismas.

A la regla del nacionalismo se le opone otra: el máximo de autonomía no es el óptimo de autonomía. El óptimo supondrá siempre una distribución de competencias, unas centrales y otras autonómicas. La construcción, consolidación y modificación del sistema autonómico es un proyecto que se planteará en dos niveles: el primero la reivindicación del propio programa de distribución óptima de competencias; el segundo, la aceptación, en busca del consenso con las otras fuerzas políticas, de un acuerdo que suponga cesiones parciales de todas ellas, desde el óptimo hasta el mejor posible. Pero composición de fuerzas es algo muy distinto a claudicación ante las fuerzas de nuestros interlocutores.

El modelo con el que el Partido Socialista tiene que plantearse el diálogo entre partidos permanece abierto, incluso a distintas opciones dentro del mismo socialismo. En efecto, el sistema autonómico permite propuestas menos o más autonómicas que yo calificaría según el quantum de federalización (la “federación” es una cualificación que nunca ha asustado a los socialistas). Pero, en todo caso si es un modelo federal o federalizante, no es un modelo confederal: es opuesto a entender la autonomía como una relación bilateral entre el poder central y la comunidad autónoma, salvo en casos muy particulares. Si el modelo socialista busca la división óptima entre competencias centrales y autonómicas, busca también el fortalecimiento de la multilateralidad o relación entre las distintas autonomías, frente a la bilateralidad o relación entre el poder central y el autónomo.

También el modelo que los socialistas presenten para el diálogo político debe enfrentarse a los símbolos de identificación nacionalista: el estatuto vigente y las leyes que lo desarrollaron supusieron una claudicación de los no nacionalistas en aras de la concordia. Ante una modificación estatutaria habría que modificar esta actitud: no se trata de que los símbolos nacionalistas disminuyan (algo difícil de conseguir, por ahora, aunque ¡sería tan bien recibido el cambio del himno nacional vasco!), sino que se compensen con símbolos que fortalezcan, frente a valores insolidarios, los de colaboración entre los pueblos de España, los que propongan una comunidad española y la profundización en los valores ciudadanos comunes.

Queda, como campo abierto para una construcción común un proyecto de Estatuto en el que los socialistas dejen oír sus reivindicaciones: una idea social, solidaria y común de la educación, de la cultura y de los servicios; la construcción de los servicios públicos y de una sociedad laica, precisamente como garantía de la igualdad ciudadana. En resumen, que la reforma del estatuto no puede verse con la óptica nacionalista de que la autonomía supone una base ya consolidada, sobre la que hayan de plantearse mas reivindicaciones nacionalistas, sino, por el contrario, un nuevo debate sobre el bien común.

A este debate es muy importante que se incorporen otras fuerzas políticas, principalmente el Partido Popular, al que corresponde una importante función de vigilante de una eventual deriva nacionalista del proceso. Pero también el resto de partidos, con una salvedad: por no cumplir con el mínimo exigible que es la renuncia a la violencia y la aceptación de la democracia constitucional, con Batasuna no se puede establecer todavía ningún acuerdo.

El punto de partida para el diálogo político quedará señalado, en consecuencia, con los siguientes rasgos: aceptación por todos del sistema constitucional; negación de una base común nacionalista; entrada en el diálogo en condiciones de igualdad, lo que excluye tanto una presidencia institucional del lehendakari como otro pacto de Ajuria-Enea.

El campo del debate es el de la confrontación entre todos los dialogantes que plantean sus distintos modelos de convivencia democrática entre los vascos, esto es, entre los nacionalistas vascos, pero también los nacionalistas españoles y los que no somos nacionalistas (pido perdían a los nacionalistas de uno y otro signo que no comprenden que algunos no les acompañemos en su ideología y nos atribuyen el nacionalismo opuesto al suyo: los no nacionalistas somos aquellos que, si caemos en esa tentación, por lo menos pensamos que es un vicio que hay que dominar, en lugar de una virtud). Debe quedar claro, en todo caso, que quienes quedan fuera del debate son quienes plantean su modelo desde la violencia o desde fuera de la democracia (ETA y Batasuna).

El lugar de encuentro es el que saldrá, si sale, de un debate libre sobre el sistema autonómico y el bien común, a librar con la razón y con la fuerza de los votos y en el que, como hemos partido de un anterior acuerdo democrático, Constitución y Estatuto, y como este anterior acuerdo ayudaba a la convivencia en una sociedad como la vasca, difícilmente vertebrada, no es razonable que se modifique si no hay consenso mejor que el que ya teníamos. Que nadie pretenda, en todo caso, imponer sus propias tesis de partida, sino modificarlas en busca de un acuerdo ampliamente consensuado.

a Publicado en El País 17 Agosto de 2006

b José Ramón Recalde fue consejero socialista del Gobierno Vasco y víctima de un atentado terrorista de ETA del que, afortunadamente, pudo salvar su vida.



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08 agosto 2006

Subida del tipo de interés

Sr. Director de El Pais
Madrid

En su interesante articulo del 4 de agosto, El BCE y el futuro, Angel Laborda ha puesto de manifiesto que no le convence demasiado la nueva subida del tipo de interés de intervención efectuada por el Banco Central Europeo el jueves 3 de agosto.

Laborda dice que la inflación permanece estable, pero lo hace medio punto por encima del objetivo establecido para 2006. La inflación subyacente empieza a dar indicios generalizados de que una "segunda vuelta" puede tener lugar.

Pero sobre todo conviene destacar lo que recientemente subrayó Leon Brittan en un artículo publicado en el Financial Times: si los bancos centrales sólo se interesan por las burbujas provocadas en los mercados de activos (por ejemplo, vivienda) en función de su incidencia sobre el índice de precios de consumo, entonces harán demasiado poco y también lo harán demasiado tarde.

Una subida moderada de los tipos de interés puede contribuir a desacelerar (que no a reducir) con mas intensidad la subida de los precios de la vivienda y tambien contribuirá, de paso, a colaborar al necesario proceso de diversificacion de la actividad productiva en Espanha. Esto último es una condicion necesaria para facilitar un mayor aumento de la productividad y de paso reforzará la tasa de ahorro familiar.

Atentamente,

Julio Rodriguez López


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