01 julio 2018

Se aplicarán las propuestas socialistas en materia de vivienda? Julio Rodríguez López


  En el primer semestre de 2018 ha persistido una coyuntura entonada y alcista en el mercado de vivienda. El aumento de precios generado  está acompañado de serios problemas de accesibilidad para amplios estratos de población, en especial para los jóvenes que pretenden disfrutar por primera vez de  una vivienda.

 Con motivo del cambio de gobierno, controlado ahora por el Partido Socialista, ha adquirido un interés mayor el contenido de una  “Proposición de Ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda” que dicho partido presentó en marzo de 2018,  cuando estaba en la oposición. Dicha Proposición no salió adelante por la negativa del Partido Popular. Sin embargo, en la presente circunstancia política, con un gobierno socialista en el poder ejecutivo,  algunos de los elementos recogidos en la proposición citada podrían ser objeto de nueva propuesta.

No existe una estadística oficial de precios de los alquileres, cosa que podría remediarse con  voluntad política. La evolución de los alquileres no ha debido diferir en exceso de la de los precios de las viviendas. En el primer trimestre de 2018 los precios de las viviendas crecieron en un 6,2% sobre el año precedente, mientras que el aumento salarial fue del 0,8% en el mismo periodo de tiempo. Desde que se inició en 2014 la recuperación del mercado de vivienda hasta el primer trimestre de 2018 los precios de las viviendas han  aumentado  en un 20,4%, mientras que los niveles salariales se han reducido en un 7,6%.

Se ha creado un serio problema de accesibilidad a la vivienda, más visible en el mercado de alquileres. A este último acuden numerosos  hogares de nueva creación, a falta de un parque social de viviendas de alquiler  para hogares con ingresos medios y bajos.

De entre las medidas incluidas en la Proposición de Ley citada, algunas son  de rápida posibilidad de implantación. Destacan en primer lugar, las propuestas de modificación de la normativa vigente en materia de alquileres (Ley 4/2013, de 4 de junio, BOE de 5.6.2013).Dichas propuestas incluyen la elevación de la prórroga forzosa de  los contratos de arrendamiento desde  tres a  cinco años, la actualización de los contratos de alquiler con el Índice de Precios de Consumo,  la limitación de las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda.

Si la vivienda cambia de propietario, el inquilino tiene derecho a permanecer en la vivienda al menos los cinco primeros años de alquiler. Se promueve un sistema público de precios de referencia por zonas, para que los propietarios que no  alquilen a precios superiores puedan beneficiarse de ventajas fiscales.

Abundan las medidas de carácter fiscal. Ello obliga a  esperar a los presupuestos de 2019 para su implantación. No se pueden establecer precios del alquiler por barrios si no hay un índice general de precios del alquiler, como es la situación española actual en este terreno.
La  Proposición de Ley pretendía  recuperar la desgravación fiscal a los arrendatarios con base imponible inferior a 20.000 euros anuales, rompiendo el equilibrio fiscal actual entre la propiedad y el alquiler. La Disposición Adicional Primera de la Proposición  preveía realizar en seis meses un Plan de financiación crediticia del parque de vivienda dotacional y social, priorizando la financiación proveniente de entidades financieras  controladas por el Estado.  La duración prevista del Plan sería de unos 4 años, con una financiación anual de 650 millones de euros.

El Plan 2018-21, diseñado por el gobierno del PP y puesto en marcha por el gobierno del PSOE, no alude para nada a las viviendas protegidas. Importa aclarar si el nuevo   gobierno  va a extender  a las viviendas sociales de alquiler previstas en el Plan citado   las ventajas hasta ahora existentes para las viviendas protegidas. En última instancia, se trata, pues, de que el nuevo gobierno  ponga en práctica, aunque solo sea en parte, las medidas de política de vivienda que propuso cuando estaba en la oposición.

Una versión de este artículo se publicó en la revista digital “El Siglo de Europa” de 29 de junio de 2018.



[1] JRL es Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE   y miembro de Economistas frente a la Crisis