31 julio 2006

La economía española y el mal holandés

Julio Rodríguez López

El desarrollo del turismo en España ha podido ocasionar manifestaciones del llamado 'mal holandés', según el autor. En su opinión, la sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y del 'ladrillo'

El descubrimiento, durante los años sesenta, de yacimientos de gas natural en Holanda dio lugar, tras un periodo de intenso crecimiento, a que el país sufriese una profunda desindustrialización y a que su economía resultase en exceso vulnerable a las oscilaciones del precio de exportación de ese recurso energético. Un trabajo publicado en noviembre de 2005 (J. Capó, A. Riera y J. Roselló, El desarrollo turístico como manifestación de la 'dutch disease'. El caso de Baleares, Boletín Económico de ICE, nº 2.861) considera que el turismo de sol y playa ha podido ocasionar manifestaciones del mal holandés en el caso de la economía balear, alguna de las cuales podría extenderse al conjunto de la economía española.

El desarrollo del turismo balear, sector emergente en su día, ocasionó notables revalorizaciones de la propiedad de determinados recursos naturales y también generó crecimientos destacados de la productividad en el subsector de la hostelería y la restauración. La mayor productividad, empleo y salarios pagados en dicha rama de actividad estimularon la demanda de productos de sectores menos abiertos a la competencia, como los servicios y la construcción. Estos últimos, a su vez, experimentaron importantes aumentos de precios y generaron demandas adicionales de trabajo.

El sector agroindustrial, más abierto a la competencia, sufrió un aumento de los costes de producción que no pudo trasladar a los precios de venta. Dicha circunstancia, unida a la revalorización del tipo de cambio en algunos periodos, provocó reducciones sustanciales de la actividad productiva de dichas ramas de actividad.

Las consecuencias para Baleares fueron, junto al intenso crecimiento real del PIB por habitante, un fuerte desplazamiento de la producción en favor de la actividad hotelera y de la construcción conectada con el turismo. La creciente desaparición, con la reducción de la base industrial, de una fuente importante de desarrollo del capital humano y de ganancias de productividad podría desacelerar los aumentos del PIB por habitante de la economía. La especialización productiva en actividades poco cualificadas y no sensibles al progreso técnico, junto al agotamiento de los recursos naturales y a la fuerte dependencia del turismo, pueden generar en el futuro ritmos de crecimiento mediocres.

El prolongado descenso de los tipos de interés y las constantes mejoras de las condiciones de financiación han revalorizado en España las propiedades inmobiliarias entre 1997 y 2005. Se ha mantenido un crecimiento constante, pero moderado, de la demanda de los servicios derivados del subsector de la hostelería. Los beneficios de la promoción han desplazado el ahorro hacia la inversión inmobiliaria, lo que no ha contribuido a mejorar la competitividad de los sectores productores de mercancías. Destaca un urbanismo agresivamente favorable a la construcción residencial, que no sólo no permite crear suelo para actividades productivas, sino que llega con frecuencia a desviar terrenos antes calificados como industriales hacia fines residenciales. Si a lo anterior se une la creciente competencia de los países emergentes y las intensas revalorizaciones del euro al comienzo de esta década se comprende la escasa competitividad de las exportaciones, en especial de mercancías, y la agresividad de las importaciones. El urbanismo practicado ahora en España es una fuente continua de déficit comercial.

Entre 1997 y 2005 el PIB de la economía española creció a un ritmo medio del 3,6%, punto y medio por encima de la eurozona. El PIB por habitante de España ascendía en 1997 al 80% de la UE y en 2005 se ha aproximado al 94%. La tasa de desempleo de España en el último trimestre de 1997 se elevaba al 20,1% de los activos y en el mismo periodo de 2005 había descendido hasta el 8,7%. La expansión ha estado acompañada de una continua ganancia de presencia de la inversión en construcción en el PIB, desde el 11,5% de 1997 hasta el 17,3% en 2005. La producción de mercancías (agricultura, ganadería, pesca, industria y energía) ha visto descender su participación desde el 25% de 1997 hasta el 19,3% en 2005.

En 2005 destacó el crecimiento en un 4,5% del deflactor del PIB de España, que refleja la inflación interna, y el que el deflactor de la construcción duplicase ese aumento (10,2%). La reestructuración hacia la construcción se ha advertido no sólo en la producción, sino sobre todo en la composición del crédito. La financiación inmobiliaria (promoción, compra y construcción de viviendas), que suponía en 1997 menos del 40% de la financiación al sector privado, ha subido hasta el 58% en 2005.

La sobreespecialización en la construcción y en la hostelería ha desagrarizado y desindustrializado la economía española, acentuando su dependencia del subsector turístico y de la construcción de viviendas para inversores. Se ha reforzado su proclividad a mayores ritmos de inflación, a la vista del abrigo ante la competencia de los sectores productivos ahora dominantes. Los problemas derivados del llamado mal holandés pueden llevar a que el crecimiento sea trascendente en tanto se construyan nuevas viviendas. No cabe esperar nuevos impulsos decisivos de un sector como el turístico, en el que el progreso técnico no brilla por su presencia.

Diversificar la actividad productiva, mejorar las dotaciones de servicios públicos, administrar con racionalidad y con respeto generacional los recursos naturales todavía disponibles, prestar mayor atención al equilibrio medioambiental y practicar un urbanismo en el que el objetivo sea el bienestar de los ciudadanos y no la maximización de los ingresos derivados del planeamiento, superando la tiranía del instante, son algunos de los retos de futuro de la economía española.



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30 julio 2006

¿España invertebrada?

Gabriel Tortellá

Se compara frecuentemente la economía de la Unión Europea con la de Estados Unidos y se trata de explicar por qué crece aquella más lentamente que ésta. Generalmente se aduce que tanto la Unión Europea como los Estados de los países que la componen, practican una política económica excesivamente intervencionista y tienen una red de protección demasiado tupida. Ambos factores, inhibirían la iniciativa empresarial, disuadirían a los empresarios de asumir riesgos y responsabilidades, premiarían la pasividad y el desinterés de los trabajadores y generarían altas tasas de paro. Frente a estas críticas, otros autores ponen de manifiesto que tales diferencias no entrañan una superioridad de la economía estadounidense, sino, simplemente, un conjunto diferente de preferencias. En la tradicional disyuntiva entre crecimiento y equidad los estadounidenses parecen haberse inclinado por el primero, y los europeos, por la segunda. Porque, en efecto, según estudios recogidos por The Economist, no sólo son mayores las desigualdades en la distribución de la renta en Estados Unidos, sino que, contra lo que muchos piensan, los inmigrantes se integran mejor económicamente en Europa que en América del Norte.

Pero esto no zanja la cuestión, porque el sacrificar el crecimiento económico en aras de la equidad, plantea problemas muy graves a largo plazo: en efecto, si en el país no igualitario que crece rápidamente a corto plazo los desfavorecidos quedan en mala condición, a largo plazo su condición será mejor que la de los pobres más asimilados del país igualitario. Porque, a largo plazo, el crecimiento económico más rápido beneficiará a todos en el país próspero, y sus pobres acabarán siéndolo menos que los del país igualitario. Exagerando un poco y cargando las tintas, seguridad e igualdad traerán consigo estancamiento, mientras que desigualdad y dinamismo traerán riqueza para todos.

Existe, además, una cuestión complementaria y es que la economía dinámica, si no es tan injusta que produzca tensiones, la estadounidense superó ya sus crisis sociales de los años sesenta del siglo pasado, se convierte en el líder económico, y por ende político y militar, del mundo, mientras que la economía igualitaria y conservadora se ve relegada a un segundo plano en todos estos terrenos. Por añadidura, la economía estadounidense tiene otra gran ventaja sobre la europea: está mucho más integrada, por lo que se acerca mucho más que esta última a la condición de “área monetaria óptima”; es decir, en Estados Unidos los mecanismos del mercado funcionan mucho mejor que en la Unión Europea, porque aquí, pese a la desaparición de las barreras arancelarias, sigue habiendo serios obstáculos a la movilidad de los factores, en especial, por supuesto, el trabajo y el capital. Ello se debe, por un lado, a la fragmentación política: cada Estado nacional piensa más en sus propios ciudadanos, que son sus electores, que en los “otros europeos”, de los que depende muy poco. Consecuencia de esto es la dificultad para armonizar políticas y, por tanto, para derribar barreras y convertir a la Unión en un verdadero mercado único: esto lo hemos visto recientemente con las dificultades para unificar el mercado de servicios, para lograr una política monetaria que no produzca serias distorsiones, para armonizar las políticas fiscales etc. Pero si la fragmentación política entraña un gran problema, la social es una barrera aún mayor y más difícil de superar: la movilidad de la mano de obra y de los servicios se ve obstaculizada, más aún que por la legislación, por la fragmentación lingüística y cultural. Mientras en Estados Unidos, pese a la estridente retórica multiculturalista, el inglés es un aglutinante cultural y económico, en Europa, pese a la hegemonía de este idioma, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo poderosísimas. El coste de estas barreras para la economía europea es muy alto; las estimaciones son discutibles, pero las que más comúnmente se manejan las cifran entre uno y dos puntos del crecimiento del producto interior bruto..

Resulta cuando menos desconcertante, en vista de todo esto, que en España nos estamos inclinando por la fragmentación en lugar de por la integración. La erección de barreras lingüísticas y culturales allí donde no las había, la descoordinación de las políticas fiscales y sociales, no pueden sino ser una rémora económica en el futuro por la misma razón que lo son en la Unión Europea. En lugar de aprender de los errores o dificultades de nuestros vecinos y socios, parece que hemos decidido sumarnos al pelotón de los torpes. Por desgracia, la mayoría se muestra indiferente a las consecuencias de este serio error porque pueden no ser inmediatas. Unos amigos míos, economistas y afines al Gobierno, me decían hace poco con alivio: “La gente no va a notar inmediatamente las consecuencias del Estatut”. No confiaban en la bondad de la operación, sino en la de la anestesia. Como al Don Juan de Tirso, no les importaban las consecuencias si eran a largo plazo. Aparte de recapacitar sobre el déficit ético que tal actitud comporta, los que así piensan deben recordar las presentes dificultades de la Unión Europea y la sorpresa que fue para tantos el fracaso de la tan cacareada Constitución. El malestar público tiene a veces consecuencias inesperadas. Algunos piensan, “después de mí, el diluvio” y terminan ahogados.



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29 julio 2006

Tan largo me lo fiáis....

Gabriel Tortellá

Se compara frecuentemente la economía de la Unión Europea con la de Estados Unidos y se trata de explicar por qué crece aquella más lentamente que ésta. Generalmente se aduce que tanto la Unión Europea como los Estados de los países que la componen, practican una política económica excesivamente intervencionista y tienen una red de protección demasiado tupida. Ambos factores, inhibirían la iniciativa empresarial, disuadirían a los empresarios de asumir riesgos y responsabilidades, premiarían la pasividad y el desinterés de los trabajadores y generarían altas tasas de paro. Frente a estas críticas, otros autores ponen de manifiesto que tales diferencias no entrañan una superioridad de la economía estadounidense, sino, simplemente, un conjunto diferente de preferencias. En la tradicional disyuntiva entre crecimiento y equidad los estadounidenses parecen haberse inclinado por el primero, y los europeos, por la segunda. Porque, en efecto, según estudios recogidos por The Economist, no sólo son mayores las desigualdades en la distribución de la renta en Estados Unidos, sino que, contra lo que muchos piensan, los inmigrantes se integran mejor económicamente en Europa que en América del Norte.

Pero esto no zanja la cuestión, porque el sacrificar el crecimiento económico en aras de la equidad, plantea problemas muy graves a largo plazo: en efecto, si en el país no igualitario que crece rápidamente a corto plazo los desfavorecidos quedan en mala condición, a largo plazo su condición será mejor que la de los pobres más asimilados del país igualitario. Porque, a largo plazo, el crecimiento económico más rápido beneficiará a todos en el país próspero, y sus pobres acabarán siéndolo menos que los del país igualitario. Exagerando un poco y cargando las tintas, seguridad e igualdad traerán consigo estancamiento, mientras que desigualdad y dinamismo traerán riqueza para todos.

Existe, además, una cuestión complementaria y es que la economía dinámica, si no es tan injusta que produzca tensiones, la estadounidense superó ya sus crisis sociales de los años sesenta del siglo pasado, se convierte en el líder económico, y por ende político y militar, del mundo, mientras que la economía igualitaria y conservadora se ve relegada a un segundo plano en todos estos terrenos. Por añadidura, la economía estadounidense tiene otra gran ventaja sobre la europea: está mucho más integrada, por lo que se acerca mucho más que esta última a la condición de “área monetaria óptima”; es decir, en Estados Unidos los mecanismos del mercado funcionan mucho mejor que en la Unión Europea, porque aquí, pese a la desaparición de las barreras arancelarias, sigue habiendo serios obstáculos a la movilidad de los factores, en especial, por supuesto, el trabajo y el capital. Ello se debe, por un lado, a la fragmentación política: cada Estado nacional piensa más en sus propios ciudadanos, que son sus electores, que en los “otros europeos”, de los que depende muy poco. Consecuencia de esto es la dificultad para armonizar políticas y, por tanto, para derribar barreras y convertir a la Unión en un verdadero mercado único: esto lo hemos visto recientemente con las dificultades para unificar el mercado de servicios, para lograr una política monetaria que no produzca serias distorsiones, para armonizar las políticas fiscales etc. Pero si la fragmentación política entraña un gran problema, la social es una barrera aún mayor y más difícil de superar: la movilidad de la mano de obra y de los servicios se ve obstaculizada, más aún que por la legislación, por la fragmentación lingüística y cultural. Mientras en Estados Unidos, pese a la estridente retórica multiculturalista, el inglés es un aglutinante cultural y económico, en Europa, pese a la hegemonía de este idioma, las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo poderosísimas. El coste de estas barreras para la economía europea es muy alto; las estimaciones son discutibles, pero las que más comúnmente se manejan las cifran entre uno y dos puntos del crecimiento del producto interior bruto..

Resulta cuando menos desconcertante, en vista de todo esto, que en España nos estamos inclinando por la fragmentación en lugar de por la integración. La erección de barreras lingüísticas y culturales allí donde no las había, la descoordinación de las políticas fiscales y sociales, no pueden sino ser una rémora económica en el futuro por la misma razón que lo son en la Unión Europea. En lugar de aprender de los errores o dificultades de nuestros vecinos y socios, parece que hemos decidido sumarnos al pelotón de los torpes. Por desgracia, la mayoría se muestra indiferente a las consecuencias de este serio error porque pueden no ser inmediatas. Unos amigos míos, economistas y afines al Gobierno, me decían hace poco con alivio: “La gente no va a notar inmediatamente las consecuencias del Estatut”. No confiaban en la bondad de la operación, sino en la de la anestesia. Como al Don Juan de Tirso, no les importaban las consecuencias si eran a largo plazo. Aparte de recapacitar sobre el déficit ético que tal actitud comporta, los que así piensan deben recordar las presentes dificultades de la Unión Europea y la sorpresa que fue para tantos el fracaso de la tan cacareada Constitución. El malestar público tiene a veces consecuencias inesperadas. Algunos piensan, “después de mí, el diluvio” y terminan ahogados.

El auge inmobiliario cumple ocho años

Julio Rodríguez López[1]

  1. El auge persiste. La nueva oferta de viviendas crece mas que la demanda
En el verano de 2005 se mantienen los elementos básicos del mercado de la vivienda que han dominado el perfil del mismo desde hace ya casi ocho años. Las variables más trascendentes en cuanto a estímulo de la demanda inmobiliaria siguen presionando en este ejercicio. Lo anterior lo confirma el nuevo, aunque muy moderado, descenso de los tipos de interés de los créditos para compra de vivienda en 2005. La cuota a pagar por un crédito a 25 años al tipo medio de interés de 2005 está casi un 30% por debajo de la correspondiente a un préstamo de la misma cuantía concedido en 1997. El tipo medio de interés de los préstamos para compra de vivienda en 2005, expresado en términos reales, es nulo o negativo según los meses.
El aumento interanual de los precios de las viviendas en el segundo trimestre de 2005, el 13,9%, supone una desaceleración notable respecto del 17,2% de 2004. En cambio, el aumento anualizado de dichos precios en el primer semestre de 2005 fue del 17,4%. Este es todavía un aumento severo, tras el 141% de crecimiento de los precios experimentado en los casi ocho años de “boom” inmobiliario. Las autonomías en las que el problema de acceso alcanzaba niveles mas elevados eran las del País Vasco (los precios de mercado de las viviendas de 90 m2 superaban allí al salario medio anual correspondiente en 10,7 veces), Madrid (10,6) y Baleares (10,2).
Las estadísticas de viviendas iniciadas han registrado aumentos sustanciales en los primeros meses de 2005. Los visados de dirección de obra de los aparejadores han crecido en un 6,4% en enero-mayo sobre el mismo periodo de 2004, las viviendas a iniciar según las licencias municipales de obras crecían a un ritmo del 14,8% en los dos primeros meses de 2005, mientras que las viviendas iniciadas, estimadas por el Ministerio de Vivienda, aumentaron en un 9% en el primer trimestre del año.
De persistir tal evolución, las viviendas iniciadas ascenderían a más de 760.000 en 2005. Solo Andalucía construiría unas 160.000, el 21% de dicho total. Según la evolución de las viviendas terminadas y de las previsiones sobre demoliciones, el parque de viviendas familiares a fines de 2004 debía de ascender a 22,6 millones de viviendas, un 7,7% más que en noviembre de 2001, fecha de referencia del Censo de Viviendas de 2001, un ritmo muy superior al de los periodos intercensales previos a los Censos de 1991 y de 2001.
Las escasas estadísticas sobre ventas de viviendas en España han experimentado, por el contrario, una evolución menos dinámica en dicho periodo. Las tasaciones de viviendas efectuadas por las empresas integradas en Atasa (alrededor del 65% del total de tasaciones en 2004) descendieron en el primer semestre en un -0,3% sobre 2004. Las transmisiones inmobiliarias intervenidas por los notarios en el primer trimestre de 2005 habían crecido en un 3,3% sobre 2004, lo que implica un ritmo de unas 820.000 ventas de viviendas, nuevas y usadas, en el conjunto del presente año. Autonomías muy dinámicas en estos últimos años de auge presentaron descensos de las transmisiones en 2005, como fue el caso de Murcia (-12%), Comunidad de Madrid (-8,9%) y Andalucía (-4,2%).
De los datos anteriores parece derivarse la presencia de unos aumentos más intensos en la oferta de nuevas viviendas que en la demanda. Esta circunstancia la confirma en parte el descenso registrado en enero-abril de 2005 sobre el año precedente en las inversiones extranjeras en inmuebles, cuyo valor retrocedió en dicho periodo en más de un 16%.

  1. Algunas evidencias : son intensas las ventas para inversión y se expulsa del mercado a los jóvenes hogares
En el análisis del presente episodio inmobiliario, que se ha desarrollado no solo en España sino también en un amplio número de países occidentales, destaca la evidencia de que las compras de viviendas con fines de inversión han alcanzado unos elevados niveles. Así, en el caso de España, mientras que en el Censo de 2001, el total de viviendas no destinadas a residencia habitual (secundarias, vacías y otras), suponía el 32% del total de viviendas familiares, las estimaciones efectuadas a partir de los datos del Ministerio de Vivienda acerca de la evolución del stock de viviendas entre 2001 y 2004 revelan que la proporción citada debe superar el 35% al final de 2004. Las viviendas no principales alcanzan proporciones próximas al 50% en las autonomías de Castilla y León y Comunidad Valenciana. Se han construido desde 2001 viviendas principales a un ritmo inferior al de las viviendas de temporada o destinadas a inversión.
Una segunda observación de interés consiste en que los altos precios de venta de las viviendas han expulsado a los jóvenes hogares o adquirentes por primera vez del acceso a la vivienda (Reino Unido, Estados Unidos y Francia). Si los adquirentes son en gran parte inversores, los precios de venta de mercado se pueden situar en niveles que poco tienen que ver con los ingresos habituales en los jóvenes hogares. Se ha observado en Francia que los ingresos de los nuevos adquirentes de vivienda para uso de las mismas están muy por encima de la media de los hogares (M. Mouillart y V. Vaillant, “Un marché plus selectif des particuliers plus endettés”, Banquemagazine, diciembre 2004)
En el caso actual de España, unos niveles de producción de viviendas situados en torno a unas 300.000 al año por encima de las demandas derivadas de la creación de nuevos hogares, no puede por menos de generar consecuencias medioambientales negativas. Lo anterior provoca desviaciones nada deseables del ahorro hacia destinos escasamente generadores de empleos sostenibles, de mejoras de eficiencia y de ganancias de competitividad para la economía española.
La economía española se han instalado en un déficit exterior que se financia mediante aportaciones importantes de ahorro del resto del mundo, que en gran parte se destina a cubrir las necesidades de financiación derivadas de un largo y prolongado proceso de construcción de viviendas. Como sucede en Estados Unidos, la economía española se ha hecho profundamente dependiente del negocio inmobiliario. La recuperación económica posterior a 2001 no habría tenido lugar sin el creciente gasto en vivienda, junto a un aumento del consumo privado apoyado en una financiación hipotecaria facilitada por los más altos precios de las viviendas. (P. Krugman, “That hissing sound”, The New York Times, 8.Agosto.2005).

3. Sugerencias de estadística y de política económica
Los datos anteriores revelan que la producción de viviendas en España puede estar creciendo a ritmos por encima de la demanda, al menos a nivel agregado. Apenas existen, como se ha indicado, estadísticas de ventas y de transacciones de viviendas. De disponerse de este tipo de estadísticas, a nivel nacional y desagregado por autonomías, provincias y ciudades, como sucede en otros países occidentales, es posible que las decisiones de promoción de nuevas viviendas y de compra de tales viviendas, en especial de las realizadas con fines de inversión, se adoptasen con más rigor. El mercado inmobiliario adolece así de una dosis excesiva de opacidad, lo que facilita la creación de desequilibrios duraderos oferta-demanda que no ayudan para nada a la economía española en este momento.
Es evidente el papel decisivo de los gobiernos locales en el estimulo de la nueva oferta de viviendas, ante la relevancia de los ingresos fiscales susceptibles de obtenerse mediante desarrollos inmobiliarios masivos al margen de la demanda de vivienda derivada de la evolución demográfica. Las autonomías podrían corregir en parte dicha deriva, a la vista de las competencias de que disponen en este terreno, sobre todo tras las Sentencias del Tribunal Constitucional decisivamente favorables a sus intereses. No parece seguro que tales administraciones públicas estén desempeñando en este campo un papel racionalizador.
Desde 2004 el gobierno británico ha pasado a incidir en las decisiones locales en materia de gobierno del suelo a través de presencia de representantes de la administración central en los consejos regionales en los que se adoptan las decisiones mas relevantes en materia de urbanismo, compatible todo ello con la “devolución” de competencias a Escocia y con la creación del gobierno regional de Gales.
Si desde el gobierno de la nación se pretende desarrollar estrategias que contribuyan a conseguir los objetivos fijados en la cumbre de Lisboa de 2002 y a mejorar la competitividad de la economía española, la Administración Central no puede estar al margen de lo que está sucediendo con un factor productivo tan decisivo como es el suelo. Si no hay suelo no pueden instalarse bastantes tipos de empresas. El descenso de las ramas agroindustriales en el PIB de España algo tiene que ver con un urbanismo que expulsa actividades productivas en favor de una sobrecalificación de suelo como urbanizable residencial.
Si se invoca al Art. 149.1.13 de la Constitución Española de 1978 en la exposición de motivos del Plan de Viviendas 2005-2008, ¿no podría aprovecharse asimismo dicha norma para que la administración central participase, directa o indirectamente, en el desarrollo de una política de suelo mas proclive a un crecimiento económico mas sostenible y menos dependiente de la construcción residencial que la política que ahora está marcando el destino de las ciudades y hasta de la propia economía española?
[1] Economista y Estadístico

28 julio 2006

Un verano con un septiembre que nos inquieta

Julio Rodríguez López[1]
Se han dejado para septiembre bastantes asuntos de interés en agosto de 2005. La cuestión territorial está muy en el aire, a la vista del contenido que podría llegar a tener el nuevo Estatuto de Cataluña que aprobase el Parlamento de aquella autonomía y que llegaría como proyecto de ley a las Cortes Españolas. Aunque los políticos de Cataluña y de otras latitudes suelen situar al modelo federal para España como objetivo final, la realidad es que lo que puede salir de los “ríos desbordados” de las ambiciones de poder suena mucho mas a confederación inestable y no a algo equivalente a los modelos federales ahora vigentes en países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Suiza y Alemania.
De camino, el debate sobre la reforma del estatuto andaluz de autonomía debería dotarse de más elementos de funcionalidad, con la vista puesta en lograr lo mejor para Andalucía. Entre dichos elementos la cuestión de si Andalucía es o no una nación no parece sea de los temas más prometedores.

El Estatuto de Cataluña, ¿una reforma constitucional implícita?
En materia de financiación, los aspectos básicos de la propuesta de reforma emanada del gobierno tripartito catalán son los relativos a la creación de una Agencia Tributaria propia, que gestionaría e inspeccionaría cuantos tributos se obtengan en Cataluña. La Generalitat catalana tendría competencias sobre todos los tributos y no aportaría el Estado mas del 50% de los impuestos compartidos (IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades, basicamente). Cataluña aportaría el Estado en función del esfuerzo fiscal de las restantes autonomías, esto es, se decidiría desde Cataluña si otras autonomías hacen o no el esfuerzo fiscal adecuado a la hora de decidir cuanto se aporta desde allí al resto de España. El nuevo Estatuto reformaría así de forma fáctica y unilateral el sistema de financiación autonómica ahora vigente en España.
La apelación a los derechos históricos para justificar las competencias exclusivas en dicho Estatuto abre la vía a cualquier tipo de reclamación inviable tras siglos de realidades políticas consolidadas. El blindaje que se pretende de tales competencias exclusivas haría imposible para la administración central desarrollar actuaciones de coordinación previstas en los decretos de traspaso de competencias. Las limitaciones de tales Decretos se han puesto de manifiesto cuando algún titular ministerial ha declarado que poco mas se puede hacer que recomendar a las autonomías que actúen en determinada dirección para evitar ineficiencias, como las que en el verano de 2005 se han puesto de manifiesto en materia de lucha contra incendios y de control sanitario.
Los problemas económicos de Cataluña no son distintos de los del resto de España. Si algo los complica es el mayor peso de la industria en su economía, que es un sector bastante mas susceptible de competencia externa que gran parte de las actividades incluidas en los servicios. La búsqueda de la mayor competitividad por parte de Cataluña no debe llevar a romper de forma unilateral el sistema de financiación. Las empresas deben buscar su propio camino de supervivencia solo con las ayudas públicas justas.
Las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía considerando que el Estatuto que salga del parlamento catalán es un proyecto de ley que debe ser objeto de debate y de posible modificación a su paso por el Congreso de los-Diputados no han podido ser más afortunadas ni más ajustadas al momento. Debe de procurarse que la administración central resultante de dichas reformas estatutarias sea funcional y no un conjunto de recortes competenciales faltos de hilazón, a merced de nuevas acometidas por parte de los nacionalistas mas al borde de la secesión.

Andalucía y su Estatuto
En 2004 el PIB por habitante de Andalucía equivalía al 76,5% de la media de España, según el INE. En términos de Renta Disponible por habitante dicho nivel ascendía hasta el 80,5% de la media nacional. La mejora en cuestión se deriva de la acción de la administración central, a través de las prestaciones sociales y de la fiscalidad directa progresiva. Cuando se pasa desde el PIB hasta la Renta disponible citada, las autonomías de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha , Extremadura y Galicia son objeto de una actuación estatal de mayor alcance relativo que en el caso de Andalucía. La aportación de Madrid al resto de España supera con mucho a la de Cataluña.
Entre 1999 y 2004 el crecimiento medio de la economía andaluza superó ampliamente al de la media de España (3,6% fue el crecimiento medio anual frente al 2,9% de España). Andalucía ha convergido a buen ritmo con la media española, aunque parece más que necesario que su economía dependa menos del subsector inmobiliario. El que en 2004 se iniciasen en Andalucía mas viviendas que en todo el Reino Unido (145.000, frente a una creación neta de 77.000 hogares) y el que de las primeras actualizaciones del Censo de Viviendas se derive que en la presente década el parque de viviendas habrá crecido en Andalucía en mas de un millón (no llegó a 700.000 el aumento registrado entre 1991 y 2001) confirma la necesidad de que el desarrollo andaluz se diversifique y no esté a remolque de unos ayuntamientos empeñados en calificar como de urbanizable residencial cuanto suelo se pone a tiro.
La reforma del estatuto andaluz debe de permitir que Andalucía mantenga en términos relativos su marco competencial respecto del resto de España. También debe de contribuir en su redacción a que se den los pasos necesarios para que la creciente globalización pueda acometerse de frente desde Andalucía, donde muchas de cuyas actividades productivas no tienen porque desaparecer en aras de una modernidad más tendencial que real.

27 julio 2006

2005 y Motril, uno más de los años bárbaros

Julio Rodriguez López[1]

En 2005 Motril superó los 56.000 habitantes, según el Padrón Municipal. Este dato implica un importante ritmo de aumento de la población, superior al de España y al de la provincia granadina. En 2005 Motril apareció como cabecera de una de las 82 áreas establecidas en el “Atlas Estadístico de las Areas Urbanas de España” editado por el Ministerio de Vivienda. En este ejercicio se profundizó la crisis iniciada en años anteriores en el subsector agrícola, mientras que mantuvo un intenso ritmo la construcción de nuevas viviendas destinadas a residencia secundaria o simplemente a inversión. El puerto de Motril aparece como el factor potencialmente más importante para el futuro desarrollo socioeconómico de esta área urbana. La zona empresarial próxima al puerto podría resultar decisiva conforme se vaya reduciendo el ritmo de construcción residencial de los últimos años.

1. Motril, Area Urbana
En un trabajo publicado en 2005 por el Ministerio de Vivienda Motril aparece como la cabecera del territorio que ocupa el puesto 75 entre las 82 áreas urbanas de España. Estas últimas, con mas de 50.000 habitantes cada una de ellas, concentran el 67% de la población nacional. Entre los rasgos mas destacados del Area de Motril destacan, según el citado estudio, la alta densidad de población existente (488,5 habitantes por kilometro cuadrado), el menor nivel de formación de su población respecto de la media nacional (menos titulados superiores y más personas sin estudios) y la alta proporción de la población de Motril que vive en el lugar de nacimiento (62,5%).
La presencia de población trabajadora es sensiblemente superior a la de España y el porcentaje de “pequeña burguesía” es muy inferior en Motril a la media nacional[2]. En el parque de viviendas destaca la alta proporción de las secundarias o de temporada en Motril (30,5% del total), casi el doble que la de España (16%). Los empleos en la agricultura (el 24,3% del empleo total), y en la construcción (15%), tienen una presencia sustancialmente mas elevada en Motril que en España.

2. Una población que crece a fuerte ritmo
Según el Padrón Municipal de Población de 2005 la población motrileña ascendía a 56.605 habitantes al comienzo de este año, un 2,8% mas que en el año precedente. El ritmo de aumento citado superó al de la provincia de Granada, aunque fue menor que el de las vecinas Almuñecar y Salobreña. En el periodo comprendido entre el Censo de Población de 2001 y 2005 el aumento acumulado de población de Motril ha sido del 10,4%. De mantenerse el ritmo de aumento citado, la población motrileña podría alcanzar los 65.000 habitantes en 2011.
Los mayores aumentos de población en España están teniendo lugar sobre todo en las provincias mediterráneas. En 2005 destacaron los aumentos interanuales de población de las provincias de Almería (5,6%), Tarragona y Alicante (4,6% en ambos casos). Existe una visible correlación entre el aumento poblacional y el ritmo de construcción y venta de viviendas, en especial de temporada. Los campos de golf y los puertos deportivos se han convertido en auténticos señuelos comerciales que facilitan la venta de las nuevas viviendas construidas en su entorno inmediato. La escasez de agua se va a compensar en el Mediterráneo español acudiendo a la desalación masiva del agua marina.

3. Crisis de la agricultura, auge del negocio inmobiliario
En los últimos años se están repitiendo en la Costa de Granada los bajos precios de venta de los productos hortofruticolas. Esta evolución ha reducido de forma espectacular la rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Su origen descansa en varios factores, como son la proliferación de invernaderos, la cada vez mayor oferta agrícola que viene del norte de Africa a precios reducidos y el estancamiento de la demanda de consumo de los países de la Unión Europea, cuyas economías han crecido poco en los últimos años.
La difícil situación de la hortofruticultura ha evidenciado las crónicas insuficiencias del sistema de comercialización agrario vigente y el casi nulo papel de las administraciones públicas en el proceso descrito. Se ha comentado antes la trascendencia de la agricultura en el empleo total en el área urbana de Motril. Los puestos de trabajo ligados a dicho subsector se aproximan a los 5.000. De profundizarse aun más la crisis agrícola dichos empleos disminuirán y no podrán absorberse por la construcción residencial de viviendas de temporada.
Las fuertes plusvalías inmobiliarias, obtenidas sobre todo a partir de la recalificación de los terrenos, no favorecen precisamente ni al desarrollo sostenido ni a la creación de nuevos empleos una vez pasada la fase de la construcción. Los grupos empresariales hoteleros más destacados de España han subrayado como la construcción excesiva de viviendas de temporada perjudica al desarrollo turístico. El denominado “turismo residencial” produce muy escasos puestos de trabajo, realidad que en Motril se puede comprobar solo con observar la casi nula animación, fuera de temporada, de las nuevas áreas residenciales. Pero los desarrollos urbanísticos previstos en los sucesivos planes locales de urbanismo no se han diseñado en Motril, ni en casi ninguna ciudad costera, con la vista puesta en el desarrollo económico.

4. El puerto de Motril y el futuro
El futuro parece anticipar una constante reducción de la oferta agrícola y un continuo crecimiento del parque de viviendas secundarias en Motril. Una alta proporción de dichas viviendas servirá como colocación del ahorro familiar y será objeto de una escasa utilización. En el cada vez menor volumen de suelo no previsto como urbanizable residencial se debe de optar por una utilización del mismo que garantice empleos estables y no de los que solo duran el tiempo de la construcción. La superficie de Vega ya destinada a vivienda de temporada es más que suficiente. El urbanismo no debe diseñarse en exclusiva en función de los ingresos fiscales municipales derivados de la construcción de nuevas viviendas. De camino se ayuda con dicha estrategia alternativa a la reducción del déficit comercial de España y a la mejora de su capacidad de competir.
Motril deberá de optar entre el modelo inercial de las ciudades ya colmatadas de residencias secundarias, tan desacreditadas como Torrevieja, a titulo de ejemplo, o entre un modelo que compagine una cuota significativa de suelo agrícola, de hoteles y viviendas secundarias y de suelo destinado a actividades empresariales. En este sentido el polígono próximo al ampliado puerto de Motril, con 780.000 metros cuadrados de extensión, debe de ser un motor de desarrollo sostenido. El futuro de este último depende de la gestión que del mismo va a realizar la autoridad autonómica y también de que desde el gobierno local se potencie y amplie el papel del mismo. Los motrileños del presente y las futuras generaciones necesitan que se reserve suelo para desarrollar actividades productivas y que se valore al mismo como algo escaso y no renovable.
Y de camino, se debe de procurar que Motril sea una ciudad más habitable, más acogedora, mas dotada de actividades culturales y de zonas verdes. El suelo público disponible debe servir para reforzar los equipamientos y no tanto para que sobre el mismo se desarrollen nuevas grandes superficies comerciales. No se trata solo de lograr que se pueda seguir divisando al Cerro de la Virgen desde la playa, se trata también de que el suelo público tenga utilidad para los ciudadanos y que las grandes operaciones ludico-comerciales no tengan que instalarse necesariamente sobre dicho tipo de suelo.

[1] Doctor en CC Económicas. Vocal del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
[2] El Atlas Estadístico citado distingue entre “burguesía”, “pequeña burguesía” y “clase trabajadora”.

26 julio 2006

Los carteles del puerto

Julio Rodriguez López
El número extra de verano del semanario “El Faro” supone una toma anual de contacto con la realidad de Motril. Todos los años destacan en dicho número las buenas fotos que lo acompañan, que ilustran mejor que muchas palabras los cambios que están teniendo lugar en esta ciudad. Se advierte en las mismas el descenso de la superficie destinada a los cultivos agrícolas y se anticipan los cambios que se avecinan en la trama urbana, derivados del cierre de las dos autovías del Estado que confluyen en el término municipal motrileño.
El contexto nacional de España también está registrando cambios cuyas consecuencias será preciso transcurra algún tiempo para advertir su alcance. La economía española mantiene un intenso ritmo de crecimiento, apoyado en el consumo y en la construcción, sobre todo la residencial. El fuerte déficit exterior de dicha economía no está planteando, hasta el momento, problemas de financiación, gracias a la fuerte aportación de ahorro desde el resto del mundo.
En nueve años de auge inmobiliario se han construido más de cinco millones y medio de viviendas en España, casi el doble que lo que ha crecido el número de hogares. Solo Andalucía construye más viviendas que muchas naciones europeas, algunas tan importantes como el Reino Unido. Los españoles han sustituido masivamente ahorro bancario por viviendas, que se adquieren en casi un 40% del total de ventas como forma de colocación del ahorro. La moderada subida de los tipos de interés que está teniendo lugar, junto al intenso volumen de construcción desarrollado, parece anticipar un periodo menos dinámico en la evolución de las compras de viviendas.
Se advierte en los últimos años una tendencia creciente de los municipios a estimular la construcción residencial, en detrimento de otro tipo de desarrollos alternativos. Escasea en general el suelo industrial o destinado a actividades productivas alternativas a la citada construcción de nuevas viviendas. La administración central apenas tiene competencias en materia de urbanismo, quedando así la responsabilidad de las decisiones relativas al destino del suelo en manos de ayuntamientos y autonomías.
Los primeros resultados de dicho proceso no parecen ser brillantes, a la vista de la hipertrofia que está registrando el desarrollo inmobiliario y de las negativas consecuencias ambientales que dicha evolución está provocando. Son elevados los riesgos que conlleva el que tuviese lugar un cambio significativo en la coyuntura inmobiliaria, ante la debilidad del tejido productivo que va a permanecer tras el aluvión de la construcción de nuevas viviendas.

Motril debe ir más allá del ladrillo
En enero de 2005 un cartel colocado a la entrada del puerto motrileño calificaba como de “basurero municipal” la instalación de una determinada fábrica en el área de expansión del puerto, área en cuyo desarrollo está teniendo un papel relevante la Junta de Andalucía. Dicha fábrica podría generar unos cien nuevos puestos de trabajo. En abril de 2006 otro cartel descalificaba el desarrollo empresarial de dicha área con el agresivo rótulo de “Quieren poner un polígono industrial”, cosa que debe ser una especie de desgracia para los autores de dicho comentario.
La trascendencia del contenido de dichos carteles resulta mayor cuando se advierte el amplio eco de los mismos en el discurso político local. La calidad ambiental de cualquier barriada de Motríl es un bien preciado, pero el destacado protagonismo de la oposición vecinal al desarrollo empresarial del área del puerto podría revelar que existen intereses adicionales a los meramente vecinales.
El puerto de Motril se construyó por el Estado en las dos primeras décadas del siglo veinte con el fin de favorecer el desarrollo de toda la provincia de Granada, en la que se recibió con la mayor simpatía la noticia de dicha construcción. Dicho puerto ha sido objeto de una ampliación decisiva en los últimos años. Esta circunstancia puede reforzar su papel en la economía de la provincia y de Andalucía. El área de expansión del puerto desempeñaría un papel relevante en dicha evolución, a la vez que podría contribuir a que en Motril se generase un volumen significativo de nuevos empleos estables. Estos últimos subsistirían cuando amaine el ritmo de construcción de nuevas viviendas en Motril en los próximos años.
Los resultados del último Censo de Población pusieron de manifiesto que los empleos ligados a la agricultura tenían una participación importante en Motril en la fecha de referencia censal (1º de noviembre de 2001). La caída de rentabilidad de la horticultura en los últimos años, derivada sobre todo de la fuerte oferta de dichos productos procedente del norte de Africa, provocará posiblemente la desaparición de numerosas explotaciones agrícolas en la comarca de la Costa, lo que tendrá una influencia negativa sobre el empleo y sobre la economía de Motril, donde no todo el mundo vive de la construcción.
La edificación de nuevas viviendas genera un número importante de empleos. Sin embargo, el ritmo de construcción de los últimos años no va a continuar ni tampoco serán un foco de creación de puestos de trabajo permanentes los “bosques” de viviendas que se están construyendo en las vegas, vieja y nueva, de Motril y los nuevos campos de golf que van a proliferar como reclamos publicitarios de los mismos.
En estas condiciones, el puerto de Motril es el principal activo de futuro de esta ciudad, el mayor foco potencial de esta ciudad en cuanto a creación de actividad y de nuevos empleos. Dicha circunstancia justifica el que deba de compatibilizarse la actividad de tráfico de mercancías de dicho puerto con el uso adicional del mismo derivado de la expansión inmobiliaria residencial que está teniendo lugar en la zona oeste de la antigua vega de Motril. Dichos proyectos inmobiliarios, que coinciden con la oposición al desarrollo económico de Motril apoyado en el puerto, deben de someterse a los intereses generales de esta ciudad y del resto de la provincia, y no anteponerse a los mismos.
El ayuntamiento motrileño debe de priorizar los intereses generales de la ciudad, en el presente y en el futuro, a cualquier interés particular. Tampoco se debe de supeditar el futuro de Motril a los objetivos cortoplacistas de mayor recaudación fiscal que conlleva el crecimiento indiscriminado del ladrillo. Los mayores ingresos de dicho ayuntamiento derivados de la fiscalidad municipal asociada con la construcción residencial (plusvalías de los solares sobre los que se va a construir, tasa de licencia de obras, Impuesto sobre construcciones y obras –ICIO-, plusvalías del suelo derivadas de la venta de las viviendas y, sobre todo, el “sueldo fijo” que supone el Impuesto sobre bienes inmobiliarios -IBI) son importantes. Sin embargo, en la acción política local no deberían predominar los objetivos de corto plazo, ni tampoco un ayuntamiento es una empresa cuya finalidad fuese la de conseguir el máximo posible de ingresos, sacrificando a dicho propósito el futuro de una ciudad.
La defensa de la calidad de vida de los vecinos de la barriada limítrofe con el puerto de Motril puede conseguirse sin frenar el progreso de esta ciudad. Un posible parque empresarial en el área de expansión del puerto es una fuente potencial de creación de actividades empresariales y de empleos y no precisamente un basurero.
A título de ejemplo, resulta muy superior la aportación a Motril de la fábrica de papel, construida en plena vega en los años sesenta del pasado siglo, que lo que cabe esperar en el futuro de las urbanizaciones que están ocupando la vega de Motril, sobre todo cuando haya terminado la construcción de las mismas. De cumplirse lo que se defiende en los carteles colocados a la entrada del puerto, hostiles al desarrollo del mismo y al aprovechamiento pleno de la fuerte inversión realizada por el estado español en la ampliación de dicho puerto, no resultaría para Motril un camino de progreso, sino de decadencia, además de constituir un derroche de dicha inversión.